Juez que cobraba $600 millones para modificar un proceso perdió beneficio: estas fueron las razones

El 30 de marzo de 2024 se conoció el caso de un juez en Cúcuta especializado en extinción de dominio, que estaba implicando en presuntos casos de corrupción. Se trata de togado Juan Carlos Campo Fernández, que fue señalado de solicitar a un abogado $600 millones para emitir un fallo beneficioso en un proceso judicial.

La Fiscalía General de la Nación alegó que el jurista instruyó al letrado a retirar una apelación previamente interpuesta para, posteriormente, volver a presentar una solicitud de levantamiento de una medida cautelar, momento en el cual, aprovechando su posición, emitiría un fallo a favor del cliente del abogado.

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“Le solicitó al abogado que retirara una apelación presentada y nuevamente radicara la petición de levantamiento de la medida cautelar. En ese momento, él, de acuerdo con sus competencias y acorde a sus funciones, entregaría un fallo en favor del cliente del abogado”, indicó la Fiscalía a través de un comunicado.

El caso de Campo Fernández estuvo envuelto en una polémica debido a que, el primero de abril, el señalado se vio beneficiado con la medida de casa por cárcel por el juez cuarto penal municipal con función de control de garantías de Bucaramanga. Sin embargo, la jueza sexta penal del circuito con función de conocimiento de la mencionada ciudad revocó la decisión y lo envió a prisión, según conoció W Radio.

La decisión de la jueza fue tomada en segunda instancia, luego de la resolución de un recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación y el abogado de las víctimas en el caso, Rodrigo Parada.

El 24 de abril de 2024 se conoció que Fiscalía ejecutó operativos de allanamiento en la casa y oficina del juez Juan Carlos Campo Fernández en Cúcuta. Durante las operaciones, se decomisaron pruebas que incluyen recibos de pago, equipos electrónicos y archivos judiciales que apuntan a posibles malas prácticas en su labor.

Entre los hallazgos se reportó recibos de transacciones monetarias por un valor de $17 millones e información de 42 casos judiciales de dudosa justificación, reveló W Radio.

Es de recordar que, al momento de su captura, Campo Fernández fue encontrado con $50 millones, que se presume hacían parte del monto presuntamente demandado al abogado sobornado.

La Fiscalía enfatizó en que el juez buscó alterar los resultados de un proceso judicial a través de acuerdos ilegales, en lo que tiene qué ver con interacciones tanto telefónicas como presenciales con el abogado y una persona relacionada con casos de extinción de dominio.

“La investigación evidenció que el procesado, al parecer, sostuvo varias conversaciones telefónicas, y al menos dos reuniones presenciales con un abogado, y una con un ciudadano contra quien se adelanta un proceso de extinción del derecho de dominio”, dijo la Fiscalía por medio de un comunicado.

El lunes 22 de abril, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, incluyendo un detallado capítulo sobre Colombia, en el período de 2023.

El documento reveló que persisten las preocupaciones en varios frentes, pero hace especial énfasis en la incidencia de secuestros por partes de organizaciones criminales, incluidas las disidencias de las Farc, el ELN y otros grupos armados organizados.

En el reporte se detalló que, en lo corrido de los primeros seis meses de 2023, según cifras del Ministerio de Defensa de Colombia, se registraron 3.875 secuestros. De estos, 15 fueron atribuidos a disidencias de las Farc y 13 al ELN, mientras que el resto implicó a otros grupos armados organizados y bandas criminales.

En cuanto a la corrupción, el informe destaca que aunque el Gobierno colombiano ha implementado leyes anticorrupción de manera efectiva, aún hay casos de prácticas corruptas que acaban impunes.

“Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año, particularmente a nivel local y en relación con la implementación de los fondos del acuerdo de paz. Había corrupción dentro del sistema de justicia. Los ingresos procedentes de la delincuencia organizada transnacional, incluidos el tráfico de drogas y la minería ilegal de oro, exacerbaron la corrupción”, expuso el documento.