Más plazo desde la JEP para que exFarc informen si aceptan cargos por crímenes en el departamento de Cauca

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha decidido extender hasta el 20 de febrero del próximo año el plazo para que los comparecientes de las extintas Farc imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad en Cauca y Valle del Cauca confirmen si aceptarán o no los cargos formulados por la magistratura.

Esta extensión fue solicitada por la defensa de los exguerrilleros, argumentando dificultades para reunirse con los imputados debido a restricciones de agenda, problemas de orden público y la sobrecarga laboral vinculada a otras decisiones en distintos macrocasos.

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Además de la defensa y los comparecientes, representantes de las víctimas también pidieron una prórroga del plazo para presentar sus observaciones.

El magistrado Raúl Sánchez Sánchez, relator del caso, respaldó la solicitud de extensión señalando que “el derecho a la defensa incluye una serie de garantías específicas que deben salvaguardarse: el derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete, el derecho a ser informado de las acusaciones, la concesión del tiempo y los medios para la protección de la defensa”, entre otros argumentos.

Se solicitó, además, a la secretaría ejecutiva de la JEP renovar el contrato de los abogados defensores a partir del 1 de diciembre, dado que la no concreción de esta renovación podría retrasar el avance del caso.

En paralelo, se proporcionará a los comparecientes y sus abogados un listado con las identidades de las personas desaparecidas cuyos casos están registrados en el expediente del macrocaso, con el objetivo de obtener información que contribuya a su localización

La Jurisdicción Especial para la Paz (PAZ) presentó un nuevo avance en la investigación que adelanta por ejecuciones extrajudiciales en Colombia, mal llamados falsos positivos. Acusó formalmente al coronel en retiro Juan Carlos Figueroa Suárez por 38 casos registrados entre 2004 y 2005, cuando dirigía el Batallón de Artillería No. 2 La Popa, ubicado en Valledupar (Cesar).

De acuerdo con el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (Fiscalía de la Jurisdicción), Giovanni Álvarez Santoyo, los 38 asesinatos ocurrieron en 24 hechos delictivos. Entre ellos, once personas fueron desaparecidas y nueve, torturadas. “La gran mayoría de las víctimas fueron civiles indefensos. Varias de ellas eran personas en condición de vulnerabilidad y debo señalar, además, que uno de ellos presentaba una discapacidad mental”, explicó el director.

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Asimismo, reveló que los miembros del Batallón La Popa traspasaron su jurisdicción y asesinaron a personas de otros departamentos de la costa atlántica. Adicionalmente, el director informó que una de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales fue una menor de edad indígena.

Desde el punto de vista de Álvarez, los uniformados “se salieron del cumplimiento de su deber, que es el que le corresponde a la fuerza pública”, por lo que afirmó que la JEP continuará investigando los hechos de manera seria y rigurosa, en aras de revelar la verdad a toda la comunidad nacional.

En ese sentido, explicó que el coronel Figueroa será llamado a juicio como responsable por mando, es decir, por haber permitido que algunos integrantes del Batallón de Artillería La Popa que comandó cometieran actos criminales contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el Cesar y en otros departamentos del país.

Precisó que el coronel no irá a juicio por ordenar la ejecución de estas conductas, sino únicamente por tener pleno conocimiento de los hechos delictivos que sus subordinados estaban cometiendo y no hacer nada al respecto. “No tomó las medidas que debió haber tomado para evitar que eso ocurriera, ni tampoco sancionó a los miembros del Batallón La Popa, que incurrieron en esto”, sostuvo.

A esto se suma que la tropa que estaba bajo su mando tuvo contacto con grupos paramilitares. No obstante, por este hecho particular, del cual hay evidencias, el coronel en retiro no comparecerá. Explicó, además, que no han hallado elementos de juicios suficientes por los que se justificara compulsar copias contra miembros de la Justicia Penal Militar, la Procuraduría General de la Nación o de la Rama Judicial.