El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, exigió este miércoles al régimen de Venezuela que respete a las instituciones españolas, al ser preguntado por el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional venezolana para exhortar a España a abolir la monarquía.
“Nosotros siempre cuando nos dirigimos a otros países, y hablamos de las instituciones de otros países, lo hacemos con respeto y exigimos el mismo respeto para todas nuestras instituciones por parte del resto de la comunidad internacional”, respondió Albares en una rueda de prensa en Madrid.
El parlamento venezolano aprobó este martes un acuerdo político en el que exhorta al Gobierno de España a abolir la monarquía, al considerarla una institución vinculada a la “corrupción” y “una expresión de la ultraderecha”, como respuesta a la decisión del Congreso español de reconocer al antichavista Edmundo González como presidente electo.
El presidente de la Asamblea venezolana, Jorge Rodríguez, planteó la idea de “proponerle al Gobierno de España que sea abolida la monarquía de los Borbones, que no ha servido para otra cosa que no sea para la corrupción, para el desmadre, para la expresión de la ultraderecha”, y declaró luego aprobado el punto ante la visible mayoría de manos levantadas en el pleno.
En tanto, el Parlamento de Venezuela aprobó este martes el proyecto por medio del cual insta al régimen de Nicolás Maduro a romper relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con España, en respuesta a la proposición por medio de la cual el Congreso español reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo.
El documento, que consiguió luz verde en las últimas horas, pide al Palacio de Miraflores evaluar “en un tiempo perentorio, la ruptura de relaciones” con el Reino de España, así como tomar una “acción recíproca por la grosera e injerencista proposición adoptada en el Congreso de los Diputados” europeo en contra de “la institucionalidad venezolana”.
Asimismo, insiste en su rechazo “categórico” a la “nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Congreso” español, a la que llama a respetar “la decisión del pueblo venezolano, que eligió soberanamente a (...) Nicolás Maduro como presidente reelecto”.
La idea está impulsada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, y surgió el mismo 11 de septiembre, apenas horas después de conocerse la postura adoptada por los legisladores en España.
Entonces, Rodríguez había pedido a las comisiones pertinentes del Legislativo venezolano que se reunieran “de inmediato” y “que la plenaria apruebe de manera preventiva, instando al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares” ante lo que consideró “el atropello más brutal contra Venezuela desde los tiempos en que luchamos por nuestra independencia”.
“Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del Gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules. Y nos traemos a los nuestros de allá (...) Que cesen los vuelos de España hacia y desde Venezuela en líneas aéreas españolas. Que cesen. Y que todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato”, solicitó.
Una semana más tarde, el Parlamento -siguiendo las órdenes del chavista- presentó el proyecto de acuerdo ayer aprobado, en el que acusa a la “derecha fascista” de “pretender desconocer la institucionalidad democrática” en Venezuela, así como “la voluntad soberana de todo un pueblo” e, inclusive, carga contra el país por refugiar “a criminales, fascistas y terroristas convictos y confesos, quienes conjuntamente con la derecha venezolana han promovido golpes de Estado fallidos y la explosión de violencia para generar desestabilización política y social”.
Cabe recordar que el propio González Urrutia se vio obligado a solicitar asilo político en el país hace exactamente un mes -el 8 de septiembre- debido a la persecución desmedida del régimen en Caracas, acusado de cometer fraude en los pasados comicios.
(Con información de agencias)