El dirigente antichavista Leocenis García cumplió este miércoles 15 días detenido e incomunicado en Venezuela, donde fue capturado por la Policía en el contexto de la crisis poselectoral que vive el país, según denunció su hija, Laura García.
En un video compartido en Instagram, la joven explicó que las últimas dos semanas han estado llenas de “incertidumbre y frustración” debido a esta incomunicación con su padre, líder del partido Prociudadanos, quien está recluido -aseguró- en la cárcel de El Rodeo, ubicada a las afueras de Caracas.
“No sé cómo está mi papá, no lo he visto, no sé cómo está su salud, no sé nada de él”, dice García en el video, en el que reitera que su padre es víctima de una “detención arbitraria”, sin explicar de qué lo acusa la Justicia.
Recordó además que el político, de 42 años de edad, ha estado preso en varias ocasiones y que en dos de ellas hizo huelgas de hambre que le dejaron “consecuencias” en su salud, por lo que debe tomar medicación diaria, algo que no sabe si se le ha garantizado desde que fue arrestado.
“Exijo ver a mi papá, exijo su libertad”, insistió.
García, quien recibió en enero una habilitación política por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mostró intenciones de competir en las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador, lo que ha sido cuestionado dentro y fuera del país.
En un video publicado días después de los comicios, Leocenis García dijo que la Constitución había sido “ultrajada” por el régimen, al que criticó por reprimir algunas protestas contra el resultado electoral, y tildó la de fraude controvertida reelección de Maduro.
En Venezuela se registraron 134 ataques e incidentes de seguridad contra organizaciones y defensores de derechos humanos en el mes de agosto, 78 casos más que en julio, cuando se documentaron 56, de acuerdo a un informe difundido este miércoles por la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
“En el contexto postelectoral se profundizó la política de criminalización, represión y control social que afecta las acciones de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos, aumentando las agresiones y el amedrentamiento en contra de quienes las realizan”, indicó la ONG en su más reciente boletín.
Del total de casos, 56 fueron de intimidación y hostigamiento, 47 de estigmatización, 19 amenazas, 5 detenciones arbitrarias, 4 de judicialización y 3 en la categoría de “otros”, que no fueron precisados.
Detalló que el 72% de los casos registrados fueron ejecutados contra organizaciones no gubernamentales, mientras el restante 28% estuvo dirigido a personas.
La ONG denunció que, En el contexto postelectoral, se profundizó la política de criminalización, represión y control social
Los principales responsables, prosiguió la ONG, fueron medios de comunicación “gubernamentales” (36%), seguido de funcionarios públicos (30%), instituciones públicas (21%), actores afines al Gobierno (7%) y organismos de seguridad (6%).
El CDJ indicó que estos hechos van acompañados de campañas sistemáticas de estigmatización, donde “personas y organizaciones son descalificadas y señaladas de enemigas, terroristas, desestabilizadoras, entre otros”.
“Asimismo, preocupa la descalificación, amenazas e intimidación generalizada en contra del trabajo de las organizaciones de derechos humanos en el país, enmarcadas en la aprobación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines”, añadió.
(Con información de EFE)