Se complica la situación del joven acusado de contagiar de coronavirus a su abuelo que murió: lo embargaron por $50 millones y quedó cerca del juicio

La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento y embargo por 50 millones de pesos para Eric Torales, el joven que, en marzo pasado –cuando aún no había transmisión comunitaria de COVID-19 en Argentina y sólo se registraban un puñado de casos importados–, fue a la fiesta de 15 de su prima en la localidad bonaerense de Moreno tras regresar de un viaje a Estados Unidos y contagió coronavirus a varios invitados, entre ellos a su abuelo, que finalmente falleció.

Torales, tras una acusación del fiscal Santiago Marquevich y el juez Néstor Barral, quedó así en camino a ser enviado a juicio oral acusado del delito de “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa de modo culposo, agravado por el resultado de enfermedad y muerte”, según el fallo del Tribunal de Apelaciones que lleva la firma de los jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán y al que tuvo acceso Infobae.

El joven, un empleado bancario de 24 años, regresó el 13 de marzo pasado de un viaje de poco más de 15 días a Miami. Antes de bajarse del avión completó la declaración jurada que debían llenar todas las personas que provinieran de un país en situación de riesgo de acuerdo a la disposición del DNU 260/2020, vigente desde el día anterior, que en su artículo 7 establecía que las personas en esa situación debían permanecer obligatoriamente aisladas por 14 días.

Al otro día, sin embargo, Torales asistió al salón “Alma de Hornero”, ubicado en el partido de Moreno, donde su prima festejaba sus 15 años junto a aproximadamente 100 personas entre las que se encontraban familiares, amigos y empleados del lugar. Trece de ellos declararon ante la Justicia, en una causa investigada por Marquevich y Barral, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Morón, y algunos de ellos aseguraron haberlo visto bailar e interactuando con otros. Otros aclararon que el joven “no saludaba” y tomaba distancia.

El 16 de marzo por la tarde el acusado ingresó a la Clínica Adventista de Belgrano con fiebre alta y tos seca, síntomas compatibles con coronavirus. Dos semanas después, el 1º de abril, su abuelo Luis María Suárez, de 78 años, murió a causa de una falla multiorgánica con diagnóstico de coronavirus. También se infectaron el disc jockey, la cumpleañera y hasta la madre de Torales.

A principios de mayo, el juez Barral lo procesó con la calificación penal que se sostiene hasta el día de hoy en lugar de homicidio culposo, como había sido acusado en un principio, y dispuso que quedara en libertad. A través de este nuevo fallo, la Justicia confirmó ahora su procesamiento.

En el escrito al que accedió este medio, los camaristas remarcaron que Torales tuvo una actitud “imprudente y negligente” al violar la disposición que regía en ese momento de “aislamiento obligatorio” dispuesta por el Poder Ejecutivo a través del Decreto 260/2020 para “evitar la introducción y/o propagación de la pandemia Covid 19”. Torales había vuelto de vacaciones desde Estados Unidos, que estaba consignado como país de riesgo y “estaba comprendido dentro de esa prohibición”, según remarcó la Cámara.

“Ha de tenerse en cuenta que en el momento en que ocurrió el hecho imputado, las medidas y esfuerzos gubernamentales estaban centrados en mitigar la propagación e impacto sanitario del virus -que ya estaba disperso en otras regiones de varios continentes-, de allí las disposiciones restrictivas en relación con quienes ingresaban al país”, recordaron los jueces.

La defensa del joven argumentó que desconocía por completo ser portador del virus, que no tenía síntomas y aludió a la “posibilidad de que hubiera otros focos de contagio en el mismo evento”, algo que la Cámara descartó. Los magistrados destacaron que no afecta la calificación en esta instancia del proceso el hecho de que Torales “no haya imaginado que podía ser portador del virus” y remarcaron que lo que se le atribuye es “la decisión de desoír esa prohibición preventiva y por su actitud imprudente y negligente, generar las circunstancias adecuadas para poner en riesgo la salud pública”.

El riesgo, consideraron, “era conocido por el imputado, no sólo por la difusión pública de la situación a nivel mundial, sino porque también implicaba un protocolo distinto al momento de su arribo al país”, que incluyó completar una declaración jurada en el aeropuerto de Ezeiza. Así, los jueces Salas, Fernández y Morán confirmaron el procesamiento y el embargo, fijado para cumplir con eventuales demandas civiles que puedan presentar asistentes al evento.

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