Jujuy: condenaron a 20 años de cárcel a dos presos que asesinaron a otro e intentaron simular un suicidio

El hecho ocurrió en diciembre de 2016 en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de San Salvador de Jujuy. Fue un ajuste de cuentas por otro homicidio ligado al narcomenudeo

La Unidad Penitenciaria Nº 1 de Jujuy
La Unidad Penitenciaria Nº 1 de Jujuy

Cumpliendo la rutina habitual, la mañana del 6 de diciembre de 2016 los presos de la Unidad Penitenciaria Nº 1 de San Salvador de Jujuy salieron al patio para distenderse al sol. Nelson Mariano Cardozo, alías Pochi, de 21 años, prefirió quedarse en su celda, la número 45 del pabellón 3. Al rato, uno de los detenidos que pasó ese lugar notó que la reja estaba abierta. Le llamó la atención porque las puertas siempre quedan cerradas cuando los reclusos van al patio. Entonces se asomó y se encontró con una escena inesperada: Cardozo estaba muerto, colgado desde la reja de la ventana con una sábana que cubría su cuello.

El hecho desató la furia de los demás presos, que iniciaron un motín en reclamo del esclarecimiento de la muerte y también de mejoras en las condiciones de encierro y en los tratos a los familiares y amigos que acuden a visitarlos. Los incidentes se extendieron por algunas horas hasta que los guardiacárceles y efectivos de la infantería de la policía lograron calmar la situación. Como consecuencia unos 40 internos resultaron heridos y debieron ser asistidos.

La sentencia se dictó el miércoles pasado
La sentencia se dictó el miércoles pasado

En las 48 horas siguientes quedó descartada la hipótesis de suicidio. La autopsia al cuerpo de Cardozo reveló que el joven había perdido la vida producto de golpes recibidos principalmente en el tórax y en la cabeza. También estableció que las marcas que tenía en el cuello habían sido realizadas post mortem. El fiscal del caso, Diego Cussel, de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Graves Contra las Personas, no tuvo dudas de que se intentó de ese modo simular las huellas que hubiera dejado el ahorcamiento con la sábana.

Tras casi cuatro de años de investigación, la Justicia determinó a los culpables del homicidio. El miércoles pasado el Tribunal en lo Criminal 2 de Jujuy condenó a los hermanos Armando Brizuela y Jorge Brizuela, acusados de ser coautores penalmente responsables del delito de “homicidio simple”. Ambos recibieron 20 años de prisión. Ya estaban bajo arresto por una serie de delitos de robo en poblado y en banda.

Durante la audiencia, el tribunal integrado por los jueces Claudia Cecilia Sadir, Luis Ernesto Kamada y María Laura Flores, también resolvió absolver a diez agentes penitenciarios que se encontraban de turno al momento del crimen y que habían llegado a juicio oral como autores del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Del resto de los implicados, siete no fueron acusados por la fiscalía, mientras que los otros tres fueron absueltos por el beneficio de la duda.

Cardozo era sobrino de Alberto “Beto” Cardozo, un dirigente de organización social “Tekuré” vinculada a la Tupac Amaru que al momento del asesinato también estaba detenido -con prisión preventiva por un caso intento de homicidio- en el mismo penal. En un principio se sospechó que el ataque de los hermanos Brizuela pudiera estar relacionado a su parentesco con su tío.

Pero con el correr de la investigación, la línea comenzó a apuntar a un ajuste de cuentas, a una interna entre presos para “saldar deudas por el homicidio por el que estaba detenido” Cardozo.

El joven asesinado estaba bajo arresto desde enero de 2015. Se entregó a la Justicia después de estar varios días prófugo por el crimen de Sergio “Gitano” González, ocurrido el 25 de diciembre de 2014. Según la acusación en su contra, ese día Cardozo y otras seis personas irrumpieron en la casa de González, en el barrio San Francisco de Alava de la capital jujeña, y lo golpearon y le asestaron 17 puñaladas.

Cardozo fue imputado por homicidio calificado por alevosía y agravado por el número de personas pero nunca llegó a ser enjuiciado. La causa por el asesinato de González concluyó en 2017 con la condena a seis años de prisión a solo uno de los siete agresores. El móvil del crimen, se supo luego, era conseguir el dominio territorial del narcomenudeo en San Francisco de Alava.

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