Ocho imputados, entre ellos la mujer y la abogada de un preso, serán juzgados por el ataque a la comisaría de la localidad bonaerense de San Justo en el que hace dos años quisieron liberar a un detenido, se tirotearon con cuatro policías y dejaron parapléjica a una de las oficiales.
Si bien el inicio del debate estaba fijado para ayer, las audiencias se pospusieron y comenzarán ni bien se reanude la actividad judicial cuando se levante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus indicaron fuentes judiciales a la agencia de noticias Telam.
El sitio donde se realizará el juicio aún no está definido ya que el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de La Matanza, a cargo del debate, quiere extremar las medidas de seguridad por la peligrosidad de la banda.
Dicho tribunal estará integrado por los jueces Franco Fiumara, Pablo Gayol y Nicolás Grappasonno; y la acusación quedará en manos del fiscal Ariel Speranza Rossi, de la Unidad Funcional de Instrucción 8 de ese departamento judicial.
Dos de los principales acusados son Leandro David Aranda, el preso al que intentaron rescatar; y su esposa Zahira Ludmila Bustamante, ambos señalados como organizadores del golpe. El primero, estaba preso desde 2017 como acusado de haber cometido un crimen narco en una villa de La Matanza.
Por su parte, la por entonces abogada de Aranda, Leticia Analía Tortosa; irá a juicio acusada de haber aprovechado una de sus visitas a la comisaría para entregarle a su defendido el teléfono con el que, unos días antes y desde el calabozo, se comunicó con la banda para planificar el hecho.
Los otros cinco acusados son Tomas Sosa, Daniel Alberto Rodríguez, Sebastián Ariel Rodríguez, el mecánico Gonzalo Fabián D’Angelo y Bruno Damián Postigo Marullo, quien es primo de Bustamante, negó haber estado en el hecho y sólo reconoció que a su nombre estaba uno de los autos usados en el ataque, y que luego fue denunciado falsamente como robado.
Los delitos por los que serán juzgados son varios: cuatro “tentativas de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas ‘criminis causae’ contra un miembro de la seguridad pública y por haber sido cometido mediante el empleo de arma fuego, portación ilegal de arma de guerra y evasión en grado de tentativa”.
Además, la causa tenía un noveno detenido, Tomás Villamil, quien se suicidó ahorcándose en el penal de San Nicolás, luego de que la Justicia le dictó la prisión preventiva en este expediente.
Según el requerimiento de elevación a juicio de la fiscal Alejandra Núñez, el hecho ocurrió a las 5.05 del 30 de abril de 2018, en la comisaría Distrital Noroeste 1ra. San Justo, ubicada en la calle Villegas 2459.
Para los acusadores, hasta allí llegaron en varios vehículos y “con una clara división de roles y funciones”, los imputados Bustamante, su primo Postigo Marullo, D’Angelo, los dos Rodríguez, Sosa y el ya fallecido Villamil, con el plan de rescatar a Aranda de uno de los cuatro calabozos de la seccional, donde esa madrugada había un total de 43 detenidos.
La fiscal describió que para ello contaron con “por lo menos dos armas de fuego” y vestimenta similar a la de las fuerzas de seguridad y que mientras algunos se quedaron afuera resguardando la zona, otros ingresaron a la seccional y dispararon con sus armas de fuego contra el personal policial que se encontraba en la guardia “con el claro propósito de causar la muerte de los mismos”.
Los cuatro policías atacados fueron los oficiales subinspectores Diego Méndez, Javier Pérez, Adrián Barreto y la sargento Alejandra Rocio Villareal, quien resultó la única en ser alcanzada por al menos dos disparos que le provocaron lesiones “gravísimas”.
Las balas afectaron su pulmón derecho, un riñón, el hígado, el diafragma y le provocaron una lesión medular en la vértebra 12 que la dejó parapléjica en forma “permanente y definitiva”.
La reacción de los policías, que lograron repeler con sus armas la agresión, hizo que la banda abortara el golpe y huyera del lugar sin poder llegar al sector de los calabozos.
Durante la investigación posterior se incorporaron a la causa los videos de las cámaras de la comisaría que captaron la entrada, el ataque y la fuga de los delincuentes.
También son parte de la prueba los videos que grabaron el momento en el que, seis días antes del hecho, la abogada Tortosa visitó a Aranda y, en forma disimulada, le entregó a su cliente el celular con el que organizó el ataque, algo que ella negó en su indagatoria.
Ese teléfono que tenía Aranda en el calabozo pudo ser secuestrado, al igual que el de su mujer, Bustamante, y con ellos los investigadores pudieron extraer decenas de mensajes de texto y de audio que la banda intercambió antes, durante y después del ataque, que serán una evidencia importante durante el debate.
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