Desarticularon una banda "transnacional" que evadió USD 23 millones con maniobras contables

Una banda "transnacional" que operaba en el sector pesquero fue desarticulada por los delitos contrabando, evasión tributaria y lavado de activos. Por esas operaciones, la organización generó un perjuicio al fisco cercano a los USD 23 millones.

Tras varios allanamientos simultáneos, una acción conjunta ordenada por el Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata junto a la AFIP secuestró una importante cantidad de elementos documentales de esta banda de origen extranjero.

Entre el material incautaron billetes de diversos países, teléfonos celulares, tablets, pendrives, CPUs, notebooks, memorias SD, CD'S y una gran cantidad de pasaportes y tarjetas de débito pertenecientes a ciudadanos chinos.

La banda, constituida por al menos seis empresas con estrechos vínculos entre sí, cuenta con las características típicas de una asociación ilícita fiscal, de la que formaban parte profesionales contables para el diseño de las maniobras delictivas.

Las maniobras constituían un complejo entramado societario transnacional, que incluyó operaciones sobrefacturadas entre las empresas para abultar costos y operaciones subfacturadas en comercio exterior; es decir, exportaciones.

De esta forma, evadían impuestos por sumas millonarias que luego debían reintroducir en el circuito de la economía formal mediante el lavado de activos. El dinero ingresaba en forma de pasivos simulados, transferencias bancarias e inyecciones de capitales extranjeros.

A través de la exportación de pescados y mariscos, en forma triangulada con dos empresas sin sustancia económica ubicadas en Uruguay, se otorgaba carácter ficticio y subvalorado al circuito documental de la operatoria. Así destinaban las mercancías a terceros países, entre ellos China y Brasil, que las recibían refacturadas a precios de mercado, según informó a través de un comunicado la agencia tributaria.

La maniobra generó una pérdida al fisco en la recaudación de tributos impositivos y aduaneros por una suma cercana a los USD 23 millones.

Con participación de la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General Impositiva (DGI), los procedimientos implicaron el allanamiento de 14 domicilios como establecimientos industriales, viviendas particulares y dos estudios contables.

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