La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal condenó a Gerardo Fabián Fernández como coautor penalmente responsable de los delitos de secuestro extorsivo doblemente agravado por haberse causado intencionalmente la muerte de la víctima y por el uso de armas de fuego, a la pena de prisión perpetua.

De esta forma, la Sala IV integrada por los doctores Gustavo Hornos (como presidente), Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani (como Vocales), confirmó por unanimidad la sentencia y rechazó la inconstitucionalidad de la condena a prisión perpetua.

La resolución fue en base a un caso en el que el tribunal pudo probar que Fernández junto con otros cómplices, arribaron a la casa de la víctima, vestidos con gorra, chalecos antibalas y portando pistolas, redujeron a las personas que se encontraban en el domicilio y exigieron que se les entregue dinero y drogas.

Después del robo, sacaron a una de las víctimas de su casa, lo subieron a un auto y lo obligaron a realizar varias llamadas exigiendo dinero por su rescate. Finalmente, lo ataron con alambres, le dispararon y le generaron una herida en la arteria femoral derecha que le provocó la muerte. Luego, lo tiraron desde un puente.

En su voto el juez Hornos resaltó la importancia del análisis de la prueba referida a las antenas que se activaron por el uso del celular del imputado durante el hecho, lo que permitió situar a Fernández en el lugar del delito. Además, resaltó la importancia de esa prueba recolectada y recordó el caso del homicidio de Gonzalo Acro por parte de los hermanos Schlenker.

También destacó la rápida actuación de los investigadores debido a que pudieron encontrar en la casa de la víctima una huella que pertenecía a Fernández y que permitió confirmar su identidad.

En lo que respecta al rechazo a la inconstritucionalidad de la cadena perpetua, Hornos sostuvo que "más allá de las autorizadas críticas que se le efectúan a la pena de prisión perpetua desde el punto de vista criminológico en orden a su conveniencia o eficacia -ámbito que hace a la exclusiva competencia del Legislador y no a la de los jueces-, ella es uno de los tantos instrumentos elegidos por aquel órgano para lograr el cumplimiento de las máximas constitucionales que limitan los derechos de cada hombre por los de los demás, por la seguridad de todos, y por el bienestar general".