Marcelo Balcedo y Paola Fiege (Gentileza: El País)
Marcelo Balcedo y Paola Fiege (Gentileza: El País)

La defensa de Paola Fiege, esposa del sindicalista detenido por lavado de dinero Marcelo Balcedo, pidió su inmediata excarcelación. Según el escrito presentado por su abogado, Jorge Monastersky, Fiege se encuentra privada de su libertad hace once meses, lapso en el cual todavía no se le tomó declaración indagatoria.

En ese sentido, el letrado defensor argumentó que esta situación "afecta su derecho de defensa". "La detención de Fiege no se ajusta a la existencia de riesgos procesales, ni de fuga ni de entorpecimiento de la investigación; todo lo cual impone su liberación inmediata", expuso el abogado.

El ex titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) Marcelo Balcedo podría ser condenado a 11 años de prisión. Eso es lo que pidió el fiscal del departamento uruguayo Maldonado, Alejandro Machado, por los delitos de lavado de activos, contrabando y tráfico de armas.

Al tiempo que su mujer cumple una prisión domiciliaria en su mansión El Gran Chaparral, cerca de Piriápolis. El fiscal Machado pidió para ella una pena de 10 años. No obstante, la mujer no se encuentra detenida por este proceso en Uruguay, sino a pedido del juez argentino Ernesto Kreplak, que la investiga por asociación ilícita y lavado de dinero.

Pero -siempre según su abogado defensor- este no le ha hecho saber "acabadamente" los hechos endilgados ni la prueba en su contra.

"(Paola Fiege) está en un limbo jurídico, detenida en otro país, pero a disposición de un Juez Federal Argentino, en cual no podrá intervenir hasta tanto no concluya aquella causa en el país vecino, el cual no la detiene por inexistencia de riesgos procesales", resume el escrito que pide su excarcelación.

Por otro lado, la defensa ya recusó en dos oportunidades al juez Ernesto Kreplak por "tendenciosidad, manifiesta enemistad y absoluta parcialidad como juzgador". El primero de estos recursos fue rechazado in limine.

Jorge Monastersky reclama que el magistrado no le permite tener acceso al expediente ni obtener copias, con el argumento de que primero necesita certificar la firma de la imputada.