El predio de Tandanor , en una de las zonas más caras de la ciudad (Nicolás Stulberg)
El predio de Tandanor , en una de las zonas más caras de la ciudad (Nicolás Stulberg)

Es, hasta ahora, el mayor decomiso en un caso de corrupción. Se trata de un predio ubicado en el barrio de Retiro sobre el Río de la Plata. Su valor es de entre 40 y 50 millones de dólares pero en un negocio inmobiliario podría llegar a los 500 millones. Un tribunal oral ordenó que vuelva al Estado luego de condenar a un ex funcionarios y privados por la fraudulenta privatización del predio que se hizo al inicio del gobierno de Carlos Menem.

Pero después de 28 años de ocurrido el hecho y a  19 de iniciada la causa judicial, todo pudo haber quedado en la nada. Esta es la historia de una privatización amañada para los negocios y de un expediente judicial que transitó en lentitud.

Menem había llegado al gobierno a mediados de 1989 y puso en marcha un plan de privatizaciones de empresas del Estado. La primera fue la de Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), en 1990. Tandanor era uno de los astilleros más importantes de la región por el que pasaron todos los buques del país para su reparación –entre ellos en 2006 el submarino desaparecido ARA San Juan–y una de las pocas empresas públicas que no dada perdida.

Está ubicado en ocho hectáreas en el barrio de Retiro sobre el Río de la Plata, una de las mejores zonas de la ciudad. Y está dividido en dos plantas. Se privatizó el 90% de la compañía, que quedó en manos de un consorcio de empresas: CIAMAR, de capitales argentinos que tuvo el 92% de las acciones; el Banco Holandés Unido; y la francesa Sud Marine Enterprises.

Las compañías debían pagar 8 millones de dólares en efectivo y 160 millones en títulos del Estado. Pero a partir de allí comenzaron las irregularidades que corrieron el velo de la verdadera intención. Menem dictó un decreto en el que cambió el valor. Las compañías pasaron a pagar 7.200.000 dólares en efectivo y otros 52.560.000 financiados a nueve años con tres de gracia.

Carlos Menem, el ex presidente que privatizó Tandanor (NA)
Carlos Menem, el ex presidente que privatizó Tandanor (NA)

Pero nunca se abonó la totalidad. CIAMAR solo pagó los primeros 7 millones de dólares y después el 2,9% de los restantes 52 millones.

Apenas 20 días después de que CIAMAR obtuvo Tandanor movió las piezas. Le vendió una de las plantas del predio a la empresa "Puerto Retiro" que pidió la rezonificación del lugar para que allí se puedan construir viviendas. Iba a ser un nuevo Puerto Madero. CIAMAR y Puerto Retiro tenían algo en común: compartían los mismos directivos. Los peritos oficiales de la causa no pudieron determinar que los 18 millones de dólares de la venta se hayan pagado.

El Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires autorizó la construcción pero el entonces intendente, Saúl Bouer, lo vetó.

El caso se judicializó y una medida cautelar frenó todo: el predio no se podía tocar. La intención fue hacer una denuncia penal para que se investiguen las irregularidades que a esa altura ya se hacían evidentes. Pero apareció otro obstáculo. El pliego de la privatización establecía que la denuncia se podía presentar cuando se pague la última cuota. Lo usual es que la vía legal quede habilitada ante el primer incumplimiento. Además, en este caso CIAMAR no pagaba.

A pesar de eso en 1999 el intendente Jorge Domínguez hizo la denuncia penal. El caso quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli. Y se inició una investigación. Fueron procesados los funcionarios a cargo de la privatización y los directivos de las empresas. Los funcionarios de mayor rango investigados fueron Erman González y Oscar Camilión, ambos ministros de Defensa, área de la que dependía Tandanor. González estaba procesado y Camilión citado a indagatoria. Pero ambos murieron durante el trámite de la causa.

El fiscal Stornelli pidió cinco veces la indagatoria de Menem porque entendía que nada de lo que ocurrió fue sin el conocimiento y el aval del entonces Presidente. Pero Bonadio rechazó los planteos.

Después de las idas y vueltas que casi todo expediente por corrupción tiene –planteos, apelaciones y más planteos– la causa pasó a juicio oral. Pero desde que el expediente fue cerrado para pasar a juicio hasta que eso ocurrió efectivamente pasaron tres años.

El caso entró al Tribunal Oral Federal 5. Después de tanto años se abría un interrogante. ¿La causa estaba prescripta? Para los jueces Oscar Hergott, Daniel Obligado y Adriana Palliotti sí y así lo resolvieron. Pero la decisión fue apelada a la Cámara Federal de Casación Penal que revocó en agosto de 2012. Los camaristas Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani consideraron que no estaba prescripta y habilitaron la continuidad de la causa.

El juicio oral quedaba habilitado pero renunció el presidente de Tribunal Oral y se cambió su composición. Finalmente, en marzo de 2017 empezó el juicio. Y concluyó hace una semana.

Sergio Paduczak, Gabriel Nardiello y Sabrina Namer, los jueces que restituyeron el predio de Tandanor (CIJ)
Sergio Paduczak, Gabriel Nardiello y Sabrina Namer, los jueces que restituyeron el predio de Tandanor (CIJ)

Antes del veredicto, el juez Gabriel Nardiello habló sobre la duración del expediente. "La responsabilidad de este tribunal oral, si bien este proceso fue largo, tedioso, consumió solamente una sexta parte de lo que fue todo el proceso. Y en esa sexta parte tuvimos que compaginar tres agendas distintas, incorporar una tercera jueza por la renuncia del presidente", aclaró.

Nardiello, Sergio Paduczak y Sabrina Namer condenaron a tres años de prisión a Eduardo Tesoriere, ex director de privatizaciones, a Alejandro Bofill y a Juan Andrés Vlastó, titulares de CIMAR, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Las condenas son en suspenso por lo que ninguno irá a prisión. El tribunal también consideró responsables a los empresarios Nachat Samman y Miguel Larminat y al abogado Gerardo Donato pero por la calificación que recibieron su situación estaba prescripta y fueron absueltos. En tanto el gerente del Banco Holandés Unido Omar Calculli.

Pero lo más trascendente fue que los magistrados ordenaron que el predio de Tandanor privatizado vuelva al Estado. Lo mismo que el 90% de las acciones de la compañía. Eso había pedido el fiscal de juicio, Diego Luciani, junto con la condena de los acusados, al igual que las querellas del Estado. La Fiscalía y el tribunal entendieron que la privatización fue fraudulenta. Los jueces darán el 30 de noviembre los fundamentos de su decisión.

El predio de Tandanor tiene un valor de 38 millones de dólares, según la última pericia que se hizo en el juicio oral. Pero asciende a 52 millones de dólares si se toma en cuenta el valor original de la privatización. Sin embargo, el negocio inmobiliario es 10 veces más: entre 400 y 500 millones de dólares. Por eso se trata del mayor decomiso en un caso de corrupción.

El tribunal dispuso que el predio vuelva al estado. Pero el caso no está cerrado. Después que se conozcan los fundamentos, las defensas de los condenados pueden apelar para que el caso sea revisado por Casación.