El árbitro preso acusado de violar a menores de Independiente fue empleado de la Procuración: lo procesaron por destruir documentos

Doble vida también es doble sueldo.

El arbitro Martín Bustos, acusado por la fiscal María Soledad Garibaldi de violar a jugadores menores de edad de las divisiones inferiores de Independiente -una imputación que podría costarle hasta 20 años de cárcel ya que Bustos tiene conocimiento de que es portador de una enfermedad de transmisión sexual– hoy está preso en una celda individual en la Unidad N°40 de Lomas de Zamora. Fue arrestado el sábado 24 de marzo último, en una casa del barrio Los Troncos del Talar en Pacheco. Su abogado defensor, Carlos Beldi, terminó preso en una alcaidía adjunta a la Unidad N°40 por el delito de encubrimiento agravado, por hacer pedazos el teléfono de Bustos con un martillo.

Según registros comerciales, Bustos, de 34 años, oriundo de Trenque Lauquen, cobró un sueldo en blanco de la AFA desde 2013 hasta al menos hasta enero de este año. Pero, en paralelo, el referí tenía otro ingreso. Cobraba un sueldo de la Procuración General de la Nación, el organismo antes dirigido por Alejandra Gils Carbó y hoy conducido interinamente por Eduardo Casal.

Dentro de la Procuración, Bustos tenía el rango de prosecretario administrativo. Había ocupado durante varios años un puesto en la Unidad Fiscal de Ejecución Penal, que supervisa legajos de presos y ejecuciones de condenas. Luego fue transferido a la biblioteca de la PGN. Logró entrar como empleado también en 2013, según fuentes en el organismo, "por un conocido", cuatro meses después de que recibirse de abogado en la UBA.

Hasta aquí, nada ilícito, o nada alarmante. El 23 de marzo último, un día antes de que la Policía Bonaerense lo arrestara, Bustos era suspendido "preventivamente" de su cargo por una resolución interna firmada por Casal tras una investigación interna por "irregularidades de su desempeño."

La PGN, en tiempos de Gils Carbó, había comenzado de acuerdo al documento una investigación propia contra Bustos, un sumario disciplinario, pero la decisión del procurador interino no obedecía simplemente a un movimiento interno. El 18 de marzo, cinco días antes, la jueza María Romilda Servini procesó sin prisión preventiva y embargó a Bustos por un monto de $50 mil. El árbitro no tenía esta vez un abogado particular con un martillo inquieto: un defensor oficial lo representaba en Comodoro Py.

Servini lo procesó por un delito al menos grave para un funcionario público: violación al artículo 255 del Código Penal, destruir documentos públicos.

El 7 de julio de 2015, los ex jefes de Bustos, los fiscales Diego García Yomha -que estuvo luego a cargo de la unidad de estadísticas criminales de la PGN- y Guillermina García Padín, actual cabeza de la UFEP, denunciaron a Bustos en el fuero federal luego de que detectaran que faltaban elementos en el área de información sobre presos en legajos de juzgados de ejecución penal que eran supervisados por Bustos. Las quejas de varios jueces que veían información incompleta para tomar decisiones lo habían delatado en un primer momento.

Una fiscal ad hoc encargada de examinar la tarea de Bustos había encontrado cuatro días antes de la denuncia "un legajo desarmado" de un hombre detenido en la Prisión Regional del Sur en Neuquén, según el procesamiento de 53 páginas que Servini firmó contra Bustos y al que accedió Infobae, con el informe de reincidencia del preso en cuestión "en el cesto de basura ubicado en el pasillo."

Para los fiscales a cargo del área era algo totalmente irregular: un documento altamente sensible que dependía del árbitro terminaba tirado, roto. Otro secretario de la fiscalía se encargó de pegar los papeles rotos, sin saber que Bustos los habría destruido. El árbitro intentó cubrirse torpemente: redactó una nota para elevar al juzgado de ejecución penal en cuestión para pedir nuevamente el informe que hizo pedazos.

Varios funcionarios de la PGN declararon en la causa de Servini, incluidos García Yomha, García Padín y la fiscal ad hoc encargada de rastrear el problema. Bustos no fue denunciado por un solo expediente con papeles rotos en un tacho, sino por dos, por un legajo de otro preso a cargo del árbitro con un faltante advertido esta vez no por sus jefes sino por el juzgado de ejecución penal que trataba el caso. La segunda denuncia formó un nuevo expediente que se sumó a la causa previa.

Bustos fue indagado en 2016 por el primer caso: se negó a declarar, de acuerdo al procesamiento firmado por Servini. Fue llamado nuevamente en 2017 por el segundo expediente. Tampoco quiso hablar esa vez.

El árbitro entró en una especie de freezer dentro de la PGN luego de ser denunciado. El mismo día que los fiscales lo acusaban en Comodoro Py en julio de 2015, la procuradora Gils Carbó dispuso que Bustos fuera trasladado al área de Biblioteca del organismo. Tiempo después, Gils Carbó autorizó que la investigación interna contra Bustos que ocurría en paralelo a la causa investigada por Servini en Comodoro Py fuera suspendida momentáneamente por una larga licencia médica del referí.

Ahora, ¿por qué lo hacía, si es que Bustos es efectivamente culpable? La destrucción de documentos no tiene ningún sentido, a simple vista. Ninguno de los presos estaba visiblemente vinculado a él, tampoco romper copias impresas de sus legajos servía para protegerlos. Algunos especulan con que quería "escaparse" a la Copa América, disputada en Chile cuando explotó la acusación en su contra. Un funcionario que trabajó con Bustos tiene una teoría sencilla: "Creo que lo hacía porque así sacaba más rápido su trabajo. No es lo mismo hacer una propuesta de dictamen sobre el fondo de la pretensión, como por ejemplo, opinar sobre si corresponde o no una libertad, a pedir una medida previa al juez porque te falta un papel para opinar."

Para Bustos, caer preso por un delito aberrante todavía estaba lejos. Ayer por la tarde, otros dos jugadores de las inferiores de Independiente declararon en cámara Gesell dentro del Polo Judicial de Avellaneda: acusaron a dos de los cinco detenidos por abuso en la causa. Bustos presenció las declaraciones, una opción que la fiscalía de Garibaldi le dio a los imputados, sentado tras un vidrio espejado, sin ningún contacto con los menores.

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