El Consejo de la Magistratura le pedirá precisiones a la Corte Suprema por la inhabilitación del tribunal que iba a juzgar a Cristina Kirchner

Las esquirlas de la explosiva acordada 4/2018 de la Corte del 15 de marzo siguen sintiéndose en el Poder Judicial

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Cristina Kirchner (Amilcar Orfali)
Cristina Kirchner (Amilcar Orfali)

Después de un debate de más de dos horas sobre los efectos de la resolución que inhabilitó el TOF 9 que iba a juzgar a Cristina Kirchner, el Consejo de la Magistratura acordó enviarle un oficio al máximo tribunal para que "precise sus alcances". Después de pulir la letra de la propuesta, votaron a favor 11 de los 12 miembros presentes. El senador por la UCR Ángel Rozas estuvo ausente por encontrarse en el exterior.

Con posiciones de matices diversos –y el rechazo del diputado del FPV Rodolfo Tailhade– se consensuó que el pedido sea lo suficientemente amplio como para "marcar territorio", y no "cederle potestades" del Consejo al máximo tribunal. En ese sentido, el más enfático fue el diputado del PRO Pablo Tonelli, quien advirtió: "No tenemos nada que consultar a la Corte. En todo caso, es un pedido de precisiones".

Tonelli también ratificó su "fuerte discrepancia" con el voto mayoritario de los cortesanos, aunque no así con el de minoría. Helena Highton y Carlos Rosenkrantz apoyaron la moción de hacer un nuevo sorteo de las causas asignadas a ese tribunal, pero votaron darle la habilitación requerida por la Cámara de Casación Penal para evitar un conflicto institucional.

La redacción del oficio a la Corte estará en manos del presidente del Consejo, el abogado Miguel Piedecasas, quien informó al finalizar el plenario que se reunirá la semana próxima con el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, para "debatir las implicancias" de la ya famosa acordada. La reunión había sido una propuesta del senador del PJ Mario Pais, que si bien no fue votada, fue recogida por Piedecasas, quien la acordó telefónicamente durante un cuarto intermedio.

La idea es limar asperezas por el malestar que generó esa resolución en el Consejo, máxime cuando los tomó por sorpresa y los responsables administrativos de ambos organismos venían trabajando en conjunto en la puesta en marcha de la federalización de los tribunales.

También se aprobó por 11 votos a favor la propuesta inicial de Tonelli de remitirle al máximo ribunal la consulta de la Cámara de Casación Penal Federal sobre la situación del ahora inhabilitado TOF 9. Fechada el 21 de marzo, preguntaba si correspondía incluirlo nuevamente en el sorteo de la Justicia ordinaria, como Tribunal Oral Criminal (TOC) 10 de la Capital, el estatus que tenía antes de haber sido federalizado por el Consejo.

infobae

La moción fue aprobada por mayoría ya que hubo consenso en reconocerle la "superintendencia" a la Corte. Pero así como no hubo discrepancias sobre esa facultad del máximo tribunal, hubo énfasis en ratificar el rol del Consejo como "co-gobierno del Poder Judicial", y "sus facultades administrativas" a la hora de su funcionamiento.

"Es importante aclarar que la Corte no es un órgano superior sobre el Consejo", le dijo el diputado de Cambiemos Mario Negri a Infobae.

En tercer lugar -ante otra consulta, en este caso de la Cámara del Crimen de la Capital- se aprobó que la liquidación de los haberes de los magistrados integrante del fallido TOF 9 -Alejandro Becerra, Silvia Mora y Alejandro Nocetti Achával- los siga pagando esa Cámara.

Sin consenso

Rodolfo Tailhade
Rodolfo Tailhade

En solitario, Tailhade hizo cinco propuestas agrupadas en la segunda moción sometida a votación, sin éxito. Propuso darle intervención a la Comisión de Disciplina y Acusación por el rol cumplido por el TOF 9 al dictar sentencias sin estar habilitados, y por la decisión de la entonces presidente de Casación Penal, Liliana Catucci, que lo incluyó en el sorteo sin la aprobación final de la Corte. El diputado kirchnerista también propuso revocar la resolución del Consejo de transformar el TOC 10 en TOF 9, así como los traslados de Carlos Mahiques de Casación ordinaria a Casación federal; el de Guillermo Yacobucci del TOC 6 al TOF 7, y el de Bruglia, del TOF 4 a subrogante en la Cámara Federal porteña. No solo ninguna de estas propuestas tuvo apoyo, sino que el resto de los consejeros ratificaron la validez legal de todas las resoluciones tomadas por el Consejo.

Tailhade hizo particular hincapié en que el TOF 9 dictó sentencias pese a no estar habilitado por la Corte. Mencionó el ejemplo de una condena por tenencia de drogas para comercialización: "Acá hubo una persona que –como dijo Cristóbal López al salir de prisión- también estuvo secuestrada. Fue condenada a cuatro años por un tribunal inválido".

En este sentido, fueron varios los consejeros que citaron jurisprudencia que "consideran válidos los actos cumplidos". Negri fue más allá, y se preguntó: "Si el pedido de habilitación del TOF 9 por parte de Casación llegó a la Corte en diciembre, ¿por qué el máximo tribunal no se expidió antes, y dejó que dictara sentencias durante este tiempo?".

Constitucionalidad de la ley

Comodoro Py (DYN)
Comodoro Py (DYN)

En el debate hubo coincidencia casi unánime –la única oposición fue, una vez más, de Tailhade– sobre la constitucionalidad de la Ley 23.307, y su vigencia. Sancionada el 29 de diciembre de 2016, habilitó la transformación de TOC de la Capital en 6 nuevos TOF, con el objetivo de acelerar los juicios por corrupción en Comodoro Py.

Tanto Piedecasas como Negri, Luis Cabral e incluso Pais –que votó a favor de la ley- defendieron lo hecho por el Consejo al convertir los tribunales ordinarios en federales, "en cumplimiento de una ley sancionada en el Congreso". Varios destacaron "el consenso político" con el que fue aprobada: 48 votos a favor contra 7 en el Senado, y 128 contra 18 en Diputados. Uno de los que votaron en contra fue justamente Tailhade, quien cuestionó que la "conformación de tribunales a la carta" -como los denominó- se pudiera hacer por simple mayoría de los presentes en el Consejo.

Varios consejeros admitieron que el problema se suscitó porque el TOF 9 fue incluido por Casación Penal en el sorteo de causas, el mismo día -12 de diciembre- en que le solicitaba al máximo tribunal su habilitación. Pero objetaron que la acordada de la Corte avanzó sobre el mecanismo fijado por la Ley 27.307, sin declararla formalmente inconstitucional. "No se animaron a hacerlo, pero nos dicen que, a partir de ahora, el Consejo no puede cumplir con lo que dice la ley. La jugaron de machos. 'Acá mando yo', fue el mensaje", interpreta ofuscado uno de los consejeros off the record.

¿Jueces nacionales o federales?

Palacio de Tribunales
Palacio de Tribunales

Sobre el cuestionamiento que la acordada 4 hace al mecanismo de federalización de tribunales orales, sin tener sus integrantes un nuevo acuerdo del Senado para el cargo, hubo coincidencia mayoritaria en que se trata de jueces nacionales que habían obtenido ya el acuerdo de la Cámara alta. "Cambian de fuero, no de competencia penal. Se trata de traslados, no de nuevos nombramientos", sostuvo Piedecasas. El presidente del Consejo recordó que ya hubo 54 traslados dispuestos por el organismo, y que se trata de "recomendaciones" ya que su efectivización se hace vía decreto del Ejecutivo.

En el mismo sentido se expidió Tonelli, quien señaló que "esos traslados decididos por el Consejo existieron siempre. Lo que es toda una novedad son los requisitos que fijó la acordada de la Corte, y que no están en la ley".

En diálogo con Infobae, varios consejeros recordaron dos acordadas anteriores de la Corte, emitidas el 22 de junio y el 11 de julio del 2017, en las que el máximo tribunal había habilitado sin reparos la conversión del TOC 23 de la Capital en el TOF 8, y el TOC 6 en el TOF 7.

"Es propósito de esta Corte proveer lo necesario para asegurar la correcta prestación del servicio de justicia, por lo que la puesta en funcionamiento del mencionado tribunal oral constituye una prioridad insoslayable"

Pero sus actuales integrantes están, a diferencia del TOF 9, en una posición no cuestionada, ya que o habían concursado para ser jueces federales pero no tenían aún tribunal, o habían asumido como jueces antes de que existiera el mecanismo de pasar por el Consejo de la Magistratura. La única excepción es Yacobucci, que figura hoy en una terna para ocupar una vacante de la Cámara de Casación Penal.

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