El doctor Daniel Carral, miembro del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, fue entrevistado por la doctora Marcela Losardo en el ciclo Justicia Abierta de InfobaeTV. Durante la charla, se refirió a las prisiones preventivas que fueron dictaminadas en el último tiempo, como así también a la independencia del Poder Judicial.

¿Qué opina de la utilización de la herramienta de la prisión preventiva? 

– Bueno, a mí me parece que esto cambió en los últimos años. Y cambió, porque cambió la sociedad en la relación con los medios, en las rede sociales, entonces, hay desde mi punto de vista como cierta ansiedad por los medios, por la información. Fijate que los diarios escritos llegan tarde. Cuando leo los diarios, me detengo con mayor amplitud los
domingos, y la verdad, es que ya son noticias viejas, ya las vi en la web la noche anterior. Ante esta ansiedad mediática, la gente quiere soluciones ya, y es difícil que vaya entendiendo que un proceso judicial tiene diferentes etapas.

Sí …

– Y a veces puede confundirse esa respuesta estatal de lo que espera la gente, mucho más en casos de corrupción con una respuesta punitiva anticipada que es la prisión preventiva. La prisión preventiva tiene otros parámetros que tienen que ver con, en algunos casos quizás, no los casos más mediáticos, pero ha aceptado, porque tenemos casos muy graves que han llegado con personas en libertad y esto
no ha obturado que se pueda llevar adelante la investigación ni ha habido riesgos de fuga y la persona se ha sometido al proceso sin ningún problema, y la gente empieza a manejar que el concepto de prisión preventiva está ligado a poner en riesgo la investigación o a la posibilidad de que la persona eluda esa investigación, se profugue. Entonces esos los
conceptos básicos que constitucionalmente avalan el dictado de una prisión preventiva como una medida cautelar, es decir, una medida de aseguramiento de los fines del proceso.

¿Pero está cambiando esto?

– Yo creo que cambió un poco en los últimos años vinculado a casos que tienen que ver con intereses estatales, casos de corrupción o de notoriedad mediática. Vos fijate que a veces la experiencia, cuando el caso penal se dilucida de la manera más particularizada es en el juicio oral, el juicio oral y público.

Sí, pero lo importante es el tribunal oral.

– Lo importante es el juicio.

Las pruebas.

– Ahí se discute. A veces esos juicios, en estos casos de corrupción llevan bastante tiempo y la gente quiere soluciones inmediatas y en realidad no es la solución. A la
respuesta, el Estado la va a tener con una sentencia. Cuando se confunden los tiempos judiciales y no pueden estar
a tono con los tiempos que reclama la sociedad, entramos en un conflicto. Y eso puede generar presiones a los jueces. Puede generar presiones sobre jueces cuando no está claro el rol de independencia. No hay decisiones superiores que puedan condicionar esto tampoco, los jueces tienen que tener la suficiente independencia e imparcialidad para tratar de aislarse de ese contexto.

Pero tienen las garantías para tener eso.

– En principio te diría que sí. Sería preocupante si
hubiese un cuestionamiento, una persecución de jueces o la puesta en crisis de la función judicial por la toma de decisiones,  mientras por supuesto no sea una decisión que desconozca absolutamente el derecho, que esté prevaricando. Pero para eso, están los mecanismos
recursivos de control, que cualquiera de las partes los puede utilizar, y justamente controlar esas decisiones que no le son favorables. El sistema tiene controles y sobre esa base funciona bien.

La entrevista completa: