Mafia judicial: seguirán investigando a una red de trata integrada por un fiscal federal y un comandante de gendarmería

"Quedé embarazada mientras trabajaba en el prostíbulo, aproximadamente a los seis meses de llegar. Rosana Estela Rodríguez me dijo que comprara una pastilla para tomar o meterme por abajo. Pero no funcionó. Entonces vino una mujer que me colocó una sonda en la vagina para completar el aborto. Sin embargo, ese mismo día empecé a sangrar mucho. Le avisé a Rosana, quien me llevó al hospital y me advirtió que no podía decir nada sobre el aborto inducido ni de la situación en la que me encontraba.

"En el hospital me hicieron un raspaje quirúrgico, y estuve internada siete días. Durante la internación, Rosana Rodríguez me dio dinero para que no contara nada, pero cuando me dieron el alta me quitó la plata y me obligó a trabajar en el prostíbulo. Ni yo ni mis compañeras nos podíamos ir. La mayoría éramos extrajeras y ellos nos habían sacado nuestros documentos".

El relato descarnado, en primera persona es de "Gisela", una de las 38 mujeres esclavizadas en los prostíbulos que funcionaban en la ciudad de Paso de los Libres, en Corrientes, y que eran regenteados por una banda de trata de personas, integrada por 18 personas y que era liderada por quienes deberían combatir ese y otros flagelos que dominan la zona: el fiscal federal Benito Pont, y el comandante mayor de gendarmería José María Viero.

La causa penal donde abundan los desgarradores testimonios como los de "Gisela" es escandalosa.

Queda en evidencia, por ejemplo, que la mafia de los prostíbulos, de la trata de personas y lavado de dinero funcionó al menos entre 2010 y 2016. En solo cinco años, la organización movilizó como mínimo casi veintitrés millones de pesos.

Hasta hace apenas unos días, Benito Pont, el ex fiscal federal de Paso de los Libres, hizo lo imposible para entorpecer el trámite del expediente. Por ejemplo, recusó a María Cristina Pozzer Penzo, la jueza que lo investiga, pero en un fallo ejemplar, la Cámara de Apelaciones de Corrientes ordenó continuar con la investigación.

El ahora ex fiscal Federal Pont fue procesado el pasado 6 de septiembre por hallarlo presunto autor de los delitos de encubrimiento agravado, prevaricato y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La misma medida recayó también sobre el ex agente de inteligencia de la Gendarmería Nacional, el comandante general José María Viero, quien además es cuñado del fiscal Pont.

Según explicó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ministerio colaboró con la investigación, durante la cual fueron analizadas "dos salas enteras de documentación".

La pesquisa demostró que la red de trata investigada en Paso de los Libres funcionó a través de tres locales nocturnos y un hotel, propiedad del ex oficial de gendarmería.

Los 18 imputados están acusados de integrar diferentes organizaciones dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual en los prostíbulos "Puro Movimiento", "Roxi", "Balizas" y en el "Motel Momentos", entre otros.

Los prostíbulos eran regenteados comercialmente por Ricardo Aguirre un amigo y ex socio comercial del ex fiscal Pont y quienes junto al oficial de gendarmería Viero "integraban la cúpula de la organización".

La madama de la organización mafiosa era Rosana Estela Rodríguez, alias "Roxi". De hecho, uno de los locales llevaba su nombre.

La juez de la causa, y los fiscales que han investigado las maniobras, Fabián Martínez, el cotitular de la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo, y el fiscal general Carlos Schaefer, determinaron que las "al menos a 38 mujeres explotadas sexualmente estaban en situación de vulnerabilidad", y que los "tres locales nocturnos utilizados como prostíbulos funcionaban  bajo la "protección" y "blindaje judicial" del ex fiscal, quien también está acusado de "desviar y dilatar las investigaciones que tenía a su cargo" para proteger a la misma banda mafiosa que integraba y a otras.

Relato salvaje

"Durante el día dormía. Había una señora que cocinaba, a la que le tenía que pagar por la comida porque no podía salir del lugar".

"Sólo salía si tenía que ir al médico o hacerme análisis. Pero fuera de eso no salía a pasear, porque no me dejaban, salvo para ir a comprar alguna cosa que necesitara, como apósitos femeninos".

"Tenían que trabajar incluso durante el período menstrual. Para eso Rosana me enseñó a ponerme un tampón o un algodón humedecido porque ella me explicaba que 'en un rapidito los clientes no se dan cuenta'".

Ese testimonio, aportado por otra de las víctimas, también forma parte del expediente. Pero, como el de Gisella, tampoco son los únicos.

Otra de las víctimas de la red de proxenetas del fiscal y el gendarme contó que "Rosana anotaba todo, los pases a las habitaciones, las copas, pero que después rompía todas las carpetas y registros, porque le avisaban cuando iba a llegar a alguien. Rosana nos decía que cuando iban a realizar un allanamiento en el boliche le avisaban. Por eso estaba tranquila".

"No sé quien le avisaba de los allanamientos. Pero a veces iban los de Gendarmería y a veces la policía. Esos mismos que realizaban los allanamientos eran clientes del lugar, y los atendíamos hasta uniformados".

Otra de las mujeres rescatadas de los prostíbulos de Paso de los Libres le dijo a los fiscales y a la jueza: "Rosana, a la que también llamábamos Roxi, también nos encajaba multas. Por ejemplo, si no queríamos hablar con un cliente, o llevarlo a la habitación nos cobraba 500 pesos".

"También me encajó una multa de 500 pesos porque había hablado con un señor al que le conté que estaba ahí amenazada. El señor me dijo que me iba a ayudar, pero en realidad fue a contarle todo a la dueña y por eso me castigaron".

"Una vez uno de los 'narcos' que frecuentaban el lugar armó una pelea y una chica termino cortada con una botella. Ella se desmayó por la cantidad de sangre que le salía, y la llevaron al hospital los dos hermanos de Rosana, porque ella estaba de viaje. La cosieron y se volvió a la casa, ya que, si bien la habían dejado con suero, no pudo quedarse en recuperación porque Roxi le dijo que debía regresar".

"Por ese episodio, le dijo que la denunciaría, pero Rosana Rodríguez le dijo 'a mí nadie me amenaza', y por eso le cobró una multa"

El pago

En el expediente también figura el sistema de pagos que se utilizaba "para tener relaciones sexuales con las mujeres". Era por medio de un trago que costaba 100 pesos o cervezas que costaban 120 pesos. Las mujeres estaban obligadas a "quedarse sentadas con el cliente hasta que terminaran la bebida alcohólica y después se trasladaban al Hotel Momentos, lindante al local".

El costo del "pase", es decir de la relación sexual por el plazo de una hora, era de 600 pesos, más la tarifa de 120 pesos por la habitación del hotel.

Según las averiguaciones que realizaron los pesquisas, la organización de proxenetas movilizó 22.345.678,55 pesos en cinco años, un monto que "no se corresponderían con ingresos lícitos y declarados ante la AFIP".

La jueza de la causa y los fiscales aclararon que "este importe refleja un piso mínimo a tener en cuenta, ya que resulta lógico suponer que existen otras sumas importantes de dinero que han sido manejados respecto del cual se desconoce su magnitud, pero se presume que puede ser significativo", esta es una de las razones por las cuales a la banda también se la investiga por presunto lavado de dinero.

"Las menores eran pasadas a Brasil"

"Los datos son espeluznantes. Las victimas ya no podían soportar más. Sus cuerpos era sometidos sexualmente día y noche y hasta les exigían garantizar un monto determinado por día. Había hasta mujeres embarazadas que debían recuperar el dinero perdido en la etapa prenatal", revela el fiscal federal general Carlos Schafer, y fiscal federal ante el Tribunal Oral federal 2 de Corrientes. Lo hace desde el conocimiento y la tarea cumplida por haber colaborado en la liberación de las casi 40 víctimas de la banda de proxenetas y de haber tenido la decisión, como el resto de los funcionarios judiciales, de avanzar contra la red mafiosa que encubría y de la cual participaba su colega Pont.

El fiscal federal habló por primera vez ante el periodista e integrante de La Alameda Corrientes, José María Serbin.

Fue a través de Serbin que el Papa Francisco le envió a la jueza Cristina Pozzer Penzo un rosario como reconocimiento por su lucha contra la trata de personas y explotación sexual en Corrientes.

En esa entrevista, el fiscal de la causa también reveló que la red de proxenetas también explotaba sexualmente a menores de edad, y que cuando la policía o gendarmería recibían la orden de allanar los prostíbulos "los resultados daban negativos porque la banda era avisada que se iban a realizar los procedimientos".

La batida, según la interpretación de Schafer, provendría del mismo funcionario judicial que supuestamente investigaba el delito de trata de personas y explotación sexual, posibilitaba "que se pasara a las menores a Brasil por la Aduana de la zona".

Por esa razón el ex fiscal Pont también es investigado por "tráfico de influencias", un delito que también recayó sobre su cuñado, el ex oficial de inteligencia de Gendarmería Nacional.

Para el fiscal federal tanto uno como otro "formaban parte de este engranaje que garantizaba el funcionamiento de estos prostíbulos en Paso de los Libres".

Fiscales y jueces también auditaron los expedientes que estaban a cargo de Benito Pont y establecieron, según los dichos del fiscal general, que "cuando Pont investigaba las causas de trata en las que estaban involucradas sus socios y cuñado manejaba el expediente de tal manera que se declaraba la incompetencia de la causa y se remitía a la justicia provincial para que muera allí. Esto es se archivaba y no se continuaba investigando. La justicia provincial solo investigaba la explotación sexual que tiene penas mínimas. La justicia federal, en cambio debía investigar la trata de personas que tiene penas mucho más elevadas. Es decir, los prostíbulos seguían funcionando y las causas paralizadas".

Al fiscal federal no le quedan dudas, y así se volcó en el expediente, esta red mafiosa podía funcionar gracias al amparo que le brindaba la justicia federal, parte de los organismos de seguridad y los funcionarios políticos que habilitaban los lugares y no inspeccionaban.

"Paso de los Libres es una ciudad donde se cometen muchos delitos federales por la ubicación estratégica que tiene: contrabando, tráfico de personas, lavado de dinero, transporte de estupefacientes y esto solo puede ser así por la red de complicidades que existe", enfatiza el fiscal general.

Por eso, para Schafer la segunda etapa de investigación se debería centrar en las autoridades políticas de la zona. Sin embargo, hasta el momento, esto no ocurrió.