Piden la unificación de seis causas de lesa humanidad para poder destrabar el juzgamiento de 10 imputados

El fiscal General Marcelo García Berro presentó un pedido ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín para que unifique seis causas por crímenes de lesa humanidad ocurridos en el centro clandestino de detención Campo de Mayo, con el objetivo de acelerar el juzgamiento de diez procesados que se encuentran actualmente con prisión preventiva, muchos de ellos, con prisión domiciliaria.

La propuesta de la fiscalía apunta a la acumulación en un mismo debate oral de aquellos casos cuyos delitos ya fueron probados, pero no ha sido acreditada la responsabilidad de los acusados en cada uno de ellos.

Sucede que el TOCF N°1 tiene 24 causas por delitos de lesa humanidad ocurridos en su jurisdicción, pero los juicios están muy demorados porque desde 2015 falta uno de los jueces que componen el tribunal, que actualmente cuenta con una jueza titular, un juez subrogante y un cargo vacante, desde que el magistrado Héctor Sagretti se excusó de las causas de lesa humanidad. A partir de ese momento quedó como presidenta y única titular del TOF 1 la jueza Marta Milloc.

El pedido del fiscal Berro fue presentado por escrito y y debatido en una audiencia preliminar ante el TOF 1 de San Martín, donde las partes expusieron sobre el pedido de acelerar las causas pendientes sobre los crímenes cometidos en Campo de Mayo. Estuvieron presentes, además del fiscal, los abogados querellantes de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Durante la audiencia, todas las querellas adhirieron al pedido formulado por el fiscal general, mientras que las defensas presentes se opusieron al planteo.

En el texto, el fiscal argumentó que, de llevarse a cabo esta propuesta, "podrá definirse la suerte procesal de diez acusados por delitos de lesa humanidad en seis causas diferentes, en un único juicio de corta duración ya que la prueba que deberá producirse en el debate versará únicamente sobre la participación o no de los imputados en los diferentes sucesos".

García Berro solicitó que, de manera "urgente" se fije audiencia para el debate oral, en el que se definirán las situaciones procesales de los imputados Francisco Rolando Agostino, por delitos cometidos contra tres víctimas; Luis del Valle Arce, por 16; Benito Ángel Rubén Omaecheverría, por 2; Carlos Francisco Villanova, por 72; Carlos Javier Tamini, por 73; Bernardo Caballero, por 18; Roberto Julio Fusco, por dos; Miguel Ángel Conde, por una; Eduardo Alfonso, por dos; y Rafael Félix López Fader, por dos víctimas.

"Las demoras provocan la privación de justicia para acusados y víctimas: esto es, una suerte de impunidad biológica por la muerte de los represores sin sentencia firme o sin llegar a debate y también por el fallecimiento de las víctimas y sus familiares", expresó el fiscal.

"No dejará de advertirse que la avanzada edad de los acusados es un dato relevante para la concreción de los juicios orales y públicos que, al posponerse indefinidamente, permite afirmar que es muy posible -el caso del fallecimiento del imputado Galarraga es un buen ejemplo de ello- que el paso del tiempo sea el que haga culminar, biológicamente, este proceso", sostuvo en su escrito el fiscal García Berro.

El Tribunal deberá resolver si acepta el pedido. Y en caso de que así sea será el tribunal de Casación el que deberá encargarse de designar los jueces necesarios para llevar adelante el juicio, que podría considerarse una nueva "megacausa" contra los crímenes ocurridos durante la última dictadura cívico militar.

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