Imputaron con prisión domiciliaria a un hombre por encubrimiento de contrabando de productos por $36 millones y tenencia de marihuana

La justicia de Río Gallegos dispuso prisión domiciliaria por 120 días para un hombre formalmente imputado por encubrimiento de contrabando y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, luego de un operativo en el que se secuestró mercadería ilegal valuada en 36 millones de pesos y productos con derivados de cannabis prohibidos, además de electrónica y vapeadores.

El caso expone cómo operan redes de comercio ilegal en la Patagonia y el rol de las plataformas digitales en la distribución de bienes prohibidos.

El fallo, emitido por la jueza subrogante Mariel Borruto el pasado viernes, declaró la legalidad de la detención y habilitó la medida de prisión domiciliaria para el imputado, a pedido del fiscal federal Gastón Franco Pruzan, responsable del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Río Gallegos. La investigación continuará hasta el 16 de marzo de 2026, fecha en la que culminarán los 120 días dispuestos para la recolección de pruebas.

En el mismo acto, el tribunal instruyó que la supervisión de la prisión domiciliaria quede bajo la responsabilidad de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y la Policía de Santa Cruz, que deberán llevar a cabo controles periódicos en la residencia del acusado.

El proceso judicial se originó el 3 de noviembre de 2025, tras una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La denuncia se fundamentó en tareas de fiscalización y monitoreo de fuentes digitales abiertas realizadas por la Sección Riesgo Regional de la Dirección Regional Aduanera Austral, que detectó una actividad inusual de venta de mercadería extranjera a través de redes sociales.

Según el Ministerio Público Fiscal, la mercadería ingresaba presuntamente al país sin intervención aduanera, lo que motivó el inicio de una pesquisa a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA). Durante diez días, los agentes efectuaron tareas de observación en el domicilio señalado, comprobando que el investigado atendía allí a particulares y concretaba transacciones comerciales.

Las acciones de vigilancia se completaron con tareas de ciberpatrullaje en Facebook e Instagram, donde el imputado utilizaba un perfil con pseudónimo y otro con su propio nombre.

A través de esas cuentas exhibía productos tecnológicos y de consumo tales como consolas PlayStation 5, teléfonos iPhone y Redmi, parlantes, auriculares inalámbricos, proyectores, neumáticos, vapeadores, bebidas alcohólicas y perfumes importados. El perfil contenía información de contacto y pruebas que sustentaron la intervención judicial.

De acuerdo a lo informado por el portal web de los fiscales, aquel 13 de noviembre pasado, y bajo supervisión de la fiscalía, la PFA y el personal de ARCA llevaron a cabo el allanamiento en el domicilio particular. Allí incautaron numerosos artículos sujetos a infracción del Código Aduanero (Ley 22.415), entre los que destacaron 19 vapeadores y varios productos con derivados de cannabis, incluyendo THC-P, THC-A y Live Resin. La comercialización de estos productos está prohibida en Argentina según disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, la suma total de la mercadería secuestrada asciende a 36 millones de pesos, dato resaltado en el expediente por el nivel de afectación al comercio formal y los riesgos implícitos en la venta de estos artículos a través de canales informales.

Es destacar que durante el allanamiento, los investigadores hallaron 67 gramos de marihuana almacenados en frascos de vidrio y divididos en 45 cigarrillos listos para su venta bajo la marca “Lit! A Cannabis Company”. Además, se incautaron 12 plantas de cannabis sativa en el inmueble, lo que motivó la ampliación de cargos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en función del artículo 5° de la Ley 23.737.

El Ministerio Público Fiscal valoró que, a la cantidad y disposición de la droga, se sumaba la capacidad de distribución que ofrecían las redes sociales, reforzando el cuadro acusatorio. Para la jueza Borruto, quedó probada la relación entre la actividad comercial desarrollada y los productos ilegales detectados en el domicilio.

La magistrada resolvió que la investigación penal se formalice por encubrimiento de contrabando en concurso con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El imputado será investigado en calidad de autor, bajo prisión domiciliaria durante 120 días, hasta el 16 de marzo de 2026. El control de la medida de coerción estará a cargo de la delegación DCAEP de Comodoro Rivadavia y la Policía de Santa Cruz.

Según el dictamen judicial, la presencia de grandes volúmenes de mercadería sin aval aduanero y los elementos secuestrados confirmaron la actividad ilícita que se desarrollaba desde el domicilio allanado.

La causa continuará bajo investigación a fin de delimitar posibles conexiones del imputado con otras redes de contrabando y narcomenudeo en la región patagónica, en el marco de los delitos previstos en el Código Penal y en las leyes 22.415 y 23.737. El tribunal dispuso que los organismos encargados realicen reportes periódicos sobre el cumplimiento de la prisión domiciliaria, hasta que se resuelva la situación procesal definitiva del acusado.