Tensión por un predio tomado en el Barrio 31: familias reclaman viviendas

Cientos de personas tomaron desde hace poco menos de un mes el predio conocido como “La Containera”, en la esquina de La Pampa y Ciervo de Los Andes, en las inmediaciones del Barrio 31 de Retiro. Allí, donde antiguamente funcionaba un basural, los vecinos del lugar instalaron un asentamiento con carpas en reclamo de una pronta solución al problema habitacional que atraviesan. Aseguran que no pueden pagar las sumas que les piden por un alquiler en este barrio.

“Con nuestros hijos, a dos días de cumplir un mes del acampe, seguimos estando acá, sin respuesta de ningún lado, ni del Gobierno de la Ciudad, ni de la Justicia”, dijo a la agencia Télam Mónica Zárate, vocera de las familias ocupantes de los terrenos y militante del Movimiento Popular La Dignidad en el Barrio 31.

En tanto, a través de un comunicado, el Gobierno porteño precisó a propósito de la situación: “Desde el primer momento, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA apeló al diálogo e implementó distintas estrategias de acercamiento en busca de soluciones conjuntas sin éxito”. El lugar está custodiado por personal de la Policía de la Ciudad.

El texto oficial, además, hace hincapié en el posible desenlace de la situación a través de la ejecución de un desalojo del campamento montado en el lugar. “Tras 16 días, la justicia resolvió establecer 72 horas para que los ocupantes del predio abandonen el lugar. Cumplido el plazo, la fiscalía continúa con el proceso correspondiente de acuerdo al protocolo establecido para estos casos”, expresa el documento.

“No pudimos seguir pagando lo que nos cobraban de alquiler dentro de la villa. Es un problema que se remonta a fines de 2015, cuando muchos de nosotros no pudimos pagar lo que nos pedían por una pieza en este barrio. Cada tres meses nos echan. Hace mucho frío, pero estamos con fuerza, esperando una resolución a nuestro problema”, comentó Zárate.

En este sentido, la dirigente comentó: “El grueso de las mujeres que estamos en este asentamiento estuvimos y estamos en situación de violencia familiar o padecimos violencia de género”. Las familias ocupan el lugar desde el 30 de junio pasado, mientras actualmente esperan una eventual resolución de la Justicia porteña..

En este escenario, el Gobierno de la Ciudad manifestó su postura ante la situación. “Alrededor de 50 personas tomaron un terreno público porteño de manera ilegal. Desde el primer momento, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA apeló al diálogo e implementó distintas estrategias de acercamiento en busca de soluciones conjuntas sin éxito. Ante este escenario, fue necesario acudir a la Justicia”, expresó el comunicado en relación a la ocupación del predio.

El escrito además detalló: “El terreno tomado es un espacio clave para el avance de la urbanización y un paso más hacia la integración social, ya que está destinado a la construcción de una escuela para los chicos del barrio. Una vez en funcionamiento, contará con nivel inicial y primario y tendrá capacidad para que asistan alrededor de 210 alumnos”.

“En cada una de las oportunidades las personas que están tomando el terreno rechazaron las iniciativas (del Gobierno) y se negaron a brindar información. Tras 16 días, la justicia resolvió establecer 72 horas para que los ocupantes del predio abandonen el lugar. Cumplido el plazo, la fiscalía continúa con el proceso correspondiente de acuerdo al protocolo establecido para estos casos”, advirtieron los funcionarios oficiales.

Los vecinos que acampan en el lugar cuentan con el apoyo de distintas organizaciones sociales, entre ellas, el Movimiento Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Popular La Dignidad y el CTD Aníbal Verón, quienes a su vez emitieron un comunicado con el reclamo hacia el gobierno porteño.

En ese escrito de respaldo, las organizaciones sociales exigen “a Horacio Rodríguez Larreta y a la fiscalía 11 a cargo de la causa, que detenga el desalojo de las familias y den una urgente solución habitacional a las familias involucradas”. Interviene desde el primer día la fiscal en lo penal y contravencional 11 de la Ciudad, Valeria Mazaglia, y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño.

El comunicado oficial de las autoridades de la Ciudad, en tanto, precisó respecto al intento de diálogo: “En cada una de las oportunidades las personas que están tomando el terreno rechazaron las iniciativas (del Gobierno) y se negaron a brindar información”.

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