Presentaron un proyecto de ley para restringir la portación de armas a los policías denunciados por violencia de género

El uso del arma reglamentaria por parte de agentes de fuerzas de seguridad que tengan denuncias por violencia de género vuelve a estar en el centro de la escena tras el femicidio de Úrsula Bahillo. La joven de 18 años fue asesinada por su ex pareja, el policía de la Bonaerense Matías Ezequiel Martínez, a pesar de haber alertado a las autoridades que era víctima de agresiones y amenazas, y de contar con una restricción perimetral para que el hombre no se le acercara.

En ese marco, la diputada por la provincia de Buenos Aires Noelia Ruiz presentó un proyecto de ley para restringir la portación, tenencia y transporte del arma de dotación al personal policial o penitenciario en los casos que exista una o más denuncias por violencia de género o intrafamiliar. A diferencia de otras iniciativas, en este caso se contempla tanto la restricción preventiva, como cuando el hecho ya está consumado y existe una causa penal.

“Está estadísticamente comprobado que la presencia de armas de fuego en el hogar aumenta potencialmente el riesgo de que ocurra un femicidio. Esto ocurre porque el varón violento tiene en sus manos un arma letal, lo que contribuye a mantener una cultura íntima de violencia. Según las estadísticas del Observatorio Mumala, uno de cada cuatro femicidios cometidos con armas de fuego fueron consumados por integrantes de las fuerzas policiales”, detalla la diputada Ruiz en diálogo con Infobae.

El proyecto contempla la restricción de la portación de armas de fuego no solo para los agentes de las fuerzas que tengan denuncias por violencia de género, también para quienes hayan sido acusados por agresiones físicas y psicológicas, abusos sexuales o violaciones. Asimismo, considera la reincidencia de los efectivos y plantea restricciones parciales y totales de acuerdo a cada situación.

La iniciativa plantea dos modalidades para limitar la portación de armas de fuego. Una es preventiva: en este caso, se abre una actuación administrativa a través de la cual se resuelve la restricción del uso del arma. La otra es a través de una medida cautelar: en caso de que haya una causa formal por violencia de género, se actúa en ese marco legal.

En este último caso, además, la restricción de armamento de dotación se podrá realizar de forma parcial o total. En el primer caso, el oficial con antecedentes o denuncias por violencia de género solo podrá utilizar el arma durante la jornada laboral, por lo que deberá depositarla en la armería de su destino al culminar la misma. En el segundo caso, en ningún momento podrá usar el arma.

Además, se especifica que para el levantamiento de la medida restrictiva se tendrán en cuenta varias consideraciones: la evaluación que efectúe la junta médica de la fuerza correspondiente, el tratamiento que realice la persona denunciada con profesionales de salud mental especializados en la materia, las medidas disciplinarias que correspondan, los informes elaborados por un equipo interdisciplinario, la resolución del juzgado interviniente y la situación procesal de la persona denunciada.

“Hay que concientizar en materia de género a todos y a todas, pero especialmente a aquellos que tienen responsabilidades públicas y a quienes tienen que cuidarnos. Es importante que la Ley Micaela siga avanzando y se siga profundizando”, asegura la diputada de Juntos por el Cambio.

Algunas de estas medidas ya estaban contempladas en el Plan Nacional de Seguridad para la Reducción de Femicidios, presentada en 2019 por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ante la alarmante situación actual, Ruiz considera que es necesario enmarcar estas acciones bajo una ley con alcances específicos.

En ese sentido, la diputada concluyó: “Es facultad del Ejecutivo este tipo de protocolos internos de actuación, pero es necesaria una ley marco que establezca con claridad que quienes nos cuidan no solo deben tener una profunda capacitación en temas de violencia de género, sino además tener ciertas restricciones en el uso de armas de fuego cuando hay denuncias por violencia de género o intrafamiliar”.

Una multitud se manifestó esta tarde en Tribunales a raíz de una convocatoria de la agrupación Ni Una Menos. La movilización se realizó en repudio al femicidio de Úrsula y en reclamo de modificaciones en la Justicia para evitar otros casos similares.

Úrsula fue asesinada a puñaladas el 8 de febrero pasado por su ex pareja, el policía de la Bonaerense Matías Ezequiel Martínez, en un descampado cercano a la ciudad de Rojas. Ella ya lo había denunciado en dos oportunidades por violencia de género y por romper el límite perimetral que se le había impuesto, pero aún así la asesinó de 15 puñaladas, después de llevarla en su auto a las afueras de la ciudad.

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