“Es inhumano vivir así”: tres madres que luchan contra la impunidad de sus parejas denunciadas por abuso sexual de sus hijos e hijas

El 25 de noviembre quedó agendado como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La fecha no es azarosa: un 25 de noviembre de 1960, las hermanas y activistas Patria, María Teresa y Minerva Mirabal fueron brutalmente asesinadas por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó República Dominicana por 31 años.

Las llamaban “mariposas”, y quizás por eso su muerte fue la crisálida que se transformó en jornada de lucha contra la violencia de género en el mundo.

Pero la gesta es persistente. Todos los días, con o sin conmemoración, mujeres en Argentina son violentadas por “trujillitos” que dominan en cada casa, con la connivencia de un enorme Poder Judicial históricamente más amigable con lo masculino.

El coronavirus no modificó la ecuación: mientras en algunos casos el ASPO se convirtió en las siglas de aislamiento que obstaculizaron el acceso a la justicia de mujeres en búsqueda de protección, en otras situaciones la misma justicia se ocupó enfáticamente de garantizar derechos de varones con denuncias por abusos. Un particular orden de factores que efectivamente altera el producto.

Revincular con el daño

“La impunidad podría resultar asombrosa si no fuera costumbre”, escribió Eduardo Galeano. Y esa idea comienza a sobrevolar cuando se conoce el devenir de ciertos procesos judiciales.

Silvina no se llama Silvina, porque nombrarla con sus verdaderos datos solo serviría para complicar el expediente en curso. Se separó hace 10 años. Su marido era violento con las hijas que tienen en común y ella pensó que ponerle fin a la pareja sería la solución a los maltratos. Pero nada ocurrió como esperaba. Por el contrario, la escena recuerda los minutos previos a un tsunami. Cuando el mar simula retirarse manso de la costa, deslizarse hacia atrás para descubrir kilómetros de playa, e inmediatamente reaparecer con la ferocidad de un tren de olas gigantes que arrasan con todo lo que se cruza en el camino.

“En las visitas en su casa era más violento con las chicas porque no había nadie para ponerle un freno. Lo denuncié por violencia, pero nos peritaron a todos juntos (incluido él) y a pesar de que nuestras hijas hablaron y hasta mi ex reconoció parte de lo denunciado, la justicia solo hizo recomendaciones y el régimen de visitas continuó. Entonces ocurrió el abuso sexual y mi segunda denuncia”. Silvina vuelve hasta los inicios del nuevo horror, cuando dos criaturas menores de seis años se animaron a contar los manoseos de su papá.

“Eran chicas y lo hablaron como pudieron en la cámara Gesell. Entre tanto avanzó la causa penal no vieron al padre. Pero cuando lo sobreseyeron se dio paso a la revinculación. Mandaron a las nenas a visitas con asistente social y aunque se informaban episodios de violencia, el juzgado nunca frenó los encuentros. Fueron muy maltratadas, fueron momentos de mucha impotencia. Nadie las escuchaba, tampoco a mí. Cada escrito que presentaba era sancionado como una madre que quería boicotear la revinculación”.

El médico psiquiatra Enrique Stola explica para Infobae por qué el sobreseimiento penal no niega la existencia del abuso: “Cuando un juzgado no tiene perspectiva de género no realiza una adecuada investigación. Y lo que normalmente hacen, en la medida en que las víctimas y sus protectoras están en situación de sospecha, es buscar los elementos para fundamentar las sospechas. Con eso se llega rápidamente al sobreseimiento”.

Ocho años pasaron y una pandemia mundial sin precedentes, pero nada cambió mucho en la vida de Silvina y su familia. Ni bien se definió el decreto de aislamiento social y preventivo, el juzgado en lo civil a cargo reorganizó lo necesario para que el contacto de las ahora adolescentes con su progenitor continuara sin falta por videollamada.

Así lo describe Silvina: “Todo se frenó con la cuarentena, hasta el colegio, pero la revinculación no. Nunca importó el llanto de mis hijas, el dolor, sus enfermedades producto de cada encuentro, ni que digan mil veces que no quieren ver a la persona que las golpeó, humilló y abusó. Para estos casos no existen pandemias, ni catástrofes. El planeta se preocupaba por un virus, pero nosotras seguíamos con la tortura silenciada de siempre. Las mamás protectoras somos presas del Poder Judicial y vivimos con miedo por los seres que más amamos, los vemos sufrir, los vemos temer. La pandemia no es lo peor que nos pasó”.

Y continúa: “Perdí muchas cosas de mi identidad en este proceso. Mi alegría, mi salud, mi desempeño laboral, la felicidad de acompañar a mis hijas en su crecimiento, disfrutándolo como cualquier mamá que ama ser mamá… porque yo lo amo. Perdí además la libertad de decir mi nombre y de gritar pidiendo justicia, porque todo repercute con más fuerza como violencia judicial sobre nosotras, en un círculo del cual no podemos escapar. Jamás creí que este submundo de silencio y de dolor existía. Acudí a la justicia esperando protección, ni siquiera castigo. Pero es una desesperación permanente cada fallo, cada escrito, cada funcionario que interviene en la causa. Es inhumano vivir así”.

Good Show

Laura también pide ser rebautizada. Lo pide con bronca, con pocas ganas, no es su deseo, pero sabe que es su deber si no quiere que su hijo pague las consecuencias de hacer pública la historia. Un hijo que cumplió 11 años, pero que a los cuatro recién estrenados fue abusado sexualmente por su papá.

“En el Hospital Durán me informaron la sospecha de abuso y que tenía que denunciar. El proceso penal fue un desastre y yo quedé muy desarmada. No tenía abogado, se hizo todo mal y la causa terminó en un sobreseimiento en primera instancia, que no apelé porque me avisaron una semana después. En paralelo, el juzgado civil fue bastante respetuoso esperando que se resolviera la parte penal. Pero con el sobreseimiento comenzó la batalla de la revinculación con el nene y a mí me quisieron imputar una falsa denuncia que el juez denegó”, cuenta Laura.

La acusación de falsedad contra las llamadas mamás protectoras es un reiterado artilugio en los procesos judiciales de familia. Virginia Berlinerblau, médica especialista en Psiquiatría Infanto Juvenil y en Medicina Legal, divide en tres tipos de denuncias: las sustanciadas (o probadas); las insustanciadas y las falsas. Las insustanciadas incluyen aquellas donde la evidencia es insuficiente según el criterio de quien lleva el caso, sin que esto necesariamente refleje una denuncia falsa.

En sus investigaciones, Berlinerblau da cuenta de la complejidad del asunto: “Las denuncias de incesto y abuso sexual infantil (ASI) son particularmente difíciles de adjudicar. La naturaleza del hecho lo convierte en un evento privado, raramente hay testigos más allá del acusado y de la niña o niño, frecuentemente involucra a niños pequeños con habilidades verbales y cognitivas limitadas, no suele haber lesiones físicas -o si las hay no suelen identificar al perpetrador- y no existen criterios diagnósticos y/o algún síndrome de ASI unívoco y formalmente reconocido. Tampoco hay un perfil psiquiátrico o tests psicológicos que permitan identificar al abusador sexual de niños o excluirlo con certeza de dicha categoría. De ahí, la importancia de profesionales forenses que incorporen la perspectiva de infancia y de género en las investigaciones”.

El estudio revela que, contrariamente a la opinión popular instalada, las denuncias de abuso sexual se encuentran solo en el 2% de las disputas por custodia y de estas últimas únicamente del 8% al 16,5% son falsas, con la salvedad de que el número de denuncias falsas puede ser “erróneamente” confundido con los casos que no llegaron a confirmarse porque la evidencia resultó insuficiente durante el abordaje penal.

Laura retoma su recorrido fangoso en lo civil: “Una abogada me dijo que tengo que decir a todo que sí, porque si me opongo me genera un problema mayor. Por ejemplo, está la posibilidad de que hagan una reversión de tenencia. Entonces voy siempre con la cabeza gacha”.

En las últimas pericias, el Cuerpo Médico Forense escuchó de boca del nene lo que vivió de más pequeño con su papá y por qué no quiere verlo. El mismo equipo profesional diagnosticó que el adulto en cuestión padece un trastorno de personalidad narcisista. La revinculación, sin embargo, siguió su curso.

Para colmo, cuando parece que nada puede ponerse peor, la realidad se empeña en superar la ficción: en plena cuarentena, este padre pidió que se abriera la feria para encontrarse virtualmente con su hijo.

“Por meses no salimos ni al supermercado para cuidarnos, pero en agosto nos obligaron a ir hasta un organismo, entrar a un ascensor mínimo y a estar en una sala con otras personas con el único fin de hacer efectivo el pedido de encuentro virtual del progenitor. Lo más triste es que el tipo nunca se conectó. Mi hijo con 11 años tuvo que pasar por un enorme estrés. Quedó irritado, enojado. A la angustia general de la pandemia, esta situación lo terminó de estallar y empezó a no poder dormir de noche”, dice Laura sobre el peregrinaje.

La sagrada familia

Otra de las ficciones que pueden vivirse en un proceso judicial por maltrato infantil resulta de los caminos paralelos entre el ámbito penal y civil. Porque mientras se investiga el delito penal la suspensión (o no) del régimen de visitas entre víctima y persona denunciada queda a criterio del magistrado o magistrada, y en civil muchas veces prima el intento por reconstruir la familia.

Sofía (que tampoco se llama Sofía) denunció en 2018 el abuso sexual de su hija de siete años. La expansión atropellada de la COVID-19 obligó a un parate al mundo y la causa penal quedó en pausa. Pero no sucedió igual en el fuero civil, que utilizó los tiempos del encierro para ordenar la revinculación paterno filial aun con causa penal abierta y basando su decisión únicamente en el informe de cámara Gesell.

Paula Wachter, Directora Ejecutiva de Red por la Infancia, pone luz sobre lo que implican los abordajes fragmentados: “La justicia civil no puede interferir en una investigación penal hasta que concluya para evitar lo que se conoce como ‘contaminación de la prueba’. Es una maniobra que entorpece el debido proceso, revictimiza y garantiza la imposibilidad de esclarecer los hechos y, en consecuencia, la impunidad del agresor. Por otro lado, cuando en este caso la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil toma solo un fragmento de la prueba de la causa penal extralimita su ámbito de competencia. Finalmente, es un mensaje contradictorio para la criatura que sufrió el abuso: la justicia protege e investiga sus relatos, a la vez que la expone a visitas con el presunto agresor”.

A por todo

El abuso sexual contra las infancias es parte de la violencia de género y de la cultura de la violación que existe en nuestras sociedades. La trampa del callejón sin salida queda a la vista cuando entendemos que las ciencias jurídicas y la justicia son un reflejo social.

En diálogo con Infobae, y tras 23 años como jueza con competencia en procesos de familia, Graciela Jofre comparte algunos de los aprendizajes de su experiencia: “Cuando una mujer denuncia penalmente el incesto paterno se produce una reacción casi inmediata del varón denunciado en el proceso civil haciendo uso de figuras jurídicas del Derecho de Familia, como el cuidado personal de hijos e hijas o la petición de un régimen comunicacional, cuyo objetivo primordial es forzar judicialmente la revinculación. Es en el proceso de familia donde operan las presiones hacia la madre protectora, los niños, niñas y adolescentes, y hacia todo profesional u operador de la justicia que valide la existencia de los abusos sexuales paternos. La mujer que se atreve a denunciar los abusos sexuales de su pareja a sus hijas e hijos suele ser estigmatizada porque viene a quebrar el silencio ancestral del incesto”.

Dar espacio y crédito a la palabra. Arrancarla de las sombras. Aunque no duela menos, seguro se aliviana. Una quijotada que, sin embargo, no pasa inadvertida, que debe transformarse en lección correctiva. A todo nivel. También en lo económico: dejar a esas mujeres que creyeron, que avalaron los dichos, sin recursos para seguir sosteniendo lo indecible.

“Entre honorarios, multas, peritos y regulaciones pagué un monto equivalente a un departamento... y yo alquilo. Además me acostumbré a no pedir lo que económicamente le corresponde a mis hijas, porque todo lo que haga se lee como ‘la madre obstructora y conflictiva’. En la cuarentena, por ejemplo, mi ex depositó mucho menos de lo acordado y me prohibieron reclamar esa diferencia”, cuenta Silvina.

Los cuerpos tampoco se libran de los costos de enfrentar semejante cadena de impunidad. Cuerpos obligados a resistir mientras miman, mientras abrazan y ayudan a sanar los cuerpitos rotos por el abuso.

Laura es consciente de los efectos en su propia geografía: “En un momento comenzaron las terapias de coparentalidad, en las que me obligan a encontrarme con el violento. Es muy fuerte lo que generan esos cruces. Lo único que me permite hacerlo es pensar que prefiero poner el cuerpo yo y no el nene. Pero internamente no es gratuito. Después de las primeras sesiones tuve problemas ginecológicos”.

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