“La despenalización y la legalización del aborto son medidas esenciales para proteger debidamente el derecho a la salud y a la vida de las mujeres. Este informe se propone mostrar el costo humano que ha tenido el rechazo en el Senado argentino en agosto de 2018 del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, incluidas las múltiples barreras que las mujeres y niñas deben enfrentar a la hora de acceder al aborto al que tienen derecho por ley”, explicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización internacional Human Rights Watch, al dar inicio a la presentación virtual del informe “Es hora de saldar una deuda: El costo humano de las barreras al aborto legal en Argentina”.
Para enmarcarlo en un aquí y ahora que avanza en sintonía con otros lugares del mundo, Vivanco remarcó: “La discusión del aborto no es teórica, tiene que ver directamente con el goce de los derechos fundamentales de las mujeres. En países donde el aborto se encuentra fuertemente restringido, como en Argentina, la tasa de aborto es mayor que en aquellos donde está permitido. Esperamos que Argentina se pueda sumar a la tendencia global legalizando el aborto para proteger la vida de mujeres y niñas de manera urgente”.
Es que hablar de la urgencia por legalizar el aborto en nuestro país en medio de una pandemia global sin precedentes no debería sonar contradictorio: los tiempos de confinamiento obligatorio recrudecieron las restricciones al acceso a los servicios de salud reproductiva, y la atención de las consecuencias de los abortos ilegales aportan a la sobrecarga del sistema de salud, también en épocas de coronavirus.
Así lo explicó Sabrina Cartabia Groba, co-autora del documento junto con Sonia Ariza Navarrete y Paula Ini: “Se genera sobrecarga cuando hay que darle atención a mujeres que abortan con métodos inseguros y que llegan al sistema de salud con las consecuencias de esa práctica. En todo caso, la legalización supone una inversión en salud porque sería, de alguna manera, preventivo y evitaría el costo humano y en términos sanitarios que tiene hoy la ilegalidad”.
El laberinto de la clandestinidad
Para la elaboración del informe, desde Human Rights Watch entrevistaron a profesionales de la salud, abogadas/os y activistas de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires entre noviembre de 2019 y febrero de 2020. Además, documentaron las historias de mujeres y niñas cuyas situaciones se encontraban previstas dentro de las causales legales y, sin embargo, tuvieron que atravesar numerosos obstáculos para acceder al aborto y a la posterior atención médica.
A lo largo de las 86 páginas de investigación, se detallan cuáles son y cómo funcionan las barreras que perjudican el pleno ejercicio del derecho al aborto y su impacto mayor en adolescentes, personas de bajos recursos o que viven en zonas rurales.
Verónica R., de 25 años, solicitó en el hospital cercano a su casa que se le realizara una ligadura tubárica, pero un ginecólogo le dijo que era demasiado joven y quizás en el futuro desearía tener hijos. Cabe recordar que Argentina incorporó por ley hace 14 años la ligadura de trompas de Falopio y la vasectomía como métodos electivos de anticoncepción definitivos en los servicios del sistema de salud, a partir de la autodeterminación de las personas mayores de edad y sin necesidad de consentimientos conyugales, indicaciones terapéuticas o autorizaciones judiciales. El ginecólogo, además, se negó a brindarle cualquier tipo de método anticonceptivo basándose en sus creencias personales.
En abril de 2019 Verónica R. quedó embarazada y a las seis semanas de gestación bajo la causal salud solicitó que se le practicara un aborto. Los y las profesionales del establecimiento se negaron sin indicar el motivo y en otra clínica le dijeron que el embarazo ya estaba demasiado avanzado. Ante la desesperación, Verónica consideró la posibilidad de lanzarse contra un auto. Recién a las 20 semanas, y a partir del contacto con una organización feminista, un equipo médico le realizó el aborto en una localidad ubicada a cuatro horas de distancia de su casa.
Según la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), pese a la legislación existente solamente la mitad de las mujeres que utilizan anticonceptivos los obtienen de manera gratuita a través del sistema de salud público, y las mujeres y niñas de sectores de bajos recursos y de zonas rurales tienen una capacidad desproporcionadamente menor de poder acceder a anticonceptivos gratuitos.
La falta de recursos económicos y de acceso a la información son también enormes trabas que enfrentan las personas gestantes. Al no contar con información oportuna se recurre a métodos clandestinos o inseguros, no acceden a la práctica, o llegan al sistema de salud con embarazos muy avanzados. Y aún cuando una persona embarazada puede acceder a un aborto legal, los costos suelen ser muy difíciles de afrontar: comprar misoprostol en su formato de 12 píldoras supera los $5000.
“Estamos observando que se ha vuelto a usar el perejil. Es barato, fácil de conseguir y duele menos que otros métodos inseguros, como sondas, agujas de tejer y perchas”, manifestó a Human Rights Watch una activista feminista sobre la decisión desesperada de muchas mujeres pobres de introducirse tallos de perejil o de apio en la vagina hasta el útero para provocar sangrado e interrumpir los embarazos. El doloroso símbolo de la inequidad en Argentina.
Otro empujón a la clandestinidad son los límites arbitrarios sobre la edad gestacional y el maltrato profesional. Human Rights Watch documentó cinco casos en diferentes provincias de mujeres que solicitaron abortos legales y se encontraron con que los centros de salud imponían reglas informales basadas en las semanas de gestación, causando así demoras burocráticas innecesarias y, muy especialmente, riesgos y sufrimiento emocional.
Esa fue la historia de Leticia H., de 19 años, que en septiembre de 2019 se dirigió a un hospital público en el norte de Argentina para interrumpir un embarazo producto de una violación. En ese momento, estaba en la semana número 17 de gestación y en el hospital le negaron la práctica alegando, sin fundamento legal, que el hospital solo realizaba abortos hasta la semana 16. Leticia tomó medicamentos para inducir un aborto por su cuenta, que no se produjo de forma completa y le generó riesgo de infección. Cuando volvió al hospital, el personal de salud la hizo esperar dos horas antes de atenderla. “Si te gustó hacerte un aborto, ahora tenés que esperar”, le dijo una empleada. Leticia estaba sufriendo una hemorragia y se desmayó varias veces en el pasillo de la sala de urgencias.
El foco sobre los y las profesionales de la salud también da cuenta del miedo a la persecución penal que les genera no comprender acabadamente qué situaciones están cubiertas por la causal salud.
Según el informe de Human Rights Watch, y a pesar de las específicas definiciones de salud del Protocolo Nacional y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el sistema sanitario argentino se ha interpretado de manera arbitraria y sin un criterio uniforme qué constituye una amenaza para la salud de una persona gestante: “A menudo, los riesgos que afectan la salud mental de una persona gestante o las circunstancias sociales que inciden en las dimensiones física o mental no se consideran criterios suficientes para garantizar el derecho a un aborto legal. En la práctica, todo depende del centro médico al cual acuda la mujer”.
Una cuestión de conciencia
En Argentina, la objeción de conciencia garantiza el derecho de una persona a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Sin embargo, el ejercicio de ese derecho no es absoluto ni debe operar como un impedimento de acceso a la salud y a la prestación de servicios.
Pero ya avisa el dicho que del “hecho al trecho… hay un largo trecho”, y entonces ocurre que en los establecimientos (y hasta en provincias enteras) que presentan objeción de conciencia se ve significativamente afectada la realización de derivaciones eficaces y oportunas para el acceso a un aborto.
En diálogo con Infobae señala Tamara Taraciuk Broner, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch: “En la práctica, permitir la objeción de conciencia institucional equivale a prohibirle acceso a la práctica del aborto a personas gestantes, en particular aquellas con menos recursos que no pueden pagar un aborto seguro o que viven en zonas rurales o remotas donde deben viajar largas distancias para llegar a otro centro de salud. El resultado no es que los abortos no ocurren, sino que ocurren de manera insegura, poniendo en riesgo la vida y la salud de estas mujeres y niñas”.
Y continúa: “Si un Estado dispone la objeción de conciencia en el cuidado de la salud, esta debe ser ejercitable solo por profesionales de la salud de manera individual. Donde esté permitido, debe estar previsto en la ley y solo podrá ser utilizado si existen mecanismos efectivos de derivación para garantizar que la objeción de conciencia no sea una barrera que impida acceder al aborto legal. El ejercicio de la objeción de conciencia no se debe permitir en situaciones de emergencia y otras situaciones de atención urgente”.
El poder simbólico de la criminalización
El informe “Es hora de saldar una deuda: El costo humano de las barreras al aborto legal en Argentina” plantea que el modelo punitivo actual de criminalización del aborto influye sobre las construcciones sociales y refuerza estereotipos negativos. Como efecto, las personas gestantes se sienten disuadidas de solicitar el acceso a prácticas seguras y acuden a abortos por fuera del sistema de salud. Además, se intensifica la estigmatización social del aborto y el miedo a la “caza (penal) de brujas”.
La criminalización del aborto funciona, así, más por su poder simbólico que por su cumplimiento efectivo. Aunque abunden los relatos de “represalias” de todo tipo.
Una médica y una trabajadora social compartieron con las autoras del reporte presentado que, durante 2018, con el objeto de desintegrar a equipos médicos que brindaban servicios de aborto, las autoridades transfirieron a profesionales de la salud que realizaban abortos a otros centros médicos o los despidieron del sistema sanitario público. Algunos fueron “obligados por sus superiores a declararse objetores de conciencia o a negarse a prestar el servicio”.
El informe de Human Rights Watch finaliza con una serie de recomendaciones a los distintos niveles de gobierno que apuntan a proteger los derechos a la vida, la integridad física, la salud, la no discriminación, la privacidad, la libertad, la información, la igualdad, la libertad de religión y de conciencia, y el derecho a decidir sobre el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos.
Durante la conferencia virtual, el director para las Américas, José Miguel Vivanco, reconoció el compromiso del actual gobierno argentino con el tema: “Hemos podido compartir gran parte de los resultados de esta investigación con la Secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y con legisladores y legisladoras protagonistas en los últimos años de los esfuerzos para despenalizar y legalizar el aborto. El gobierno, encabezado por Alberto Fernández, se ha comprometido a enviar al Congreso un proyecto de ley para, de ser aprobado, ajustar las políticas y las prácticas internas argentinas a los estándares internacionales. No nos dieron fechas precisas. La presentación del proyecto está demorada por la pandemia. De cualquier manera, no podemos dejar de lado una cuestión que constituye una deuda pendiente con la sociedad argentina”.
SEGUÍ LEYENDO: