
Luego de que la semana pasada trascendiera el caso de las dos primeras personas con coronavirus en la Villa 31 del barrio porteño de Retiro, se confirmaron en las últimas horas 11 casos nuevos de COVID-19, según corroboraron a Infobae fuentes del gobierno porteño.
En total ya son 13 los casos positivos y, de acuerdo con la primera información oficial, todos los contagiados tuvieron algún contacto entre sí “por cuestiones familiares o laborales”.
“Hacemos un seguimiento de los contactos estrechos, lo cual está permitiendo detectar posibles síntomas y aislar los casos a tiempo. Esto es fundamental para que el contagio dentro del barrio suceda de manera más lenta”, indicaron desde la Secretaría de Integración Social y Urbana de la ciudad, y señalaron que las autoridades mantienen contacto permanente tanto con los pacientes como con sus familias.

Sin embargo, cuando la pandemia de coronavirus llegó a la Argentina y se estableció la cuarentena obligatoria en todo el país como medida preventiva, el ingreso y la expansión del virus en los barrios más vulnerables de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde también es preocupante la problemática del dengue, fue una de las primeras preocupaciones. Allí en general la situación habitacional es precaria, muchos recursos escasean y la emergencia sanitaria no puede ser enfrentada de la misma manera.
Los tres primeros casos conocidos correspondían a tres mujeres de 43, 36 y 37 años, respectivamente. La información personal sobre los pacientes es escasa porque otro de los problemas que surgen a partir de los contagios −y este barrio no es la excepción− es el hostigamiento contra las personas infectadas.
Cada vez que un habitante de la Villa 31 presenta síntomas de COVID-19 se realiza el mismo procedimiento y se cumple el protocolo de triaje físico: si se confirman los síntomas, el paciente es derivado desde el Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) N° 21 hasta una Unidad Febril de Urgencia en un hospital de la Ciudad para la realización del test.

El “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, sin embargo, no se aplica de la misma manera en las villas porteñas que en un barrio residencial. Las viviendas en general cuentan con escasas condiciones de higiene y hay hacinamiento. En habitaciones mínimas con poca ventilación donde conviven varias personas es difícil pensar en un acatamiento correcto de la cuarentena, que por otra parte golpeó las actividades laborales (muchas veces informales) y provocó un aumento de demanda en los comedores comunitarios.
El propio Alberto Fernández refirió durante una de sus conferencias de prensa que en los barrios más humildes del Gran Buenos Aires es más difícil “controlar de manera individual” y sugirió establecer una suerte de “cuarentena comunitaria” donde nadie puede entrar o salir del barrio.

Uno de los primeros casos que provocaron alarma en cuanto a la situación del coronavirus en villas y asentamientos de la ciudad fue el de Andrea Gómez, una mujer de 49 años que vivía en la Villa 1-11-14, la más poblada de la Ciudad de Buenos Aires, y era empleada en el área de limpieza del Senado.
A principios de abril debió ser internada en la Clínica Santa Isabel del barrio de Flores por un cuadro de neumonía y falleció a los dos días. Tras su muerte, los resultados de un hisopado previo comprobaron que tenía COVID-19. Uno de sus dos hijos también debió ser internado.
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