Suspendieron las salidas transitorias de presos por el riesgo de contagio del coronavirus

Los cinco jueces nacionales de Ejecución Penal -los encargados del control de la pena de los condenados- resolvieron ayer suspender hasta el 31 de marzo las salidas transitorias de los internos que tienen esa disposición. El objetivo de la medida es que los presos que salen y vuelven a la cárcel no sean afectados por el coronavirus y ser transmisores a otros internos.

La medida alcanza a entre 80 y 100 personas, entre hombres y mujeres, que están alojados en distintas cárceles federales del país, informaron a Infobae fuentes judiciales. La decisión ya fue comunicada al Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Las salidas transitorias son las que le permiten a los presos estar fuera de prisión por el día. Por ejemplo, lo hacen para ir a la universidad, hacer cursos o estar con su familia. Esas salidas las reciben los que están en la etapa más avanzada de la condena y la ley las establece como un acercamiento a la libertad para cuando la recuperen definitivamente.

La decisión de suspender las salidas transitorias la tomaron los jueces de Ejecución Penal José Arias, Marcelo Peluzzi, Jimena Monsalve, Axel López y Vilma Bisceglia. Alcanza a los detenidos que están bajo su jurisdicción.

Lo hicieron ante la declaración de emergencia sanitaria por la pandemía del coronovirus y tras las medidas que dispuso el domingo el presidente Alberto Fernández de restringir la circulación de personas. “Las cárceles tienen población de riesgo frente al coronavirus y la salida de presos puede generar que se contagien y llevar el virus a la cárcel que podría afectar a otros internos. Lo que queremos evitar es el contagio”, explicó una fuente judicial.

La suspensión no implica que los presos pierden las salidas transitorias. Solo se suspenden hasta el 31 de marzo, el mismo período de restricciones que fijó el gobierno. Pero en la resolución los jueces aclararon que la suspensión “podrá eventualmente prorrogarse en caso que persista la emergencia sanitaria”. También especificaron que los presos serán compensados a futuro con las salidas perdidas.

“Suspender hasta el 31 de marzo inclusive la ejecución de las salidas transitorias y regímenes de semilibertad que se encontraran otorgados por los juzgados de mención, posponiéndose su usufructo a futuro”, sostiene la resolución a la que accedió este medio y que fue enviada a Emiliano Blanco, titular del SPF, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.

Infobae preguntó si esta medida no podría generar reclamos judiciales de quiénes pierden las salidas. Dos fuentes coincidieron en la respuesta: “No deberían porque no tienen un agravio. Es una medida protectora para ellos y toda la población penal ante una emergencia que pasada van a recuperar las salidas”.

Sin embargo no descartan que pueda haber presentaciones judiciales. Por eso comunicaron su decisión a otros jueces y tribunales para que conozcan los fundamentos de su decisión. “Expresamos nuestra honda preocupación por el aseguramiento del derecho a la salud de toda la población penitenciara, en tanto, por tratarse de espacios de alojamiento que funcionan como comunidades cerradas, deben extremarse los cuidados para que aquellas personas con condiciones preexistentes -que las convierte en población de riesgo-, no tomen el contacto con el virus y sean atendidas conforme las medidas más adecuadas para cada uno de sus perfiles”, explicaron los magistrados en su resolución.

Ante la emergencia por el coronavirus los jueces de ejecución penal tomaron otras cinco medidas “protectivas y preventivas" dirigidas al SPF. Una es que se refuercen las áreas de sanidad de las 35 cárceles del SPF para los grupos de riesgo. También controles a todo el personal penitenciario y a las personas que a diario ingresan a la cárcel, incluso que se analice si no deben restringirse.

El SPF dispuso el viernes que se confeccione un listado de todos los presos que son población de riesgo y que un contagio de coronavirus podría agravar su cuadro de salud, como los mayores de 65 años, embarazas, diabéticos, con enfermedades cardíacas, oncológicos en tratamiento e inmunosuprimidos, entre otros. El objetivo es que con esa información los jueces que tiene las causas determinen si no deben recibir medidas alternativas a la cárcel, como la prisión domiciliaria. Sobre este punto los jueces de ejecución penal pidieron que el listado cuente con un detalle de si a esos internos no se les puede garantizar el derecho a la salud en la cárcel. Si no es posible deben informar su domicilio y otros datos de relevancia para analizar una eventual detención domiciliaria.

Los jueces le pidieron al SPF que analice si conviene mantener el ingreso de visitas de los internos hasta el 31 de marzo. Y si la autoridad entienden que deben ser suspendidas los magistrados pidieron que los presos cuenten de manera gratuita con tarjetas telefónicas y que se refuercen la cantidad de líneas telefónicas en los pabellones de las unidades para no perder el contacto familiar. También que se garantice la entrega de encomiendas que los internos reciban.

Desde el SPF ya tomaron medidas para evitar la expansión del coronavirus en la prisión. Se activó un protocolo de actuación con medidas de vigilancia y detección temprana del virus, crearon un comité de crisis y dispusieron dos salas de aislamiento. Una en el Hospital Penitenciario Central de la cárcel de Ezeiza y otro en en la Unidad 21, que es el Centro Penitenciario de Enfermedades Infecciosas, ubicado en la ciudad de Buenos Aires.

Pedidos de prisión domiciliaria

La defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, dictó ayer una resolución por la que le recomendó a los defensores oficiales que “renueven o agilicen los pedidos de libertad o morigeración de la situación de encierro de las personas cuyas defensas ejercen, cuando se puedan incluir en el grupo de personas en riesgo ante la pandemia de coronavirus COVID-19”.

Lo hizo ante la declaración de pandemia del virus, las medidas de emergencia que se tomaron en el país y la realidad de las cárceles con sobrepoblación e internos que integran los grupos de riesgo. Martínez destacó el derecho a la salud de las personas privadas de la salud e hizo hincapié en las mujeres, uno de los grupos más vulnerables.

Así, la defensora general también pidió a los defensores -que son los abogados públicos- que “presten especial atención a la situación de salud de las personas privadas de libertad, frente a la pandemia, y que verifiquen y reclamen cuando sea necesario que se asigne el tratamiento adecuado”. Y le solicitó a la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, un protocolo específico para la prevención y protección del coronavirus en contexto de encierro".

En la justicia descartan que en los próximos días serán muchos los pedidos de prisión domiciliaria que llegarán desde las cárceles, sobre todo de grupos de riesgo. “Hoy ya recibí dos y abogados ya me adelantaron que vendrán más”, le dijo a Infobae un juez penal. Hoy lo pidió el ex secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, detenido y condenado por la tragedia de once. Lo hizo por su edad, tiene 62 años, y el cuadro de salud que atraviesa.

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