El edicto es un mandato publicado por una autoridad con el propósito de promulgar una disposición. Es un documento informativo que instruye, entre otras resoluciones, sobre remates judiciales. El doctor Hernán Diego Papa a cargo del Juzgado Nacional de primera instancia en lo Comercial N° 12 comunicó en autos la subasta del "FIDEICOMISO ESTRELLA DEL SUR S/LIQUIDACIÓN JUDICIAL S/INCIDENTE DE VENTA", tal como figura en la nomenclatura del edicto. Era la solución para resolver el destino del "Elefante Blanco" de Avellaneda.

El remate debía comenzar a las 12:30 en punto en la sede de la oficina de Subastas Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ubicada en Jean Jaures 545 de la Ciudad de Buenos Aires. El juez dispuso que la puja previa termine a las once de la mañana a fin de liberar el edificio de agentes externos a la subasta del proyecto inmobiliario. Ordenó estricto recelo a los concursantes y al cuerpo de martilleros y estableció dos requisitos ineludibles para participar en el acto: "Identificarse previamente con documento de identidad y, en caso de corresponder, exhibir y acreditar personería exhibiendo las actas y/o poderes que los habiliten para ofertar en nombre de terceros" y "demostrar contar con el dinero y/o los valores necesarios para abonar los importes correspondientes (seña, sellado, arancel y comisión más IVA)".

La puja iba a estar a cargo de los martilleros Eduardo Saravia, Jacinto E. López Basavilbaso y Juan Antonio Saráchaga
La puja iba a estar a cargo de los martilleros Eduardo Saravia, Jacinto E. López Basavilbaso y Juan Antonio Saráchaga

Los oferentes estaban citados media hora antes en las oficinas de la sede. "Quienes no cumplan dichos requisitos no podrán ingresar al edificio judicial", reza el escrito. Una oficial de policía era el filtro de acceso: contaban con autorización de ingreso aquellos que presentaran un oficio judicial, de lo contrario no lograban ver más que el mostrador de recepción. Por las características públicas de este remate, el juzgado decidió establecer estas restricciones.

La base fue de veinte millones de dólares. No se presentó ningún oferente y era previsible: debían dar crédito de tener esa suma en blanco. Los martilleros estimaban con anticipación que el remate no iba a prosperar. La situación económica de volatidad cambiaria e inestabilidad financiera tampoco era proclive. Familias estafadas del emprendimiento se acercaron a la sede judicial y hasta pudieron intercambiar palabras con el juez Hernán Papa, titular del juzgado Comercial 12. Según informaron desde las oficinas de los martilleros a Infobae, el procedimiento habitual de las subastas ante la nula presentación de postores es convocar a un nuevo remate con una reducción del 25% de la base. La determinación deberá ser sancionada por el magistrado: podrá haber una nueva puja dentro de un mes con un piso de 15 millones de dólares.

La labor del juez es convalidar que la liquidación del patrimonio tenga un curso legal y supervisar que el inmueble no se entregue a valor vil, a efectos de que los damnificados puedan recuperar la mayor inversión posible. El magistrado le pedirá a los martilleros que le otorguen el "mejor menor valor" de una base retasada para coordinar una segunda convocatoria de remate. El peor escenario -y la última opción- es que el inmueble salga a subasta sin valor de base.

Propietarios adherentes del fideicomiso dialogaron en la puerta de la sede con el juez Hernán Papa
Propietarios adherentes del fideicomiso dialogaron en la puerta de la sede con el juez Hernán Papa

Fuentes judiciales le advirtieron a Infobae que el hecho de que no se haya presentado ningún oferente puede ser una estrategia de especulación. Es un maniobra común de un inversionista interesado que ante la ausencia de competidores decide no inscribirse en la primera citación para provocar la disminución del precio base. Según estimaciones del entorno judicial, son más de 600 las familias que están expectantes por la resolución. En caso de finalmente celebrarse el remate del complejo, existe ya un orden de prioridades de pago: antes de abonarle a los propietarios acreedores, se deberán cubrir todos los gastos (honorarios del síndico, luz y seguridad del predio).

En principio, se desestimó en la puja que los acreedores titulares en calidad de adherentes al fideicomiso pueden sumar sus acreencias de origen en pos de compensar la base de remate o el eventual precio de venta que resultase de la subasta. "Venta al contado, ad-corpus y al mejor postor" fue el sistema de compra. La comisión era del tres por ciento y la seña, del treinta. "Todos los presentes habilitados para participar en el acto podrán efectuar sucesivas e ilimitadas mejoras, con la única limitación de que cada oferta represente un incremento de al menos U$S 10.000.- (diez mil dólares) con relación a la anterior", dictaba la norma. No hubo tales ofrecimientos: el monumental inmueble no pudo ser colocado.

Localizado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 550/650, el complejo de torres Estrella del Sur es, según la descripción de la subasta, un importante emprendimiento inmobiliario en construcción avanzada. De acuerdo a un informe de la Universidad Tecnológica Nacional la obra está completa en un 41,21%, aunque el porcentaje obedece en términos globales, puesto que el edificio registra diferentes estados de avance. Son cuatro torres de 27 pisos cada una, con 924 departamentos de viviendas multifamiliares, distribuidos en 425, 350 y 125 departamentos de dos, tres y cuatro ambientes, respectivamente, como así también 24 tipo dúplex, más 718 cocheras (525 cubiertas, 192 descubiertas y una doble).

El documento que anunciaba los requisitos y la implementación de la subasta (Fotos Patricio Murphy)
El documento que anunciaba los requisitos y la implementación de la subasta (Fotos Patricio Murphy)

Ocupa un lote de 104.000 metros cuadrados, que da sombra a las vías del Ferrocarril Roca. Dispone de espacios comunes concebidos para amenities como salones de uso múltiple, parque de juegos infantiles, dos piletas -una al aire libre y la otra interior climatizada-, gimnasio comunitario, sauna, guardería y jardín de infantes, más una galería comercial pensada para atenuar el valor de las expensas.

900 familias denuncian haber sido estafadas. En 2010 comenzaron las obras de un emprendimiento que involucraba a Bapro Mandatos y Negocios, Círculo Inmobiliario Emprendimientos y Bainter, que coordinaron la organización de un fideicomiso para construir y vender las unidades, en conjunto con adherentes que abonaron una suma mensual por la posesión. Dos años y medio después, se evidenció un desfasaje entre el ritmo de actualización de las cuotas y la inflación: 287 acreedores abandonaron el proyecto por no poder cumplir con los plazos. Desde Bapro señalaron a la agencia Télam que la obra se paralizó porque "la cantidad de adherentes al fideicomiso se redujo drásticamente en los últimos años previos a su liquidación judicial, como también se redujeron los aportes de fondos para avanzar con las obras".

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