Ordenan readecuar las peatonales del Microcentro tras reclamo de personas con discapacidad

Desde hace años, el Gobierno de la Ciudad avanza con la peatonalización de las calles del casco histórico para adecuarlo a un entorno "amigable" y darle prioridad a los transeúntes. Y si bien la medida benefició a peatones y turistas que caminan por la city, las modificaciones complicaron el acceso de las personas con discapacidad. Con pequeños conos de cemento, maceteros ornamentales y el achicamiento de la calzada -y en algunos casos, con bicisendas-, el gobierno porteño no calculó en dejar lugares destinados a este sector que, según estimaciones oficiales, representa el 10% de la población.

"Si quiero ir a cualquier banco no tengo posibilidades. Tampoco puedo realizar ningún trámite o diligencia en el Microcentro", afirmó Alejandro Groglio,  un abogado con discapacidad y representante de la ONG Asociación Inquietudes Ciudadanas.

La entidad civil que encabeza Groglio obtuvo una medida cautelar que ordena al gobierno porteño a elaborar, en un plazo de sesenta días, un "plan"que contemple el reclamo de los afectados. La presentación "deberá determinar la cantidad de espacios suficientes para que las personas con discapacidad puedan estacionar sus vehículos debidamente identificados durante un tiempo razonable", señala la jueza Cecilia Mólica Lourido, titular del Juzgado N°20 en lo Contencioso Administrativo y Tributario.

La sentencia alcanza a la zonas delimitadas por las avenidas Santa Fe y Leandro N. Alem, y las calles Rivadavia y Carlos Pellegrini. Pero desde la asociación civil confían en poder extender estos requisitos a todas las calles de la Capital Federal. "Es un logro importantísimo", advirtió Groglio sobre la resolución con fecha del 28 de diciembre.

"La jueza se hizo eco de nuestros planteos que se basan en la Constitución Nacional y tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", consideró el representante legal. "El Estado tiene que adoptar todas las medidas administrativas tendientes a que las personas con discapacidad tengan libre accesibilidad y puedan desarrollar actividades como cualquier otra persona, incluida la libertad de tránsito", fundamentó.

La vida, más complicada

En la actualidad, una persona con discapacidades motrices puede hacer uso de su derecho a contar con espacios "reservados" en la vía pública. También pueden tramitar la franquicia legal de libre estacionamiento, que se visibiliza en los coches con la tarjeta celeste del "Símbolo Internacional de Acceso".

Lo cierto es que el plan de peatonalización porteño "olvidó" contemplar estas necesidades.

De acuerdo al expediente, el "Plan Microcentro" consistió a grandes rasgos "en la ampliación y renovación de las veredas, dando mayor posibilidad de expansión y uso del espacio público, priorizando al peatón". Para llevar a cabo tal fin, el proyecto contempla un "ordenamiento de dársenas de carga/descarga" de mercaderías, así como la "adecuación de paradas de transporte público y de taxis".

La Ciudad alegó que esos espacios podrían ser utilizados para que la población con movilidad reducida pueda subir y bajar de sus vehículos. Pero la jueza Lourido rechazó el criterio y afirmó que las dársenas son insuficientes para garantizar la accesibilidad.

"La peatonalización agravó el problema para nosotros. En el Microcentro hay zonas críticas tanto en el tránsito como en el estacionamiento. En las proximidades a las esquinas pusieron terribles macetones y delimitaron sectores donde no se puede acceder ni estacionar. El discapacitado motriz necesita tener un estacionamiento lo más cerca posible porque no puede caminar muchas cuadras", apuntó Groglio.

En esta línea, la jueza ordenó al Gobierno de la Ciudad a que contemple los espacios o dársenas ya existentes, construir o definir nuevos espacios de estacionamiento "o bien ejercer tales opciones a la vez".

Desde el punto de vista de la ONG, las calles deben contar con espacios exclusivos"en una porción no menor a dos (2) por cuadra y en ambos lados de cada arteria", y que sean cercanas a cada esquina. Además, exigen la remoción de los "conos de restricción de estacionamiento" característicos de las peatonales.

La magistrada Mólica Lourido admitió que los bolardos constituyen un "obstáculo físico" para hacer un uso efectivo de la franquicia de libre estacionamiento. El fallo señala que este tipo de objetos "limitaría y restringiría el acceso y posibilidad de permanencia de las personas con discapacidad o movilidad reducida".

Con las actuales dársenas y conos, "una persona con discapacidad no podría estacionar su automóvil debidamente identificado en esas calles intervenidas y permanecer allí por un tiempo razonable" para hacer trámites, ejemplifica la jueza. Esta dificultad "se incrementa en atención al gran número de oficinas públicas y privadas que se concentran" en el Microcentro.

"La mención del tiempo razonable tiene sentido. Uno no está por 15 minutos, que es lo que puede demorar una carga y descarga. En el banco se puede estar dos horas; no te pueden venir a jorobar y sacar el auto como puede pasar hoy",  precisó el abogado.

Fuentes gubernamentales señalaron a Infobae que aún no habían sido notificados formalmente del fallo, pero que en el área de Transporte estaban "evaluando propuestas" para atender la demanda.

El estacionamiento como problema urbano

En la Capital Federal hay más de 1.600.000 autos por día. Aproximadamente unos 600 mil no tienen dónde estacionar. En la búsqueda de liberar más espacios, desde agosto pasado el Gobierno porteño dio de baja unos 400 espacios reservados para personas con discapacidad.

Según se informó oficialmente, algunos de estos permisos estaban vencidos, otros se retiraron porque sus beneficiarios habían fallecido o el dominio (patente) del cartel no coincidía con el del vehículo. En total, se trata de casi el 10% de los 4.200 espacios de estacionamiento para atender esa demanda específica.

"No me parece lógico es que si se le venció el permiso le quiten el espacio. Lo que se vence es el permiso pero la discapacidad no se vence, dura para siempre, salvo un verdadero milagro de curación", comentó el abogado de Asociación Inquietudes Ciudadanas. "Esos usos de excepciones reglamentarias son abusivos y contrarios a la normativa protectoria de las personas con discapacidad o movilidad reducida".

Para el letrado litigante, más problemático es el control de tránsito que se efectúa la Ciudad. Según las cifras oficiales de la Secretaría de Transporte porteña, el estacionamiento indebido representa el 31,9% de las infracciones totales. Y los conductores con discapacidad se ven alcanzados por la misma política, a pesar de que cuentan con los permisos.

"Los agentes hacen la multa igual aunque tengas la acreditación de discapacidad de manera visible. Pero uno se tiene que molestar para ir a la Justicia y demostrar su inocencia. Es algo recurrente", lamentó Groglio.

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