El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) difundió hoy un estudio titulado "Las voces de las y los adolescentes privados de Libertad en Argentina" que presenta una mirada sobre la situación de los jóvenes por debajo de los 18 años en conflicto con la ley penal en el país.

Entre otros datos, el trabajo reveló que el 28% de los chicos encerrados vivió en la calle, y que el 14% lo hizo en "hogares de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales" porque sufrió violencia y maltrato en su casa, abandono, abuso sexual, entre otros factores.

Aunque los tratados internacionales como la Convención sobre Derechos del Niño establecen que la privación de la libertad debería ser aplicada como último recurso y por el menor tiempo posible, los datos disponibles sobre el porcentaje de adolescentes que se encuentran cumpliendo sanciones penales en dispositivos de encierro a nivel nacional no reflejan ese criterio.

Cuando un adolescente comete un delito, las medidas penales son diversas e incluyen desde la privación de la libertad en centros cerrados al alojamiento en centros de restricción de la libertad y medidas penales en territorio, también conocidas como medidas alternativas a la privación de la libertad.

Según el último relevamiento que se hizo en 2015 por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, hay alrededor de 7.200 adolescentes y jóvenes adultos cumpliendo algún tipo de medida penal, de los cuales aproximadamente 1.300 están alojados en centros cerrados.

La muestra, que fue tomada en Buenos Aires (Provincia y Ciudad Autónoma), Centro, Cuyo y Norte del país, incluyó el relevamiento de 22 centros cerrados en 7 provincias con 508 encuestas en total. Los resultados revelaron una importante mayoría de varones, que representan el 94,3% del total de encuestados en el total del país, mientras las mujeres solo el 5,7% del total, en coincidencia con las cifras del sistema penal juvenil en general.

Las trayectorias de vida que se conocieron a través de las encuestas dejaron en evidencia su vulnerabilidad social, y cómo algunos de los principales derechos de la niñez e infancia fueron vulnerados. Una gran parte de los adolescentes que son privados de su libertad no recibieron asistencia estatal efectiva que mejorara su vulnerabilidad antes de su llegada al centro.

"El Sistema de Justicia Juvenil es claramente selectivo", señaló Hernán Monath, especialista en Protección de Derechos y Acceso a la Justicia de UNICEF. "El estudio muestra que los adolescentes que ingresan a los centros de privación de la libertad son los que tienen mayor vulnerabilidad y menores recursos para enfrentar tanto los riesgos sociales como el proceso penal, y eso determina que se los encierre. Hay una ausencia marcada del Estado para garantizarles tempranamente derechos básicos, pero una intervención férrea a través del sistema penal y las medidas de encierro cuando se les imputa haber infringido la ley", agregó.

Sobre la composición de los hogares, aproximadamente nueve de cada diez adolescentes encuestados crecieron en hogares con fuerte presencia de sus madres y una presencia paterna en el hogar más baja, de alrededor de cinco de cada diez adolescentes encuestados. También se evidenció la presencia de otros familiares, como abuelos y abuelas dentro del hogar, en muchos casos asumiendo el rol de jefas o jefes de hogar y asumiendo un lugar de fuertes referentes afectivos. Además, el 23,5% de las y los adolescentes privados de su libertad tiene al menos un hijo.

Otro de los puntos clave en las encuestas fue el maltrato que puede haber existido antes y durante la privación de libertad. A pesar de que el 13,4% reveló haber recibido maltratos alguna vez en el hogar donde creció, el 38,8% de jóvenes mencionó haber recibido maltrato por algún policía, gendarme o un agente de otra fuerza de seguridad. Además 3 de cada 10 sufrieron algún tipo de violencia en la institución y la mayoría manifestó que no pudo realizar la denuncia.

"No es la primera vez que hacen eso; siempre, siempre les pegan. Siempre se hacen los vivos, te están pegando por cualquier cosa. Por eso yo ahí nomás pedí el traslado para acá", indicó en las entrevistas realizadas por Unicef para el estudio un joven identificado como Kevin (los verdaderos nombres no se revelan para proteger y preservar su identidad), quien con 18 años lleva varios meses detenido en un centro cerrado de Córdoba.

"En la brigada me trataron mal, no sé quién es, pero a mí me pegaron una piña. Me cagaron a piñas pero no sé quién es. Cuando salga de acá me dijo mi abogado que va a hacer una denuncia por esto", dijo en tanto Alejandro, que tiene 16 años y está privado de su libertad en Jujuy.

En cuanto a la situación educativa de las y los adolescentes, las encuestas revelaron que solo la mitad de las personas encuestadas iba a la escuela al momento de ser detenida e ingresada en un centro cerrado. Aproximadamente ocho de cada diez adolescentes encuestados habían repetido por lo menos un grado alguna vez antes de ingresar al centro cerrado, mientras que ocho de cada diez adolescentes abandonaron por un tiempo la escuela alguna vez antes de ingresar al centro cerrado.

"Dejé séptimo grado porque no soy inteligente. No sé escribir mucho ni leer mucho. Le puedo leer para mí, pero no que me tengan apurando. No me ayudaban… no sentía que me ayudaran. Mi mamá me decía: 'Andá, andá… '. Mi mamá me mandaba y yo me iba para otro lado", contó Agustín, de 17 años, en Tucumán.

Además de la precariedad educativa, tres de cada cuatro adolescentes encuestados habían trabajado alguna vez en su vida antes de ser detenidos, lo que representa el 77% de las y los adolescentes encuestados, mientras que el 60% se encontraba trabajando antes de entrar al centro cerrado. En total seis de cada diez jóvenes encuestados habían comenzado su historia laboral antes de los 16 años, la edad mínima legal de admisión al empleo, salvo en Jujuy.

Según el estudio, las condiciones no están dadas dentro del respeto a su integridad física y dignidad a partir de un fuerte incumplimiento de sus garantías procesales. En Argentina, 7 de cada 10 chicos desconoce cuánto tiempo estará encerrado, lo que genera incertidumbre y desconfianza en el sistema.

Más de la mitad de los chicos, patrocinados en su mayoría por un defensor público, manifestó no estar plenamente satisfecho con el desempeño del letrado y refirieron un contacto mínimo con los jueces de sus causas en procesos judiciales que son incomprensibles para ellos.

"No entiendo lo que me dicen, me hablan de la foja, foja uno, foja dos. Le pregunto al fiscal qué quiere pedir y el fiscal pide y me dice 'la detenida', 'la menor', y cuenta la parte del hecho", dijo una joven de 16 años al respecto.

Estos números, según indicó Unicef, revelan las profundas dificultades que tiene el sistema penal juvenil y dejan en evidencia que "la privación de la libertad es una medida sancionatoria ineficaz" para lograr "los objetivos supuestamente pedagógicos y de reinserción social de la población juvenil alcanzada por sus dispositivos y procedimientos".

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