El Senado aprobó y convirtió en ley un proyecto para hacer que los delitos sexuales contra menores sean de acción pública y dejen de ser de acción privada.
La decisión de que los delitos contra la integridad sexual de los menores dejen de ser de acción privada implica que el Poder Judicial debe investigar de oficio.
A partir de esta reforma, si se conoce el hecho de que un menor fuera víctima de abuso sexual, cualquier ciudadano puede hacer la denuncia y el Estado está obligado a investigar los hechos denunciados aunque no hayan sido ratificados por los tutores del niño, niña o adolescente.
El proyecto había sido presentado por la diputada Carla Carrizo (Evolución) en la Cámara baja.
"Hoy, la necesidad de que el padre, madre o tutor de la víctima ratifiquen la denuncia, es un obstáculo para que haya justicia", explicó la legisladora.
Y agregó: "Lamentablemente, en el 90% de los casos el abusador es un familiar varón de la víctima. Consecuencia: se denuncia apenas el 10% de los casos y se condena menos del 1%".
"Gracias a la valiente lucha de las mamás protectoras votamos la ley que declara al abuso sexual infantil como delito de instancia pública. Esto va ayudar al Estado a defender a los niños y niñas víctimas de abuso sin necesitar una denuncia previa por parte de sus padres o tutores", celebró por su parte la senadora Gladys González.
Y completó: "De ahora en más el Estado va a poder actuar de oficio, escuchando y protegiendo a los niños, niñas y adolescentes abusados para que puedan tener una vida libre".