El lunes de esta semana ingresó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que significaría un cambio profundo respecto de las habilitaciones comerciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa buscará terminar con el código actual que rige desde 1976 y suplantarlo por uno basado en el "principio de buena fe".

Según indicaron a Infobae desde la Agencia Gubernamental de Control (AGC) porteña que impulsa el proyecto, la finalidad es "favorecer el desarrollo económico" de las alrededor de 1.000 solicitudes que reciben por mes desde 2016, a partir de una actualización de las que hoy son las condiciones y los requerimientos generales para habilitar un espacio con fines comerciales en el ámbito de la Ciudad.

El Código de Habilitaciones actual data del año 1976 y, lejos de fomentar las actividades, tiene como ejes rectores lineamientos que responden a un Estado controlador. Es por eso que el proyecto de Ley de Regulación de las Actividades Económicas presentado el lunes de esta semana propone un nuevo marco normativo, el que se espera pueda ser discutido a fines de noviembre y regir desde el 1 de enero de 2019.

"Confiamos en la autonomía de los ciudadanos, por eso este proyecto de ley apunta a simplificar y agilizar el proceso para abrir un comercio. Con la sola presentación de una declaración jurada y el informe técnico de un profesional responsable el negocio ya podrá estar funcionando", detalló el director ejecutivo de la AGC, Ricardo Pedace.

Además de la simplificación de los procedimientos administrativos y la eliminación de trabas que retrasen los trámites, se apostará a la figura del comerciante responsable y al "principio de buena fe". Esta última es una política que rige desde 1960 el Código Civil alemán y que fue incorporada por la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama en los Estados Unidos.

Dos tipos de autorizaciones

Declaración Responsable: con la presentación de la Declaración Responsable del Ciudadano y rúbrica de un profesional (declaración jurada) que verifique las condiciones técnicas, se autorizará al ejercicio de la actividad económica. Se espera que esto tenga un impacto del 95% en las actividades: 60% en el comercio minorista, 15% en gastronómicos, 10% en industrias, 10% en comercios mayoristas y 5% en servicios.

Licencia: en el caso de determinadas actividades estipuladas en la ley se requerirá la habilitación para poder empezar a funcionar por tratarse de rubros que revisten mayor criticidad. Estos representan el 5% y son: locales de representación con capacidad mayor de 350 asistentes, locales de diversión, residencias para personas mayores, establecimientos de sanidad con internación, servicios de alojamiento y estaciones de servicio.

Más confianza en el comerciante y más sanción a quien infringe

Así como la nueva ley promueve un rol del Estado que confía en la buena fe del comerciante, que podrá abrir su comercio de manera más rápida y ágil que con la norma actualmente vigente, se exigirá un mayor respeto por la norma. Es por esto que el nuevo proyecto le daría a la AGC una posibilidad que actualmente no tiene, la de revocar la autorización en caso de constatarse:

-Afectación o peligro en forma inmediata de la salubridad y/o seguridad pública.
-Falseamiento de la Declaración Responsable o de los instrumentos acompañados.
-Reiteración de violación de la clausura.
-Declaración de desvirtuación del rubro y/o uso objeto de la autorización de la actividad económica.

"Hay comercios que en el transcurso del año pasado registraron 35 clausuras con diferentes violaciones de esas clausuras. Entonces era muy difícil explicarle al vecino por qué el Estado no tomaba medidas. Nosotros, que habilitamos, no podíamos revocar", expuso en este sentido Pedace, refiriéndose a que actualmente aun con causas justificadas, la AGC debe recurrir a la Justicia contencioso-administrativa para cualquier medida. Situación que cambiaría de ser habilitada la nueva norma.

Al respecto, Julián Cohen, subsecretario de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía y Finanzas, graficó: "Acá uno de los ejes que desde nuestro punto de vista es fundamental, es el de cambiar el rol del gobierno de habilitador al de regulador, decirle al comerciante: 'nosotros confiamos en su buena fe; si usted falla y lo encontramos haciendo cosas distintas a las que nos dijo que estaba haciendo, le cabe el rigor de la ley'".

Inspecciones programadas

Desde el 3 de septiembre pasado además se sumaron inspecciones programadas a las actividades. Al inspeccionado se le informa con un mínimo de 72 horas de margen la visita de los inspectores de la Agencia. En caso de resultar favorable el control, existirá el compromiso de parte del ente regulador de no realizar un control presencial por un plazo de seis meses.

Cabe destacar que sin embargo existen casos, como el de los locales vinculados a la nocturnidad, donde por las características del rubro se vuelve necesario que la regulación ocurra sin un aviso previo de la visita de la Agencia.

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