Leonardo Caruana: “Desde 2012 no hay muertes maternas por abortos en Rosario”

El debate sobre interrupción voluntaria del embarazo está llegando a su fase final en una comisión de la Cámara de Diputados y un proyecto de ley sobre el tema podría llegar a tratarse en el recinto el próximo 13 de junio.

Sin embargo, la discusión excede la mera rutina parlamentaria y el debate se instaló en el último tiempo en distintos ámbitos y en la agenda pública. Tanto que por estos días proliferan paneles, charlas y talleres en distintos espacios como universidades y todo tipo de organizaciones civiles. El derecho al aborto legal, seguro y gratuito parece estar en boca de todos.

Uno de los expositores que llevó al Congreso ejemplos de la experiencia del sistema sanitario de su ciudad fue el secretario de Salud Pública de Rosario, el médico Leonardo Caruana, quien manifestó que, a partir de distintas políticas tomadas en ese distrito, "desde 2012 no hay muertes maternas por aborto". En diálogo con Infobae, el experto se refirió a lo que él define como "una problemática de salud pública".

—¿Cómo analiza el hecho de que el debate por el aborto legal finalmente haya llegado hasta el Congreso de la Nación?

—Es un hecho de jerarquía, lo veníamos planteando y queríamos que se debatiera, como deben debatirse todos los temas en democracia. Éste era un tema pendiente que venía teniendo lugar con mucha iniciativa y con mucha fuerza en las organizaciones de mujeres. Es muy favorable que hoy tenga este escenario de discusión, con mucha profundidad, desde todas las miradas. La verdad es que hay un posicionamiento y una presentación del tema y del problema con una profundidad en todos los campos, en lo filosófico, jurídico, en las realidades internacionales. Lo veo sumamente favorable y seguramente se avanzará en más derechos y en más autonomía en un contexto de una sociedad que está evolucionando en relación a todo lo que tiene que ver con la autonomía del cuerpo, con el derecho, con las formas de decidir sobre justamente con la autodeterminación de cada una de las personas.

—Usted llevó al Congreso lo que ocurre en Rosario como un ejemplo. ¿Qué se puede trasladar de esa experiencia a nivel nacional si se votara a favor del proyecto de ley que está circulando?

—Nuestra experiencia tiene que ver primero con que todos nuestros posicionamientos en relación a la interrupción legal del embarazo que hablan de sistemas de salud cercanos, accesibles, universales, gratuitos. Llevamos el ejemplo de la ciudad y de la provincia en relación a un sostenimiento de políticas públicas y un sistema de salud basado en derechos. Esto es un pilar fundamental. En ese sentido y en ese marco ya hoy haciendo no una interpretación restrictiva del artículo 86 del Código Penal, la causal salud y particularmente no restringiendo los protocolos, se avanzó mucho en la ciudad. Hemos comentado que hay una experiencia concreta de garantizar primero todos los medios anticonceptivos.

–¿Contemplan distintos métodos?

– Se trata de anticonceptivos seguros y que estén accesibles durante todo el tiempo. Que las personas puedan elegir, no que sea aquel método anticonceptivo que decide el médico sino que se elija en una consulta clínica, en una discusión. Que se conozcan desde las ligaduras tubarias hasta los implantes transdérmicos, pasando por el dispositivo intrauterino. Todas esas posibilidades hoy están disponibles en la ciudad a no más de 15 cuadras de cada uno de los barrios de la población sin cobertura. Esto nos posiciona diferente en relación a que el 95% de las mujeres que se atienden retiran algún método anticonceptivo.

–¿Y cómo fue la implementación de esos planes?

–En el año 2004 se empezó a trabajar en la capacitación. En 2007 se legisla una ordenanza en la ciudad, se avanza en esta realización de esta práctica, en la no judicialización, en la no penalización cuando el aborto está enmarcado dentro de las causales del Código Penal. Y es allí donde empieza a disminuir el número de complicaciones. Nosotros tenemos un hito que es en el 2012 la distribución del misoprostol en cada uno de los centros de salud. De esta manera se empieza a realizar esta práctica con métodos menos invasivos. Esto a partir de que se asegura este medicamento y también una técnica que se llama aspiración de membranas endouterinas.

–¿Qué resultados obtienen a partir de entonces?

–Lo que ahí tenemos es una curva drástica descendente de la tasa de mortalidad materna que es diferenciada con respecto al país, y la ausencia de muerte materna por aborto. Desde 2012 no hay muertes maternas por abortos en Rosario. Por otro lado, disminuyó también el número de prácticas en los hospitales. A la vez, el número total de interrupciones no ha aumentado. Este es un hecho también de jerarquía porque a veces también hay posiciones que dicen que cuando se legaliza o cuando se avanza en esta práctica el aborto se va a utilizar o como método anticonceptivo. Y la verdad es que no ha aumentado el número de interrupciones. Sí lo que disminuyó es el número de complicaciones y particularmente el número de prácticas hechas en los hospitales porque desde hace un tiempo se hace en un lugar más cercano que es el centro de salud.

—¿Por qué cree que todavía cuesta ver el tema del aborto o la interrupción libre del embarazo como una cuestión de salud pública?

—Creo que nosotros tenemos un sistema de salud fragmentado, heterogéneo, donde muchas veces inclusive desde el escenario más nacional se ha avanzado en propuestas que no tienen que ver con la salud como derecho. En ese sentido me parece que hay una deuda pendiente en relación a las garantías del acceso de la población a una clínica que construya vínculo. El Estado no debería tomar solamente la interrupción legal del embarazo. En Rosario, por ejemplo, nosotros trabajamos en el embarazo adolescente. Por estos días estamos transcurriendo la semana del parto respetado y también con las organizaciones de mujeres avanzamos en una perspectiva que la mujer decida con quién parir y cómo parir, y poniendo la tecnología al servicio de las personas, no por encima de las personas.

–¿Cuáles son los obstáculos que deben enfrentarse?

–Bueno, hay una deuda en esto. Y por supuesto también hay desconocimiento, todavía hay principios religiosos que imperan sobre un problema de salud pública como es la mortalidad materna. No es un debate a favor o no del aborto sino cómo abordamos los problemas. La vida se defiende con políticas públicas integrales, con políticas públicas que tienden al acceso, a la universalidad, a la garantía de derechos.

—Algunos sectores señalan que, por el apuro en el debate parlamentario, se podría llegar a aprobar una ley incompleta. De acuerdo a su experiencia, ¿qué aspectos cree usted que debería sí o sí contemplar la nueva legislación sobre este tema?

—Por lo que yo he leído y he escuchado de las propias organizaciones y la mayoría de las personas que vienen estudiando esto con muchas seriedad, se debe trabajar en avanzar no solo en las causales de la interrupción legal sino también por tiempos. También en incorporar un capítulo a la objeción de conciencia pero que esa objeción de conciencia sea con claridad. Digamos, respetando que por principios éticos y religiosos un trabajador se pueda abstener pero también garantizando que todas las instituciones permitan que se puedan realizar estas prácticas en el marco de cómo lo establece la futura ley. Seguramente se generaran órganos de revisión o instrumentos para velar por este funcionamiento para que los equipos comprometidos con la salud integral de la mujer también tengan cierto respaldo.

–¿Y de qué manera se puede llevar esto a la práctica?

–En este sentido es como la Ley de Salud Mental. Es decir, solo la ley no transforma las prácticas, aunque sí da un marco para seguir avanzando y seguir discutiendo desde una perspectiva de derecho la integralidad. Porque el cuidado y el acompañar a la mujer significa acompañarla en todos los procesos. Cuando una pareja se encuentra en estado de desesperación no poder hablar de esto en un centro de salud o no poder alojar esta problemática los lleva a veces a tomar un solo camino. Y la verdad es que cuando se discute y se acuerda se pueden encontrar alternativas. Se debe tener en cuenta que el 85 por ciento de las madres o las chicas que murieron por abortos clandestinos en la Argentina son pobres. Por lo tanto, lo que debería hacer también la ley es poner en equidad, en igualdad en el acceso a toda la población.

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