Recusaron a un juez federal porque vive cerca del lugar de un conflicto en el que debe decidir

Pasan cosas extrañas en la justicia federal. Una de ellas sucedió hace unos días en el juzgado de Campana a cargo de Adrián González Charvay. Una empresa energética que quiere construir una central termoeléctrica en el partido de Pilar recusó al juez porque lo acusa tener interés en el conflicto "como vecino de la zona" y dictar la medida cautelar que suspendió la obra.

Ante el insólito planteo de la empresa, González Charvay -quien rechazó la recusación- señaló: "En primer lugar, no resido en el domicilio señalado desde el mes de noviembre de 2016. Pongo a disposición de la Alzada, en caso de considerarlo necesario, toda la documentación privada pertinente destinada a demostrar la inexactitud de tal afirmación, aunque continúo residiendo en el partido de Pilar. En segundo término, resulta oportuno recordar que el artículo 8 inciso "a" del Reglamento para la Justicia Nacional impone la obligatoriedad a los magistrados de residir en el lugar que desempeñan sus tareas o dentro de un radio de pronta comunicación que no exceda los 70 km. Al respecto, cabe señalar que la jurisdicción territorial en la cual ejerzo mi cargo se encuentra integrada por seis (6) partidos, uno de los cuales es en el que resido actualmente. En esa lógica, he tenido asuntos penales en orden al delito de narcotráfico en los cuales -a partir de las investigaciones desarrolladas- dispuse el libramiento de diversos allanamientos contra domicilios ubicados en el Barrio Los Sauces, con la consecuente detención de las personas involucradas en las maniobras delictivas desplegadas; y, no por ello, en modo alguno se ve afectada la garantía de imparcialidad inherente al ejercicio de la función jurisdiccional".

El intento de separar al juez se basa en que González Charvay, en un caso civil, atendió el pedido de un grupo de vecinos de la zona que solicitó impedir la construcción de las termoeléctricas debido a posibles problemas ambientales. Las empresas APR Energy (que presentó la recusación) y Araucaria Energy, que tendrán una capacidad de 540 MW, están instaladas a pocos metros de la población del lugar.

En la recusación el magistrado también menciona que "se ha practicado e incorporado a la presentación una suerte de investigación o 'inteligencia previa' respecto de mi persona. Fue así que, a partir de mi documento de identidad, se establece el lugar que fue mi residencia y, sorprendentemente, se incorporaron junto al mismo los datos personales de mis progenitores. A ello se agrega una impresión satelital con la indicación específica de la que fuera la residencia de mi familia."

Raúl Regis, de la agrupación Vecinos Unidos por Pilar, opinó respecto del pedido de recusación: "Es vergonzoso, nunca fue visto en el foro judicial. Pero estos aprietes ya lo estamos viviendo los vecinos. Ya varios han recibido cartas documentos que pretenden amedrentarnos", indicó a Infobae.

El juez federal de Campana hizo lugar a las cautelares de los vecinos por la construcción de las dos centrales en noviembre pasado. Desde ese momento se ordenó la detención de la construcción, aunque la obra, como se ve en las fotos, está muy avanzada. La Cámara Federal de San Martín es la que debe definir sobre la cuestión de fondo para decidir si las instalaciones pueden operar o no.

A esta causa civil se suma una causa penal que investiga el accionar de los funcionarios políticos, entre ellos el intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, funcionarios de OPDS y concejales. El municipio de Escobar también inició una medida judicial contra el distrito vecino que fue aceptada por la Corte Suprema de Justicia bonaerense.

Los vecinos temen que se dicte un fallo salomónico, que permita que las centrales funcionen, aunque con controles. "Si las ponen en marcha para nosotros es un fracaso porque no les creo que van a cumplir con los controles. Somos miles de vecinos, hay escuelas. Este tipo de industria, que por su complejidad son de categoría 3, pueden generar problemas pulmonares y cardíacos en la población", insiste Regis.

Este mes los vecinos siguieron con las movilizaciones que comenzaron el año pasado para tratar de impedir la puesta en marcha de las centrales.

Desde las termoeléctricas al pueblo de Matheu hay 250 metros, a Los Pilares unos 400 m, a Campo Chico unos 750 m, a Campo Grande unos 950 m, a Pradera unos 1.000 m, al Barrio Saint Matthews´ unos 1680 metros y al Colegio Saint Matthews´ 2230 metros. En el radio de 1500-2500 metros se ubica Lagartos, y en el radio de 2.500 a 4.000 metros quedan aún más urbanizaciones incluyendo La Lomada, Ayres, Highland y Farm Club.

Según la explicación del municipio, el plan del Gobierno nacional prevé que las centrales tengan una vida útil de una década, es decir que sean temporales. "Aspiramos desde el Municipio de Pilar que la instalación en la zona, en los próximos años, de centrales solares, de biogás y la generación distribuida de energía solar desde las empresas e incluso los domicilios sean una parte cada vez mayor en el sistema que termine consolidando la normalización energética de la región", había detallado el área ambiental de Pilar.

Para los vecinos, al haber abandonado la "emergencia energética" el gobierno nacional ya no necesita con urgencia estas instalaciones para la generación eléctrica. "No es cierto que se producirán cortes de luz. El jefe de Gabinete, Marcos Peña dijo que se está exportando energía a Uruguay", agregaron los vecinos.