Sufrió un violento allanamiento y estuvo dos meses preso acusado de trata, pero era inocente

La Cámara de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia y fue excarcelado. Ahora pide la nulidad del procedimiento. El video del hecho que involucra a un ciudadano chino

Compartir
Compartir articulo

Xue Aihuadi (42) es un inmigrante chino que maneja un supermercado en la localidad bonaerense de San Miguel. El pasado 27 de diciembre, poco después del mediodía, tres hombres y una mujer identificados como personal de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) ingresaron a su local en el marco de un operativo de rutina. Asustado, en un primer momento quiso evitar el ingreso de los funcionarios pensando que podría ser un hecho de inseguridad. Pero su actitud generó la violenta reacción de uno de los funcionarios y todo terminó de la peor manera.

Según explicó el organismo, el hombre mostró una fuerte resistencia a la autoridad porque "mantenía escondidos extranjeros de manera irregular" y a pesar de que siempre negó la acusación, sus explicaciones no sirvieron para evitar su traslado hasta una sede policial. Tiempo después, la Justicia le daría la razón pero nunca imaginó que esa tarde sería el comienzo de una tortuosa odisea que lo llevó a estar preso por más de dos meses en uno de los penales más importantes del país por un delito que no cometió.

Todo comenzó cuando Aihuadi estaba por cerrar el comercio para la hora de la siesta. De un momento a otro se acercaron los cuatro inspectores, quienes querían ingresar intempestivamente para concretar el procedimiento. Lo primero que pensó fue que se trataba de un robo y apenas atinó a impedirles la entrada estirando sus brazos, según se puede observar en el video de las cámaras. En segundos y sin dudarlo, uno de los funcionarios lo tomó por el cuello y lo arrojó al piso.

El ciudadano chino quiso evitar el ingreso de los inspectores porque -explicó- quería proteger a su hermana embarazada de ocho meses, su cuñado, su esposa y otro familiar que estaban dentro del local. Finalmente lograron entrar y fue ahí cuando se identificaron como personal de Migraciones.

Les exigieron la documentación y luego de algunos minutos se llevaron detenidos a Xue, al cuñado y a otro familiar de origen chino. "Pensaron que se trataba de un robo, en virtud de la violencia desplegada por estas personas. Y lo que hicieron fue esconderse en las instalaciones del local, debido al temor que sufrieron", relató a Infobae la abogada penalista y especialista en derecho migratorio, Déborah Huczek, quien representa al acusado.

La hermana embarazada debió ser llevada hospital por las fuertes contracciones que le generó el violento procedimiento. Fue trasladada por el verdulero del negocio hasta un hospital público. El comerciante y sus dos familiares, en tanto, estuvieron algunas horas demorados por presunta resistencia a la autoridad hasta que finalmente fueron liberados.

Fuentes de Migraciones explicaron a Infobae su versión de lo ocurrido y aseguraron que se trató de un operativo de rutina cuando el lugar estaba abierto, dentro de su horario habitual. Según dijeron, el responsable del comercio "reaccionó agresivamente contra un inspector. Al parecer, fue para distraer o dilatar el control ya que había extranjeros irregulares" dentro del local.

El organismo, en ese momento, llamó a la policía para seguir con el operativo. Los agentes, junto con el responsable del negocio, fueron al lugar donde estaban los otros ciudadanos extranjeros. Se labró una multa contra Xue y efectuaron una denuncia por presunta infracción al artículo 117 de la Ley de Migraciones, que es por "promover o facilitar la permanencia ilegal de extranjeros con el propósito de obtener directa o indirectamente un beneficio".

El comienzo de la verdadera tortura 

Lejos estaba por terminar lo peor para este inmigrante. Trece días después, el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, ordenó un allanamiento en el supermercado tras la denuncia, con la participaron de más de 25 uniformados, quienes ingresaron al comercio con el objetivo de buscar cualquier tipo de prueba que permitiera establecer que Xue estaba vinculado al caso de explotación de personas. "Pareció como si se trataba de esos procedimientos contra el narcotráfico o alguna organización mafiosa. Incluso arrancaron los cables de las cámaras de seguridad y hasta destruyeron parte del local", comentó la abogada. 

El asiático intentó por todos los medios explicarles otra vez a los inspectores que el supermercado era también el lugar en el que vive y que los otros ciudadanos de origen chino son parte de su familia y no personas explotadas. A pesar de esto, la policía se lo llevó detenido acusado de, entre otras cosas, trata de personas. Lo trasladaron al Complejo Federal de Ezeiza, donde permaneció hasta el mes pasado.

"El juez Culotta, en lugar de valorar e investigar el accionar de los miembros de Migraciones, ordenó un allanamiento y con ello la encarcelación de Xue, a pesar de que no encontraron prueba de ningún delito. Estuvo más de dos meses preso acusado de trata de personas y otros delitos que jamás cometió. Lo acusaron a pesar de que constataron que la chica embarazada era su hermana y que era un negocio familiar sin empleados. Por eso, a pesar de que en este caso sí hubo una orden judicial, también cuestionamos este segundo allanamiento donde abusaron del poder y se los sometió a un trato sumamente indigno, privándolo de la libertad injustamente", remarcó Huczek. 

La Justicia le dio la razón 

La decisión del juez federal fue apelada por el comerciante. Fueron muchos días recluido en el penal más conocido de la Argentina hasta que finalmente se pudo demostrar que Xue decía la verdad. La Sala 1 de la Cámara Federal de San Martín, con la firma de Marcos Morán, Juan Pablo Salas y Marcelo Darío Fernández, decidió revocar el fallo en contra del acusado y ordenó su libertad.

En ese sentido, el tribunal dispuso "la falta de mérito para procesar o sobreseer a Aihuadi Xue, en orden a los delitos de facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el territorio de la República Argentina con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio y de resistencia a la autoridad por los que fuera indagado".

Entre los argumentos esgrimidos por la Cámara, aseguraron que "no se vislumbra, al menos por el momento, que la presencia de los ciudadanos chinos encontrados en las instalaciones allanadas, haya obedecido al criterio señalado ut supra, ya que se trata de parientes que habrían sido recibidos en el lugar donde vivía el imputado junto con su familia". Al respecto, destacaron que "el comercio no es propiedad de Xue, por lo que más allá de poder recibir una ayuda ocasional, no se observa que pudiera beneficiarse de algún modo con esa estadía".

En el procedimiento de la DNM identificaron a tres ciudadanos chinos además del comerciante y su esposa. Se trata de Zhang Fali (familiar), Zhuang Pinghua (cuñado) y Xue Yingfang, la hermana embarazada. "Posteriormente y a raíz de las tareas de observaciones ordenadas, se concluyó que trabajaban y vivían en el lugar". De acuerdo con la Cámara, Yingfang y Zhuang son efectivamente familiares, mientras que Fali es "pariente de la madrastra". Los tres declararon que no trabajaban como empleados en el supermercado.

"Todos los ciudadanos de nuestro país gozan de garantías constitucionales que deben ser respetadas por la autoridad en todas sus expresiones. Y que Migraciones no tiene facultades para allanar un domicilio, mucho menos para actuar violentamente. No se comprende como un juez de la Nación puede avalar tamaño procedimiento ilegal", se quejó Huczek, quien dijo que el magistrado, además, les retuvo los pasaportes.

"Nadie puede violentar el derecho constitucional a su privacidad, a la propiedad privada. La Constitución Nacional es clara cuando lo prohíbe", dijo la letrada a este medio. Lo cierto es que Xue recuperó su libertad, se reencontró con su familia y trabaja en el mismo lugar donde lo hizo siempre. Se perdió el nacimiento de su sobrino y ahora pedirá, en una audiencia que se llevará a cabo hoy, la nulidad del procedimiento de Migraciones.

Según explicó la abogada, no quiere un resarcimiento económico sino que se sancione a los inspectores que lo trataron violentamente. Según reveló, en el último año sufrió varios allanamientos por parte del mismo organismo, pero nunca como ocurrió en diciembre.

Procedimientos cotidianos

Tradicionalmente este es un tipo de procedimiento que lleva adelante la DNM para distintas investigaciones. De acuerdo con cifras oficiales, el organismo efectuó en 2017 más de 17.000 controles de permanencia en todo el país. Son operativos de rutina realizados en empresas, actividades deportivas, ámbitos rurales, fábricas, locales comerciales u hoteles.

El objetivo es procurar la regularización migratoria, evitar el trabajo esclavo, la explotación y la trata de personas. En caso de infracción, se multa a quienes "den alojamiento a título oneroso y/o patrones que emplean extranjeros irregulares; mientras que a los inmigrantes se los intima de normalizar su situación documentaria", precisa Migraciones.