El año electoral paraliza al Congreso. Puertas adentro los propios diputados y senadores admiten que la mayoría de los integrantes de ambas Cámaras tienen la cabeza en el armado de listas o intencionalmente "traban" leyes para no pisar en falso y afectar a los candidatos que representen a su fuerza política. Pero esta costumbre de los legisladores suele aplazar iniciativas que muchas veces son cruciales para la ciudadanía y en este período una de las afectadas es la Ley de Alquileres, que obtuvo media sanción por unanimidad en el Senado en noviembre de 2016 y aún no avanza en Diputados, más allá de unas pocas reuniones de asesores.

Sucede que la norma presentada en la Cámara alta por Silvina García Larraburu (PJ-FpV), con apoyo de las asociaciones de inquilinos, busca ser modificada por el oficialismo en Diputados con un proyecto firmado por Daniel Lipovetzky, Karina Banfi y Waldo Wolff, todos de Cambiemos. Y aquí entran las acusaciones: las agrupaciones dicen que en el Gobierno quieren "dilatar" los tiempos para no intervenir el mercado y los diputados sienten que las partes interesadas buscan "hacer política" y que no están dispuestos a consensuar modificaciones.

¿Qué falta para que se apruebe? Consenso. En el oficialismo están convencidos de que su propuesta modifica "pocas cosas" de la original y hasta aseguran que la mejora. Su punto fuerte es el "alquiler social", en donde incorporan que el Estado subsidie la garantía y los gastos de ingreso. También la construcción de viviendas para alquilar y que los constructores puedan descontar de Ganancias hasta 60% de la inversión, lo que, aseguran, también dará trabajo.

Pero, del otro lado, las agrupaciones de inquilinos confían en que pueden conseguir el dictamen de mayoría en una eventual comisión y que sea su iniciativa la que se debata y apruebe tal cual como llegó desde el Senado. Sobre todo porque su postura es que el Gobierno quiere "frenar" su proyecto porque "no le gusta al mercado". Para esto necesitan 16 de los 31 diputados de la Comisión: "Estamos cerca", confiaron a Infobae.

(Nicolás Stulberg)
(Nicolás Stulberg)

Parlamentariamente, la ley está en el primer eslabón. Hubo dos reuniones de asesores de la Comisión de Legislación General, la que tiene que dictaminar y preside Lipovetzky. Ahora todas las negociaciones se dan por fuera de la Cámara. Si consiguen el acuerdo, la norma llega a debatirse en Comisión y habrá dictamen. De lo contrario, se convocará a una reunión informativa -lo más probable- en donde expondrán todos los involucrados. Previo a llegar al recinto, debe pasar por Labor Parlamentaria, que suele ser un trámite una vez que obtuvo dictamen, pero al mismo tiempo es un carta clave que tiene el oficialismo para que la propuesta no se apruebe tal cual vino del Senado.

¿Cuáles son los cambios que generan tanta rispidez? El principal, la indexación de cómo se ajustan los aumentos. El proyecto del Senado contemplaba un aumento anual teniendo como referencia  un promedio entre la inflación y el salario cuando la inflación supere el 10%. Ahora, el PRO busca que se considere solo el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) pero para alquileres que no superen los 15.657 pesos, que equivalen a 840 unidades UVA, las que se utilizan en los créditos hipotecarios. A partir de este valor, el incremento se acordará entre el inquilino y el propietario. Esto disgusta a las agrupaciones porque argumentan que en el interior los alquileres son más altos y sospechan que los locadores fácilmente subirán los precios para superar el rango, lo que generaría un alza de precios en todo el mercado.

De todos modos, Lipovetzky confirmó a este medio que están dispuestos a negociar este punto: "No nos molestaría subir el tope. A nosotros nos interesa que la ley salga." 

A los alquileres menores de 15.657 pesos el PRO también busca que los locatarios estén exentos de pagar las expensas extraordinarias, mientras que en lo aprobado en la Cámara alta este beneficio era para todos los alquileres.

Otro punto sensible es la duración de los contratos. El texto original elevaba el mínimo a tres años, mientras que el oficialismo pretende dejarlo en dos, bajo la explicación de que el que tiene potestad de rescindir siempre es el inquilino y no el propietario. Consideran que tres años es mucho tiempo en caso de que la relación sea conflictiva.

Donde no hubo desacuerdos es en la comisión de las inmobiliarias y en los depósitos: ambos deberán ser como máximo el equivalente a un mes del alquiler. También hay entendimiento en que el depósito se devolverá en el momento de entregar la llave, actualizado al último mes pagado.