Hope Funds: la jugada del “Bernie Madoff argentino” para salvarse ante 27 pedidos de quiebra

Durante la última década, Enrique Blaksley Señorans vendió éxito. Sus clientes compraron, precisamente, ese éxito. Como cabeza de la empresa Hope Funds, Blaksley Señorans desarrolló un marketing de sí mismo que lo mostró como una suerte de príncipe del dinero, la cabeza de una corporación que lo podía todo.

Hope Funds, dedicada al mercado de inversiones y a apuestas inmobiliarias, tomaba bajo el formato de "contratos de mutuo" los dólares de peces grandes y pequeños, desde empresarios de peso hasta jubilados y amas de casa, para devolverlos, al menos en teoría, con tasas de interés de hasta un 12,5% anual por ciento más jugosos punitorios si la plata llegaba tarde. En paralelo, la firma vendía terrenos para desarrollos premium como Verazul, sobre la vera del río Luján en la zona de Pilar. Mientras tanto, ninguno de los clientes sabía en qué negocios se invertía su plata; los contratos que firmaban no lo especificaban. Era, en cierta forma, confiar en el brillo.

Blaksley, dueño de Hope Funds en un 97 por ciento, mostraba participaciones en negocios aparentemente lucrativos como el Hard Rock Café o el 47 por ciento del shopping Buenos Aires Design en Recoleta. Fue también el sponsor de grandes visitas internacionales, como la de Usain Bolt en 2014, cuando el velocista jamaiquino compitió contra el Metrobus en pleno centro porteño, o de la venida de Roger Federer para un match de exhibición.

Hope Funds fue también en 2013 sponsor de La Dolfina, el equipo de polo de Adolfo Cambiaso, cuando ganó la Triple Corona, quizás la máxima conquista del deporte. Blaksley hasta se fotografió con dos papas consecutivos, Benedicto XVI y Jorge Bergoglio. Junto a sus brokers, sus vendedores estrella, el empresario viajaba por el mundo en tours de lujo a puntos como Hawaii o San Petersburgo para galas en vestuario de época y suites en hoteles como el Hilton. Finalmente, todo el brillo se fue a la basura.

Una denuncia de la AFIP motorizada por la PROCELAC fue la primera mala noticia en 2014: Hope Funds fue acusada de procesar dinero de grandes inversores que no podían justificar sus ingresos, en una causa que recayó en el juzgado federal de Sandra Arroyo Salgado. Un informe entregado por la AFIP reveló que de 521 clientes que tiene la empresa Hope Funds, apenas tres tenían la capacidad económica suficiente para hacer una inversión y la dejaron asentada en sus declaraciones de impuestos.

Hubo, por ejemplo, dos mutuos de un mismo megacliente con 19 millones presuntamente pagados en efectivo, algo al menos inusual. El expediente fue remitido a fines del año pasado al Juzgado Federal Nº 1 de María Romilda Servini, luego de un pedido de incompetencia de Arroyo Salgado: los documentos llegaron a Comodoro Py poco antes del fin de la feria judicial, según confirmaron fuentes en el fuero federal a Infobae.

A esta causa, en la que también interviene la Fiscalía Nº 12 del doctor Patricio Evers, se sumaron en noviembre pasado centenares de ahorristas representados por el estudio Iezzi & Varone y por los abogados Gonzalo Romero Victorica y Ezequiel Altinier. Esos ahorristas eran la columna vertebral del esquema Hope Funds, con mutuos firmados de cinco mil a 60 mil dólares: Iezzi & Varone recibió, por ejemplo, mil consultas de damnificados de todo el país y propondrá 170 testigos ante la Justicia. Todos estos inversores denunciaron a Blaksley por no haber visto ni siquiera un centavo de vuelta en muchos casos, en lo que sería el mayor esquema Ponzi de la historia argentina, una estafa piramidal tal como la que llevó a cabo Bernie Madoff, el ex presidente del NASDAQ, condenado a 150 años de cárcel en 2009.

Hoy, Hope Funds busca frenar a estos pequeños inversores. "Sí, se está tratando de negociar", reconoce el abogado penalista Ramiro Rúa, que representa a la empresa. Fuera de Comodoro Py, de acuerdo a datos del Poder Judicial, la empresa de Blaksley recibió 27 pedidos de quiebra en la Justicia comercial.

La herramienta para impedir este avance tiene una sigla: APE, o acuerdo preventivo extrajudicial. En las últimas semanas, varios de estos inversores fueron citados por sus viejos brokers, al menos los leales que le quedan a Blaksley, muchos de ellos también damnificados en el esquema de invertir sin cobrar, a las oficinas de la empresa en la calle Sarmiento. Los términos para convencerlos no son muy agradables: es, básicamente, firmar o nada.

Un acuerdo

Hubo un cliente en particular con una historia dolorosa. De 29 años de edad, empleado de call center, se vio forzado a dejar sus estudios en un instituto terciario privado al perder su primer empleo. Había entregado seis mil dólares a Hope Funds en 2014, la mitad de los ahorros de su vida, bajo la promesa de una tasa de retorno del 10%: Federico Dolinkué, socio minoritario de Hope Funds en un 3% y hoy imputado en la causa de la jueza Servini, fue el firmante del contrato, con su firma homologada en escribanía.

El joven sintió miedo al ver las primeras denuncias de la AFIP contra Hope Funds y pidió un rescate de sus fondos, algo que logró. Volvió a la empresa a fines de 2015, esta vez para aportar 7.400 dólares con una tasa similar a la anterior. Solo vio el primer paquete de intereses, unos 740 dólares. Así, Hope Funds dejó de pagarle. Los mails a su broker comenzaron a repetirse. La semana pasada, el joven visitó las oficinas en la calle Sarmiento a pedido de su agente: ya tenía una copia del APE de Hope Funds para su consideración. "Tenés hasta el viernes que viene para decidirte", le dijo la mujer, con una pretensión de amabilidad.

A puertas cerradas el joven inversor tuvo una advertencia: "A los que hacen juicio, Enrique -Blaksley- les va a pagar el Día de la Escarapela. Va a priorizar a los pequeños inversores que firmen los acuerdos". Se le aseguró que terminaría de cobrar sus 7.400 dólares, ni siquiera con un peso de ganancias con intereses, recién en 2019. La plata para el pago vendría de Verazul, el emprendimiento de Hope Funds en Pilar. Aquí hay una pequeña paradoja: el proyecto de country está frenado por la Justicia, investigado tanto por la jueza Arroyo Salgado como por el doctor Adrián González Charvay, magistrado federal de Campana.

El documento redactado por Hope Funds que recibió el joven incluye subtítulos como "reestructuración del pasivo", habla de "un Comité de Acreedores", de una "homologación del acuerdo" ante el juez competente y tiene un mecanismo que, tal como está redactado, representa una mordaza legal que favorece a la empresa. En el segundo capítulo, el cuarto punto asegura que "de no producirse la homologación por cualquier causa ajena a las partes" el acreedor no podrá pedir la quiebra de la empresa y "mantendrá su intención de contribuir a la superación de las dificultades económico-financieras" de Hope Funds. O sea, el que firma, si es que no se aprueba el acuerdo en Tribunales, no puede demandar comercialmente.

Los acuerdos APE tienen un marco jurídico, que es la Ley de Concursos y Quiebras. En el documento que la empresa de Enrique Blaksley entregó a sus acreedores, Hope Funds omitió un detalle muy interesante que la ley misma deja en claro. Aquí el término "homologación" cobra importancia. El APE se vuelve un hecho colectivo; para que un juez lo acepte, según el artículo 73 de la Ley 24.522, debe incluir a "las dos terceras partes del pasivo", la mayoría absoluta de los acreedores. Esto abre la puerta al mayor misterio alrededor del caso Hope Funds: cuánta plata debe y a cuántas personas, en un daño que se estima en cientos de millones según fuentes ligadas al expediente.

Por otra parte, la primera homologación lleva a que el acuerdo sea publicitado, por ejemplo, en un diario de circulación nacional. Si no hay objeciones, el acuerdo se vuelve universal para todos los acreedores, hayan firmado o no. Así, Hope Funds congelaría sus problemas al menos en el fuero comercial.

La trama de empresas es complicada: además de Hope Funds SA, otras 38 firmas del conglomerado de Blaksley fueron imputadas en la causa de Servini según información de la Cámara Federal. Entre ellas está la filial peruana de Hope Funds y Marketsite, una offshore en las Islas Vírgenes Británicas que se empleó para procesar contratos de ahorristas porteños y que figura en el escándalo de Mossack-Fonseca y los Panama Papers.

Por lo pronto, varios clientes tanto de Iezzi & Varone como de Romero Victorica y Altinier ya recibieron ofertas para firmar acuerdos extrajudiciales. El abogado Victor Varone apunta: "Nada nos gustaría más que Enrique Blaksley y sus laderos honraran sus compromisos y le pagaran a los damnificados, pero lamentablemente no vemos elementos que avalen la firma de los acuerdos. Por ejemplo nos preguntamos cómo pueden establecer que el acuerdo lo firma la mayoría de los acreedores, cuando no se sabe ni la cantidad de acreedores, ni el monto de lo adeudado por Hope Funds y todas sus empresas satélites y 'negocios colaterales' en empresas tanto aquí como en Uruguay, Bahamas, el Caribe. Por otra parte, nos cuestionamos con qué lo avala. Son más dudas que certezas, entendemos que es una manera de ganar tiempo y, como se dice en la calle, patear la pelota para adelante".

Un cheque

Ramiro Rúa, abogado penalista de Hope Funds, apunta a Infobae: "Nos presentamos en Comodoro Py para aclarar todas las situaciones y ver qué necesita la Justicia de la empresa. No hay estafa. Esto es como cuando se habla de corrida bancaria, se genera un rumor. Verazul tenía todos los planos perfectamente presentados. El año pasado la empresa pagó millones de dólares en deudas. Presenté también un escrito también para que no se perjudique más a la empresa". La última frase es de particular importancia; durante los últimos meses, a pesar de las acusaciones en su contra, Hope Funds no dejó de tomar dinero de ahorristas.

La falta de pagos de aportes a sus empleados, que comenzó en febrero del año pasado, fue una primera señal de su crisis que sigue hasta hoy. Otra señal para nada alentadora fue una serie de cheques rechazados que para noviembre último había llegado a 3,2 millones de pesos. Esa cifra no bajó en los últimos meses, sino que aumentó. En diciembre pasado, según datos del Banco Central, Hope Funds enfrentó el rechazo de cuatro cheques distintos de 290 mil pesos cada uno. El motivo: falta de fondos.

Un gran cheque es precisamente uno de los puntos más incómodos entre las nuevas acusaciones que enfrentan Blaksley y Hope Funds. El 31 de enero, el abogado Gonzalo Romero Victorica presentó un escrito ante la jueza Servini en donde requirió la "urgente adopción de medidas". Definió el esquema Hope Funds como una defraudación del estilo Ponzi basado en "una serie de sofisticadas maniobras delictivas" en donde Blaksley, básicamente, se hizo prestar dinero por sus inversores.

Romero Victorica objetó que Hope Funds pueda seguir operando en el mercado y que siga "disponiendo a su antojo del bagaje probatorio que se encuentra en sus poderes, desde datos financieros locales y del exterior hasta sensible documentación de variada índole". Hasta el momento, a pesar del inicio de la causa en noviembre, no hubo ningún allanamiento a la empresa: el abogado representante de damnificados señala el riesgo de que Hope Funds pueda destruir evidencia esencial. También, afirmó la posibilidad de que el empresario esté en Uruguay, con un avión privado disponible, lo que implica una obvia chance de fuga. La defensa del empresario, sin embargo, asegura que Blaksley se encuentra en la Argentina.

Casi al final de su presentación, el abogado señala: "Es vox populi en la City porteña que desde Hope Funds están tratando de descontar cheques en cuevas para eludir el accionar de la Justicia, burlando así las diferentes cautelares que le fueron oportunamente impuestas al grupo de sociedades. Entre ellos, se trata, por ejemplo, de un cheque de aproximadamente 16 millones de pesos", emitido por un poderoso grupo económico aliado a Hope Funds en el pasado.

La carta, que será acompañada con más requerimientos a cargo del estudio Iezzi & Varone, habría surtido efecto. Fuentes cercanas a la causa aseguran que el juzgado de Servini ya requirió las primeras acciones para el caso. También, que la AFIP misma habría pedido medidas cautelares sobre Hope Funds.