(Street View)
(Street View)

Fue un pequeño escándalo cuando ocurrió, policías deteniendo a policías. El lunes 12 de este mes, la división Antisecuestros de la PFA irrumpió en la Comisaría Nº12 de Caballito por orden del fiscal Carlos Rívolo y el juez Claudio Bonadío para arrestar a tres efectivos de Brigada de la dependencia. Uno era Gonzalo González, el jefe, con rango de inspector. Los otros dos, Antonio Ezequiel Vecchio y Carlos Arnaldo Molas, "El Paragua", ambos con rango de cabo primero.

No había trascendido demasiada información en aquel entonces: los detalles del expediente se mantenían con estricto secreto. Se supo que Bonadío y Rívolo buscaban a estos policías por su rol en un secuestro ocurrido en junio último que involucraba a miembros de la comunidad gitana. El testimonio de la víctima, G.A.M, un comerciante de la zona, fue determinante para ordenar los arrestos.

Lo cierto es que G.A.M había ampliado su declaración original ante la Justicia el mismo lunes 12 por la mañana en la Fiscalía Federal Nº2 a cargo de Rívolo. Todas las piezas encajaron en su discurso.

En Comodoro Py, G.A.M contó cómo el 26 de junio poco después de la medianoche fue interceptado por dos hombres en su domicilio sobre la avenida Directorio mientras manejaba una Ford Ecosport propiedad de su primo. Los hombres se identificaron como policías: lo subieron a punta de pistola a un Chevrolet Corsa color gris. En la camioneta Ford quedaron su hija y su propio primo, el dueño del vehículo. Verónica Sasma, la mujer de G.A.M, vio todo desde el balcón. "Son chorros, ¡chorros!", gritó. Hoy, toda esta escena se convierte en una ironía sumamente oscura.

De acuerdo a nueva información en la causa,  Rívolo pidió al juez Bonadío procesar a los policías González, Vecchio y Molas: los acusa de ser los autores materiales del secuestro del comerciante gitano, un delito agravado por su condición de funcionarios públicos. Pero el pedido no solo incluye a los tres efectivos de la Comisaría Nº12: Verónica Sasma, la mujer del comerciante, también está acusada por el hecho.

Para Rívolo, el secuestro fue un negocio espurio en conjunto: los efectivos de Brigada, incluido el jefe, habrían actuado en connivencia con Sasma. El fiscal federal los acusa luego de una larga investigación, en la que colaboró la Policía de la Ciudad, en ese entonces a cargo del comisario Guillermo Calviño y en la que aportó documentación esclarecedora la Dirección de Comisarías a cargo del nuevo jefe de la fuerza porteña, José Potocar. Las pruebas, hasta el momento, son tan convincentes como vergonzosas.

Rivolo determinó que no solo se usó el Chevrolet Corsa y el número de celular usualmente empleados por la Brigada en las negociaciones para el pago y la liberación. También, se registraron llamados entre la línea de los efectivos de Brigada y el teléfono de Verónica Sasma. Al declarar en Comodoro Py, G.A.M  aseguró que sus captores tenían placas policiales y que oyó una frecuencia propia de la fuerza durante todo su secuestro. En paralelo, el comerciante pudo reproducir con exactitud las calles que tomó el auto que lo llevaba secuestrado.

Tras oír esto, Rívolo requirió a la división Enlaces de la PFA que informe todos los equipos de comunicación usados por la Comisaría Nº12 en el radio del secuestro entre el 25 y el 26 de junio: el equipo denominado "R35", propio de Guardia Interna de la Comisaría Nº12, realizó un recorrido de acuerdo a datos de geolocalización que era idéntico al que el comerciante le relató al fiscal. Por otra parte, el fiscal también recibió el reporte de modulaciones hechas por el equipo: correspondieron al "jefe de Brigada".

La Brigada, de acuerdo a información de PFA, estaba integrada por los tres imputados al momento del secuestro: los tres, esa noche, dejaron asentado en el legajo que se encontraban patrullando "bares de la zona". Dos testimonios de policías de la Nº12 complicaron al trío en cuanto a su ubicación en la noche del 26 de junio. Las indagatorias de González, Vecchio y Molas, consideró Rívolo, fueron al menos endebles, contradichas con un mínimo chequeo.

De vuelta a Verónica Sasma, hubo varios puntos sospechosos que no favorecen a la mujer del comerciante. Para empezar, ella también estuvo secuestrada: su marido la encontró a bordo del vehículo bajo amenazas en un momento, en un giro casi bizarro de la noche del 26 de junio. Paradójicamente, le exigieron al comerciante 100 mil dólares por soltarla aunque fue liberada sin ningún pago.

El pedido del rescate fluctuó en valor durante la negociación. Pasó de 300 mil dólares a 17 mil, curiosamente, el número que G.A.M y su primo tenían rápidamente disponible. Sasma, aparentemente, sabía de la existencia de una parte de este dinero.

Hay un detalle final: G.A.M aseguró en su declaración que llevaba un reloj Rolex cuando fue secuestrado y que sus captores se lo quitaron. Sasma, al ser indagada, afirmó haberlo visto en una visita posterior a la Comisaría Nº12: lo tenía el cabo primero Molas en su muñeca.