La polémica por los cigarrillos electrónicos llegó a la Justicia

Los cigarrillos electrónicos ganaron un lugar de relevancia en los últimos tiempos. Principalmente, entre aquellos fumadores compulsivos, se lo consideró como una puerta de salida a una de los vicios más perjudiciales para la salud. Los conocidos como E-cigarrillos comparten un diseño básico: sus componentes esenciales incluyen un generador de aerosol, un sensor de flujo y una batería.

Si bien se cree que los cigarrillos electrónicos son menos dañinos que los tradicionales y por eso emergían como una solución para aquellos que no podían desistir del vicio, hay un informe realizado por el Centro Médico de la Universidad de Washington -publicado en The New England Journal of Medicine– que puso en el centro de la polémica a los dispositivos.

Y tiempo atrás, la Organización Mundial de la Salud (OMS) equiparó los riesgos de estos dispositivos electrónicos con el tabaco, pese a que las personas que los utilizan suponen lo contrario.

Más allá del debate científico, en la Argentina está prohibida la venta de estos dispositivos de acuerdo a diferentes disposiciones legales, pero hasta ahora ningún caso se había judicializado.

El juez federal Luis Rodríguez quedó a cargo de la causa número 42.478/16, en la que se investiga "la venta de 'cigarrillos electrónicos' en el comercio de Avenida Coronel Díaz 1989 (barrio de Recoleta), ya que su comercialización estaría prohibida expresamente por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) por cuanto resultarían peligrosos para la salud humana".

La investigación apunta a la presunta violación a las "normas sobre Contralor Técnico y Económica de los Medicamentos, Drogas y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana", revelaron fuentes judiciales.

La disposición 3226/11 del ANMAT define a los cigarrillos electrónicos como un dispositivo de forma similar al cigarrillo convencional, provistos de un mecanismo microelectrónico que vaporiza cartuchos que pueden contener cantidades variables de nicotina, aceites esenciales de tabaco, sustancias aromatizantes, propilenglicol, glicerol y otras.

"Siendo la nicotina una droga sumamente tóxica y con fuertes propiedades aditivas, el uso de esos dispensadores, además del potencial riesgo que representa para individuos con patologías cardiovasculares, puede inducir en nuevos usuarios una dependencia a la droga", explica la denuncia.

El expediente quedó radicado en la justicia federal porque "se investiga una posible adulteración o tráfico de medicamentos que no permite descartar la posible infracción tanto a la ley de marcas como a la de medicamentos".

El artículo 201 del Código Penal establece penas de tres a diez años y multa de hasta $200 mil para quien "vendiere, pusiere en venta, suministrare, distribuyere o almacenare con fines de comercialización aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo".