Caso Ezequiel Agrest: un fallo histórico reconoce más derechos a las víctimas

Diana Cohen y Gustavo Agrest serán escuchados por el tribunal antes de resolver cualquier pedido de liberación anticipada del homicida de su hijo. Es un hecho sin precedentes: Georgina Barbarrosa acaba de asistir, impotente, a la liberación del asesino de su esposo

Diana Cohen y Gustavo Agrest, durante el juicio contra el asesino de su hijo Ezequiel (Télam)
Diana Cohen y Gustavo Agrest, durante el juicio contra el asesino de su hijo Ezequiel (Télam)

Es un fallo histórico, resultado de una larga lucha.

Desde que su hijo Ezequiel, de 26 años, fue asesinado en una "entradera" en el barrio de Caballito en 2011, sus padres, Diana Cohen –fundadora de la organización Usina de Justicia– y Gustavo Agrest, no han cesado de batallar por justicia.

También hicieron un aprendizaje en carne propia: el de la soledad y el desamparo en el cual el Estado deja a las víctimas secundarias de la violencia.

Una constatación que se tradujo en múltiples iniciativas para cambiar esa realidad. El fallo que acaba de quedar firme es un primer resultado de ello.

El juez nacional de Ejecución Penal N° 4, Marcelo Peluzzi, hizo lugar al pedido formulado por los Cohen Agrest, con patrocinio de su abogado, César Mayer, de ser escuchados por el tribunal antes de que éste resuelva cualquier eventual pedido de libertad condicional, salidas transitorias, libertad anticipada o alguna medida de seguridad, formulado por el asesino de su hijo, quien se encuentra cumpliendo pena de prisión.

Ezequiel Agrest tenía 25 años cuando fue asesinado en ocasión de robo
Ezequiel Agrest tenía 25 años cuando fue asesinado en ocasión de robo

Diana y Gustavo Agrest sostuvieron ante el juez que el actual artículo 491 del Código Procesal Penal de la Nación, que prohíbe que la víctima sea siquiera oída en la etapa de cumplimiento de la pena de su agresor, "constituye una clara discriminación en perjuicio de las víctimas, que afecta la igualdad de tratamiento de las partes en el proceso penal".

Los padres de Ezequiel argumentaron en su solicitud que "el derecho constitucional a la defensa en juicio, que implica el derecho a intervenir y a ser oído en el proceso penal, no se agota con el dictado de la sentencia que impone una condena, sino que se extiende a la etapa de cumplimiento de la pena, que es el corolario del proceso penal".

Además, advirtieron que ese derecho es imprescindible para que la víctima pueda tomar conocimiento de cualquier trámite de liberación del condenado y adoptar los recaudos necesarios para prevenir cualquier represalia dirigida contra ellos mismos o su familia.

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El fallo del juez Peluzzi quedó firme al no ser objetado por el fiscal interviniente en el caso ni por la defensora oficial del condenado, Sebastián Pantano.

La Justicia reconoce de este modo el derecho de las víctimas de delitos a ser oídas en la etapa de ejecución de pena de sus victimarios. Demasiadas veces ha sucedido –como en el emblemático caso de Matías Bagnato– que la liberación anticipada de los condenados pone en peligro a las víctimas sobrevivientes y a sus familias.

Este es el primer pronunciamiento judicial que por fin reconoce a las víctimas en nuestro país un derecho que ya ha sido reconocido en el plano internacional por la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, a través de normas que garantizan a la víctima el acceso a todas las etapas del proceso penal, incluida la del cumplimiento de la pena impuesta a sus agresores.

En el último tiempo, el activismo de Diana Cohen Agrest y de su esposo, junto a otros familiares de víctimas de violencia delictiva, vial y de otros géneros, ha logrado empezar a cambiar un poco la dirección del viento, que en los últimos años inclinó a la justicia, no hacia el garantismo, sino hacia el abolicionismo judicial. En este contexto, se inscribe también la iniciativa del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires de promover una reforma del Código Procesal Penal para otorgarles a las víctimas el derecho a ser oídas a lo largo de todo el proceso y en la etapa de cumplimiento de pena.

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"Durante la última de las audiencias donde se juzgo al asesino de mi hijo, me contaron que un conjunto de madres habían organizado una cadena de oraciones por Ezequiel. En ese instante, sumida en mi congoja, advertí que la historia de Ezequiel era una entre miles. Me di cuenta de que mi tarea recién comenzaba. Espero que este fallo sea el precedente de muchos otros y que otras madres puedan esperar algo de justicia: que se transforme, replicado, en otras voces, en otras manos, en otras luchas", dijo Diana Cohen Agrest, al comentar esta novedad.

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