El Gobierno intenta contener la crisis, pero aumenta la preocupación por la inestabilidad en los mercados

Alberto Fernández intenta mantener estable su agenda oficial en medio de la crisis social y la inestabilidad política que atraviesa el Frente de Todos. El martes, después del anuncio de las primeras medidas económicas tras la salida de Martín Guzmán, le dedicó toda la tarde a la visita Evo Morales a la Casa Rosada y al PJ; ayer estuvo en un centro para la primera infancia en General Rodríguez; y hoy se dispone a visitar la fábrica de Honda en Campana. Sin embargo, las derivaciones de los problemas económicos se cuelan entre sus actividades programadas, mientras aumenta la preocupación en el Gobierno por las señales de intranquilidad de los mercados a partir del silencio del kirchnerismo; por la profundización del malestar de los movimientos sociales -tanto aquellos ligados a Cristina Kirchner como los que son afines a la Casa Rosada-; y la inminente difusión, prevista para esta tarde, de una nueva cifra desalentadora de inflación.

En los despachos de la Casa Rosada y ministerios afines esperaban con ansiedad, ayer por la tarde, conocer el adelanto de los números de julio, que serían publicados oficialmente al día siguiente por el INDEC. Pasadas las 18, cuando empezó a circular el rumor de que el IPC nuevamente superaría el 5 por ciento, el nivel de desazón por la crisis económica se acrecentó. Luego de tres semanas de progresivo desequilibrio, mientras el dólar blue volvía a subir a niveles récord tras el efímero alivio del día previo -ayer cerró en 285 pesos- y el riesgo país escalaba, empezó a intensificarse la desconfianza, inclusive entre los funcionarios propios, sobre la efectividad de las primeras medidas que había anunciado -hacía apenas tres días- la nueva ministra de Hacienda, Silvina Batakis, para tranquilizar a los mercados.

Al delicado escenario se sumó, también ayer, la agudización del malestar entre los sectores sociales y sindicales. Las organizaciones afines a Cristina Kirchner, como el MTE de Juan Grabois y la CTA de Hugo Yasky, habían anunciado entre el lunes y el martes asambleas y marchas en todo el país. Pero ayer se adhirieron, también, los movimientos vinculados a Alberto Fernández nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), de la que forman parte el Movimiento Evita y Barrios de Pie. Aunque alineadas con la Casa de Gobierno, venían dando señales de que evaluaban plegarse a las protestas que se estaban gestando, con estruendosos anuncios por distintas vías, en contra el “ajuste”. Pero en la Casa Rosada mantenían la ilusión de que no se plegarían a la ola de manifestaciones.

Para calmar las aguas, el Presidente los convocó, ayer por la tarde, a una reunión gestada sobre la hora con la excusa de discutir los allanamientos y persecuciones a militantes sociales opositores en Jujuy, donde gobierna el presidente de la UCR y uno de los líderes de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales. Más allá del motivo formal, Alberto Fernández buscó contener las demandas tras los anuncios de Batakis, criticados con vehemencia por líderes sociales propios y ajenos que denuncian que la flamante ministra “sólo le habló a los mercados, y no al pueblo”.

Desde la Presidencia se limitaron a informar que el encuentro había sido positivo y que se había discutido la situación en Jujuy. Pero soslayaron cualquier alusión a la incomodidad que expresaron de los dirigentes sociales por las medidas económicas. Por lo bajo, en Gobierno consideran que sus reclamos, en especial por el Salario Universal, son poco realistas. “No hay plata en la caja. Tenemos que hacernos cargo de los vencimientos que vienen y apenas podemos afrontar los gastos. Si emitimos más esos mismos sectores tarde o temprano van a terminar sufriendo las consecuencias”, dijo un dirigente de la órbita de Alberto Fernández, consciente, sin embargo, del dilema con el que lidian.

El malestar social se enmarca en un ambiente de tensión latente con el kirchnerismo, que continúa inmerso en un sugerente silencio tras el anuncio de Batakis. “No quieren quedar pegados a medidas que, lo saben, eran necesarias para frenar la corrida, y que dejan mal parados a cualquiera”, decodificó un funcionario albertista la reserva del sector mayoritario del Frente en el peor momento de la crisis hasta ahora. La cautela del Instituto Patria causaba escozor en la Casa Rosada, pero, al mismo tiempo, cierto alivio. En comparación con el permanente desgaste al que se vieron sometidos, el mutismo después de la “tregua” de la semana pasada entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner les parece el mejor panorama posible.

A pesar de las expresiones de preocupación en los despachos de los funcionarios de primeras líneas, en Balcarce 50 siguen sosteniendo, en público, que la actividad económica no se encuentra en un estado de gravedad. De hecho, la portavoz, Gabriela Cerruti, criticó a los medios por alarmar a la sociedad y evitar resaltar los datos positivos. Sin embargo, horas después, otra medida inesperada de Hacienda azuzó las especulaciones sobre el estado de urgencia. Por la noche, el Gobierno anunció que intensificará las restricciones cambiarias para el turismo al exterior y para los gastos en dólares, al elevar del 35% al 45% la retención impositiva para quienes hagan gastos en moneda extranjera con tarjeta de crédito.

A pesar de que en los despachos centrales de la Casa Rosada intentan mantener una agenda de normalidad y denuncian una campaña de desestabilización, las primeras y segundas líneas de los ministerios lidian, desde hace semanas, con persistentes llamados de nerviosos empresarios y productores de distinto peso que buscan ayuda, por donde sea, para destrabar problemas puntuales con importaciones, liquidaciones, compras y ventas; y de gobernadores e intendentes que se comunican o visitan a los funcionarios de mayor rango en busca de claridad sobre la frágil situación política y económica.

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