Tras los dichos de Alberto Fernández, qué proyecta hacer el Gobierno con Vicentin

En el seno del Gobierno sostienen que existe “una oportunidad”. Otros avanzan un poco más y señalan que se trata de “una necesidad”. Nuevamente la situación judicial que atraviesa la firma agroexportadora santafesina Vicentin se instaló en el centro de la discusión política tras las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre la idea del oficialismo de crear una empresa estatal que intervenga en el mercado de granos.

“El Banco Nación es un acreedor privilegiado y puede ser determinante de la quiebra o de la continuidad. Ahora, si somos garantes de la continuidad, entonces pondremos las condiciones para que sea posible”, expresó el jefe de Estado en una entrevista con el diario Página 12 este último domingo, un poco más de dos años después de que se decretara la intervención y la expropiación de la cerealera a principios de junio de 2020. Aunque el Gobierno dio marcha atrás aquella vez por el rechazo que ocasionó para su gestión la medida adoptada en plena pandemia de Covid-19 y anuló ese decreto, ahora la idea aparece revitalizada. “Hay un escenario más favorable que aquel”, aseveró el primer mandatario, en un contexto donde el precio de los alimentos resulta un factor clave dentro del proceso inflacionario que vive la Argentina.

La resolución que dictó hace unos pocos días la Corte Suprema de Santa Fe al solicitar el expediente de la convocatoria de acreedores en marcha que se tramitaba en el juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, a cargo de Fabián Lorenzini y que suspendió todo el proceso judicial, llevó al Presidente a impulsar esta iniciativa.

La estrategia parece tener una clara orientación. El Gobierno teme que el acuerdo que Vicentin intentaba cerrar con sus acreedores termine en “un fraude”, según afirman en la Casa Rosada. Se apoyan en que el Banco Nación es el principal acreedor de esa firma, ya que le reclama una deuda que orilla los 300 millones de dólares, del total de 1500 millones de esa moneda que debe la empresa. Allí podría aplicarse la propuesta de solución de la deuda hecha por los acreedores principales, que se denomina “cram down”.

El “cram down” es un mecanismo previsto en la Ley de Quiebras 24.522. Los acreedores o un tercero interesado pueden presentar una propuesta para tomar el control de la empresa concursada. Implica que la administración de la unidad productiva cambie de manos y que, a partir de allí, se deba llegar a un acuerdo con el resto de los acreedores.

Sobre el tema, el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, consideró: “Es imprescindible evitar el fraude. La propuesta de Vicentin implica convalidar el fraude y una quita del 80 por ciento en valor presente neto de los créditos que tiene el Banco Nación y un daño al patrimonio colectivo. Teniendo en cuenta que el Banco Nación es de toda la sociedad y, por lo tanto, convalidar esa alternativa es un atentado al patrimonio colectivo”.

“A partir de la decisión de la Corte Suprema Provincial, en la actualidad se abre una etapa -que probablemente sea la del cram down-, y en esta etapa se debe realizar una nueva propuesta que contemple los intereses de los distintos sectores, tanto público y privado. Esta instancia debe contemplar el funcionamiento a pleno de la compañía; que genere empleo y que además genere alternativas para la producción e incrementos en el valor agregado”, sostuvo Hecker.

La intención gubernamental ya generó resistencias de los dueños de la empresa (el directorio lo conforman Hernán Roberto y Cecilia Vicentin, Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Sergio y Gustavo Nardelli y los hijos de Alberto Padoán, Cristian y Máximo), representantes de algunas entidades rurales y las principales figuras de la oposición. “Vicentin no es ni puede ser una empresa testigo que ordene el mercado de granos, puesto que Vicentin es tan solo una (gran) empresa de molienda que transforma granos en aceite y harina. Su participación antes de la presentación en concurso nunca alcanzó el 15% del sector”, expresaron los dirigentes de la firma creada en 1937.

Y agregaron que “todas las explicaciones relativas a un hipotético cram down -imposibilitado por el apoyo mayoritario de los acreedores a la propuesta- sólo llevan a confusión a la audiencia no especializada, puesto que ninguna de ellas explica cómo se va a financiar la actividad de Vicentin, de dónde saldrán los 300 millones de dólares de capital de trabajo necesario para operar, cómo recuperarán sus acreencias los acreedores -todos, no solamente los granarios- y cómo se protegerán los 1.500 puestos de trabajo directos durante una aventura sin conducción ni capacidad financiera”.

El 30 de junio finalizaba el proceso concursal y, según el directorio de Vicentin, la propuesta de pago que se presentó a los acreedores a la fecha cuenta con el apoyo de más de 1.000 acreedores, y tiene posibilidades concretas de alcanzar la declaración de ´Existencia de Acuerdo´. “Esta propuesta, creíble, sustentable y autosuficiente, es la única alternativa concreta que permite a los acreedores de la Sociedad recuperar sus acreencias en los términos aceptados por las mayorías de ley”, explicaron.

Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agroindustria de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri, manifestó en CNN Radio: “El razonamiento del Presidente es falso, no se puede intervenir más en Vicentín. No tiene mucha lógica lo que dice, salvo que quieran armar otra caja de militantes. Ya sabemos que no funciona estatizar compañías”.

Y a estas críticas se sumó el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quien remarcó: “No hace falta ninguna empresa testigo porque el orden del mercado de granos se da con la simple fluidez de la oferta y la demanda. Como en todo el mundo hay que dejar que los actores de la cadena de granos trabajen sin políticas intervencionistas y sólo hace falta mirar, por ejemplo, que en mayo del año pasado estaban cerradas las exportaciones de carne y el precio no bajó, al contrario subió. Lo mismo pasó con el mercado de granos años atrás”.

Desde el oficialismo, Germán Martínez, presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos, apoyó este lunes en declaraciones a AM 750 la postura de Alberto Fernández: “Vicentin es una empresa importante y a través del Banco Nación se podría participar”. Y subrayó que “habida cuenta de que la Corte de Santa Fe pidió la quiebra de Vicentín, ahora se abre una nueva oportunidad”.

Por el momento, las opciones de un decreto, una resolución o el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional no figuran en los planes del Gobierno. Son conscientes de las dificultades para lograr la mayoría parlamentaria en Diputados (el oficialismo cuenta con solamente 118 legisladores, necesitan 129 para la mayoría) lo que incluso complicará la discusión de otro de los proyectos vinculados al sector agroexportador como es el de la Renta inesperada, que propicia el ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Yo estoy convencido de que lo que nosotros tenemos que garantizar es terminar con estos oligopolios, monopolios, y cuando estos sistemas existen, como el caso de las 7 u 8 cerealeras que existen en Argentina, si el Estado tuviera una cerealera que exporta, tendríamos posibilidades de intervención en favor del mercado, en favor de los argentinos. Pero eso no hay que hacerlo de cualquier modo”, aseguró Alberto Fernández.

El diputado provincial por Santa Fe, Carlos del Frade, del Frente Social y Popular, respalda la intención del oficialismo. “Es necesaria pagar la deuda interna que es cada vez más grande. No hay una oportunidad con Vicentin, hay una necesidad porque está en juego el control del Comercio Exterior. Hay que salvar a las 33 empresas que la forman y conservar el empleo de más de 5.000 personas. Y a través del Banco Nación como acreedor mayoritario se puede crear una empresa mixta que ayude a regular el mercado”, le dijo a Infobae.

El 9 de junio de 2020 el Gobierno Nacional, tras una iniciativa del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, había dispuesto la intervención y la expropiación de la empresa cerealera que tiene su sede en la ciudad de Avellaneda, en la provincia de Santa Fe. Nombró como interventor a Gabriel Delgado por 60 días. En ese momento se indicó que “ante la gravedad de la situación planteada, y conjuntamente con el dictado de la presente medida, el Gobierno ha dispuesto la remisión al Congreso de un proyecto de ley que propicia la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación a la sociedad Vicentin”.

En ese proyecto se proponía “la creación del Fondo Fiduciario Agro Argentina, cuyo fiduciante y beneficiario se propone que sea el Estado nacional y el fiduciario, YPF S. A”. Algo que quedó trunco antes de que se cumplieran los 60 días previstos para la intervención. ¿Qué pasará esta vez?

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