Luis Juez abrió una nuevo reclamo judicial para llegar al Consejo de la Magistratura

Después que la Cámara en lo contencioso administrativo federal confirmara el rechazo del amparo, y mientras espera que la definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre su per saltum, el senador nacional del PRO Luis Juez abrió una nueva instancia judicial -la tercera- en su pelea para llegar al Consejo de la Magistratura de la Nación.

Juez y Humberto Schiavoni -propuestos para consejero titular y suplente por el PRO- se presentaron ante el juez en lo contencioso administrativo federal Santiago Carrillo con un escrito en el que le solicitaron que los designen como integrantes del Consejo. Carillo es el magistrado a cargo de la ejecución del fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la composición de 13 miembros del organismo.

“La negativa de la Presidenta del Senado a cumplir con nuestra designación como Consejeros de la Magistratura constituye el incumplimiento de una obligación reglada, y en modo alguno puede considerarse una cuestión política no justiciable”, sostiene la presentación de los senadores a la que accedió Infobae.

Juez fue propuesto por el bloque del PRO para integrar el Consejo en representación de la segunda minoría parlamentaria del Senado. Pero días después el oficialismo dividió su bloque para que uno de ellos quede como segunda minoría. Así, Cristina Kirchner designó al senador Martín Doñate en el Consejo y mandó su nombre a la Corte Suprema.

Juez y Schiavoni presentaron un amparo en la justicia para que esa decisión de la vicepresidenta sea anulada y ellos designados. Explicaron que la división del bloque y la designación de Doñate fue extemporánea porque se hizo luego del vencimiento del fallo de la Corte que ordenaba una nueva integración de 20 miembros del Consejo, a la que se debía sumar un senador.

El amparo fue rechazado por el juez federal en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials y por la Cámara. En su resolución de ayer, la Cámara señaló que es una facultad del Congreso el armar y desarmar sus bloques según las afinidades políticas de sus integrantes y que esa no es una materia en la que pueda intervenir la justicia.

“Lo relacionado con el momento, y consistencia de las afinidades políticas necesarias y suficientes para conformar un nuevo bloque, constituyen cuestiones inherentes al funcionamiento interno de la Cámara, y responden a las reglas de la lógica política, puesto que de la propia dinámica parlamentaria resulta que los bloques conformados por los representantes elegidos por el voto popular se forman, se modifican, mutan, se transforman y se transfiguran; se integran y se desintegran; forman coaliciones entre ellos, de un modo temporal o permanente”, sostuvieron los camaristas Guillermo Treacy Jorge Alemany y Pablo Gallegos Fedriani en su resolución de nueve páginas.

Tras ese fallo, los senadores del PRO se presentaron hoy nuevamente. Lo hicieron ante el juez que ejecuta la integración del Consejo. Allí señalaron que no comparten los argumentos de la Cámara de que su reclamo no puede ser judicializado y se basaron en un fragmento de esa resolución para su nueva presentación.

Los legisladores señalaron que la Cámara sostuvo que sus designaciones como consejeros “atañen directamente a la interpretación del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y que el amparo que presentaron “no puede sustituir el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Así, fueron directamente a ese juez a renovar su reclamo.

“En este expediente nos presentamos en ejercicio de un derecho propio (resultante de la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación) para que V.S. (NdA: el juez) haga cumplir la referida sentencia y proteja nuestro derecho subjetivo afectado por la ilegítima acción de la Presidencia del Senado de la Nación al designar como miembro del Consejo de la Magistratura a quien, a la fecha en que la sentencia debía ser cumplida, no tenía derecho a ser nombrado, situación que resulta independiente del debate sobre la legalidad o ilegalidad de la división posterior del bloque del Frente de Todos”, le dijeron al magistrado Carrillo.

Además de esta nueva instancia judicial, Juez presentó un per saltum en la Corte Suprema para que intervenga en el caso porque “conlleva una notoria gravedad institucional”. Esa presentación fue tratada ayer por la Corte en su plenario de acuerdos pero no hubo una resolución.

No solo la designación del representante del Senado en el Consejo está judicializada. El mismo camino recorre la de Diputados. El presidente de la Cámara, Sergio Massa, designó a la legisladora de la UCR Roxana Reyes. Pero el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, la objetó. Presentó un amparo para que esa decisión sea declarada nula.

El juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick ya rechazó la medida cautelar pedida por Martínez. El magistrado debe resolver el amparo en sí. Ante el rechazo, Martínez apeló la decisión para que sea revisada por la Cámara Contencioso.

El Consejo de 20 miembros, presidido por el titular de la Corte Suprema Horacio Rosatti, tiene hoy 18. Resta que juren los representantes del Congreso, lo que está en disputa judicial. Pero en el Consejo, como dio cuenta Infobae el fin de semana, descartan que esos lugares serán ocupados por Doñate y Reyes. Solo resta que el máximo tribunal fije la fecha de jura.

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