Zannini defendió a Cristina y dijo que Jesús y sus discípulos también “sufrieron lawfare y fake news”

El procurador del Tesoro abrió un encuentro organizado por el Gobierno en la ex ESMA donde se planteó que las causas judiciales que enfrentan la vicepresidenta y los ex funcionarios fueron parte de una “persecución política”

Carlos Zannini defendió a Cristina Kirchner y dijo que Jesús y sus discípulos sufrieron "lawfare y fake news"

El Gobierno organizó en el Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, en la ex ESMA, el encuentro “El lawfare en América Latina”, donde se presentaron múltiples oradores y ponencias para plantear que las causas judiciales que enfrentan la vicepresidenta Cristina Kirchner y ex funcionarios se trataron, en realidad, de maniobras de “persecución política” ejecutada por el Poder Judicial y los medios de comunicación.

La apertura de las “Jornadas Internacionales Desafíos en el campo de los Derechos Humanos” estuvo a cargo de Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación; Martín Soria, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y de Carlos Zannini, Procurador del Tesoro de la Nación, mientras que Horacio Pietragalla Corti, Secretario de Derechos Humanos, tuvo a su cargo la moderación de las presentaciones.

El encuentro tuvo como invitado al ex presidente de Ecuador Rafael Correa, que tiene pedido de captura vigente de la justicia de su país, y generó un fuerte rechazo de parte de la Red de Entidades por la Justicia Independiente en Argentina (REJIA), que integran entre otros el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Usina de Justicia, FORES, CADAL, Justa Causa, entre otros. “Rechazamos en forma enérgica el nuevo ataque a la independencia de los jueces que intenta el Poder Ejecutivo, con la organización de la conferencia sobre “Lawfare” en Argentina y Latinoamérica”, advirtieron.

En ese contexto fue que el procurador -que ejerce la jefatura de los abogados del Estado- defendió a Cristina Kirchner y manifestó que las investigaciones judiciales tuvieron “el objetivo de proscribirla” porque, a su juicio, “es un peligro para los intereses concentrados, un peligro para la desigualdad, es un factor de unidad y de fortalecimiento de los derechos humanos. Como es Lula, como es Correa, como han sido los dirigentes que han perseguido en Latinoamérica”.

“Escucho por ahí algún compañero que dice que persecución como esta no hubo, las fake news parecen cosas nuevas y son viejas como el tiempo. Me vuelvo, me pongo evangélico y digo que persecución hubo siempre porque, leyendo a Mateo, el Evangelista, capítulo 28, versículo 11, se narra los sucesos ocurridos en torno al sepulcro de Jesús”, afirmó el funcionario y agregó: “Jesús se había pasado tres años diciendo que iba a resucitar. ¿Qué hizo el poder de turno? le puso una piedra en la puerta para que no robaran el cadáver, porque estaban sospechando que podía haber alguna treta”.

“Sin embargo, cuando los guardias descubren que la piedra está movida y que el cadáver no está, corren y van a ver primero a las autoridades judías, a las autoridades religiosas que reúnen al consejo de ancianos, deliberan, salen y les dicen: quédense tranquilos, ustedes digan que lo robaron los discípulos de Jesús, que nosotros vamos a hablar con Pilatos (...) termina diciendo Mateo, es desde entonces que esa falsa noticia circula por Israel. -continúa Zannini- Ahí están inventados el lawfare para los discípulos, y la fake news, respecto de qué pasó con el cadáver de Jesús, pero miren cómo les fue a aquellos consejeros y cómo le fue a Jesús”.

Por último, agrega: “No hay lawfare que pueda detener a los pueblos cuando los pueblos se convencen de que tienen que seguir un determinado camino. ¿El camino se hace más dificultoso? Sí y se pueden perder elecciones en el medio, se puede afectar reputaciones, se puede perder la confianza en algún dirigente. Lo que no se puede perder nunca es la confianza en las propias fuerzas”.

Zannini estuvo junto a Soria, Pietragalla, Peñafort, entre otros.
Zannini estuvo junto a Soria, Pietragalla, Peñafort, entre otros.

El programa de las Jornadas

En la convocatoria, la Secretaría de Derechos Humanos explica que “el lawfare se convirtió en una dinámica extendida durante el segundo mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015). En ese contexto, parte de la oposición, con el respaldo del aparato mediático concentrado, comenzó a utilizar el ámbito judicial como espacio privilegiado para difamar a adversarios/as políticos/as, centralmente mediante denuncias de supuestos hechos de corrupción y otras acusaciones de gran impacto en la opinión pública, y de ese modo condicionar la agenda política y el escenario electoral”.

“Durante el gobierno de la Alianza Cambiemos, entre fines de 2015 y diciembre de 2019, la estrategia de “guerra jurídica” se volvió una práctica sistemática. Su desarrollo fue entonces motivado desde el propio Poder Ejecutivo Nacional y descansó en un complejo entramado de relaciones que involucraron a funcionarios/as judiciales, medios de comunicación, figuras del empresariado y agentes de inteligencia. Sus manifestaciones fueron desde el hostigamiento a dirigentes políticos/as, ex funcionarios/as y líderes de organizaciones sociales y sindicales, hasta su encarcelamiento arbitrario. Estas iniciativas fueron motorizadas a partir de medidas concretas, como los traslados de jueces para constituir tribunales afines y la persecución a magistrados independientes, el espionaje ilegal y la extorsión contra empresarios y dirigentes opositores/as, la interferencia de los servicios de inteligencia en la Justicia Federal y el abuso de la figura del “arrepentido” para obtener falsos testimonios mediante mecanismos extorsivos”, agrega.

Duras críticas

La declaración de REJI cuestionó en un comunicado que, entre otros puntos, en las jornadas se aborde “Los efectos de la criminalización de la política”, mesa que será coordinada por el abogado Maximiliano Rusconi, actual defensor de Julio De Vido y ex defensor de Lázaro Baez y Diego Lagomarsino; y Marcos Aldazabal, defensor del viceministro de Justicia Juan Martín Mena; y el “Lawfare y la administración de Justicia”, mesa que será coordinada por la misma Cristina Caamaño y otras dos integrantes de Justicia Legítima.

“También habrá una charla destinada a tratar sobre la “Persecución judicial, garantías penales y opinión pública: un análisis sobre las causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner durante el periodo 2015-2019″. Y otros temas como la causa de dólar futuro contra Cristina Fernández de Kirchner; “Los medios hegemónicos y la causa AMIA: Instrumentos del lawfare” y otro sobre “La construcción de sentidos del diario La Nación en el caso de Amado Boudou”. Finalmente no faltarán charlas sobre el caso “Qunita”, la muerte del fiscal federal Alberto Nisman y otras causas en que la vicepresidenta de la Nación fue absuelta”, afirmaron.

“No cuestionamos el contenido en el marco de la libertad de opinión que todas las personas tienen, lo repudiable es que el Ministro de Justicia y la Interventora en la AFI, ambos funcionarios que dependen directamente del Presidente de la Nación, organicen un congreso para ejercer presión en las causas judiciales actualmente en trámite ante la Justicia Federal, que involucran a la vicepresidenta y otros funcionarios y ex funcionarios, con la participación de abogados de los imputados que actúan en esas mismas causas”, advirtieron.

REJIA resaltó que “el artículo 109 de la Constitución Nacional determina que en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. No obstante, el “congreso” mencionado revela el inocultable propósito del Poder Ejecutivo de inmiscuirse e incidir en dichas causas pendientes, en las que además son imputados miembros del gobierno, y así anoticiar a los jueces que las instruyen que cualquier acusación contra la ex presidenta y demás funcionarios sería “lawfare”, una rémora de los golpes militares, un “delito” de los jueces, un mecanismo de dominación imperial, un golpe de estado blando”.

Por último, expresaron el “apoyo a la independencia de los jueces y fiscales reivindicando las bases constitucionales que establecen la división de los poderes como pilar fundamental de nuestra República, y pedimos que cesen de inmediato estas intervenciones ilegítimas del gobierno de turno en las causas judiciales en trámite”.

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