Ciclo de entrevistas a los candidatos sobre seguridad: cierre y ausencias

Es la omisión de intentamos saldar desde la Asociación Civil Usina de Justicia, desde la cual, además de ocuparnos de políticas públicas, acompañamos a los familiares de las víctimas de homicidios y femicidios en hechos de inseguridad.

Incomprensiblemente, los candidatos que competirán en las elecciones de noviembre raramente son consultados por su plataforma de inseguridad, pese a que suele ser el problema mencionado en primer lugar en las encuestas ciudadanas.

Para suplir esa deficiencia, inmediatamente después de las PASO, invitamos a todos los candidatos a diputados nacionales en la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a participar de una breve entrevista -cada uno por separado- con el fin de realizar un cuestionario concreto en materia de inseguridad. Las preguntas se articularon en tres ejes: Víctimas, Fuerzas de Seguridad y Política Carcelaria.

Para colaborar en la difusión de sus proyectos, desde el mes de septiembre se fueron reproduciendo en Infobae las respuestas brindadas por los distintos candidatos a medida que se iban teniendo las entrevistas y/o sus respuestas por escrito.

Agradecemos haber contado con la participación y haber escuchado las propuestas de Ricardo Lopez Murphy, José Luis Espert y Carolina Píparo, María Eugenia Vidal, Cynthia Hotton, Florencio Randazzo y Diego Santilli.

Lamentamos profundamente la ausencia de Victoria Tolosa Paz, Nicolás Del Caño, Leandro Santoro, Myriam Bregman y Javier Milei. Ante el enorme incremento de inseguridad que estamos padeciendo en la Argentina necesitamos una agenda política muy seria en esta materia.

Pasadas las elecciones, esperamos poder dar a conocer lo que piensan estos candidatos sobre la principal preocupación de los porteños y los bonaerenses. Las respuestas serán una confirmación del genuino interés por la ciudadanía.

Seguidamente, hacemos un breve repaso de las respuestas de los candidatos. Para ello, seleccionamos una pregunta representativa de cada eje (Víctimas, Fuerzas de Seguridad, Política Carcelaria).

VÍCTIMAS

— La Ley 27.372 es una ley nacional de orden público que regula materia de Derechos Humanos. ¿Cuál es su mirada respecto a la difícil “readecuación” de la legislación procesal de cada provincia que menciona el art. 37 en miras a garantizar los derechos reconocidos por esta ley?

Ricardo López Murphy: Hay que exigir a las Provincias, con base en la Ley en los Tratados internacionales de DDHH, si se quiere ser pro-activos, presentando los proyectos pre elaborados para su impulso. Quizás, previamente, hay que identificar a los legisladores y/o Ministros/Gobernadores interesados en la temática.

José Luis Espert y Carolina Píparo: Es muy importante hacer llegar la voz ciudadana tanto a los políticos con cargos legislativos como ejecutivos. La realidad es que los proyectos en favor de las víctimas de delitos son difíciles de aprobar porque tenemos que deshacer años de ideología que dicen que el delincuente es víctima del sistema y es quien debe ser protegido cuando sabemos que las víctimas son quienes sufrieron daños que muchas veces son irreparables.

María Eugenia Vidal: Nada es difícil si hay voluntad y convicción de transformar las cosas que no están bien. Por eso la clave está en que haya una fuerte decisión política, como yo la tuve cuando, junto a mi equipo, trabajamos nuevas leyes procesales del nuevo Código que envié a la Legislatura. Porque ese Código fue especialmente diseñado para asegurar plenamente los derechos de las víctimas, pero sin disminuir las garantías de los imputados. Hay que seguir trabajando para desterrar ese grave error que supone que si la víctima opina, se lesionan las garantías del imputado.

Cynthia Hotton: La readecuación de las legislaciones provinciales no es óbice para impedir la total vigencia, tratamiento y puesta en funcionamiento de la Ley.

Florencio Randazzo: Estando involucrados Derechos Humanos reconocidos por Convenciones Internacionales de rango constitucional, resulta para las provincias un mandato de orden constitucional la readecuación de los códigos provinciales. Sin perjuicio de ello, el sistema Federal establecido en nuestra Constitución Nacional reserva expresamente a las provincias como facultad no delegada, exclusiva y excluyente, el dictado de las normas procesales. En tal sentido la respuesta es de tipo política, de trabajo con cada provincia.

Diego Santilli: Sin dudas hace falta decisión política para que las provincias cumplan con esa readecuación, sobre todo porque se trata de una ley que asiste a las víctimas y que regula los Derechos Humanos. Con convicción y firmeza se puede lograr. Lo hizo María Eugenia Vidal cuando envió a la Legislatura bonaerense una reforma del Código Procesal Penal enfocado en la víctima. Con el objetivo de resguardar los derechos de las víctimas y para que los delincuentes tengan penas más severas.

FUERZAS DE SEGURIDAD

— ¿Considera que hay que limitar o reforzar la participación de las fuerzas de seguridad?

López Murphy: La inseguridad en nuestro país, dado las múltiples causas de incremento de los índices delictivos, vuelve imprescindible la mayor presencia de las fuerzas de seguridad. No es sólo con fines disuasivos sino, para prevenir y detener tempranamente hechos delictivos. Sería importante que los grupos de calle o territorio reciban capacitación y motivación para el desempeño de sus tareas. Asimismo, que sean sometidos a estrictas reglas de integridad. Hay que reconstituir la relación de confianza del ciudadano y la policía.

Espert - Píparo: Por supuesto que hay que reforzarla y respaldarla. Es necesario más y mejor entrenamiento de las fuerzas de seguridad, pero también es necesario una política que no castigue a los policías que honran el uniforme.

Vidal: En primer lugar lo que hay que hacer y que hoy no se observa, es planificar. Sin diagnóstico ni planificación es muy difícil estimar la participación de las fuerzas de seguridad, porque básicamente no se puede ni siquiera conocer la dimensión real del problema. Nosotros estamos convencidos de que se debe organizar las fuerzas de forma inteligente y estratégica, en base a un trabajo previo con información estadística y confiable que se pueda obtener a través de un mapa del delito y otros indicadores empíricos que se obtengan del trabajo que realicen las fuerzas de seguridad. De esta manera, nos aseguramos que la participación de estas fuerzas sea la necesaria para hacer frente a la situación en cada distrito, sin derrochar recursos, y asegurando un trabajo eficiente contra el delito.

Hotton: Como se menciona la Inseguridad es la pandemia actual y los actores para atacarla y disminuirla son las FFSS, por tanto hay que reforzar la participación pero en forma coordinada y sin mezquindades, de las distintas fuerzas nacionales.

Randazzo: Por supuesto que hay que reforzar la participación de las mismas, con una correcta readecuación operativa y de coordinación entre las fuerzas federales y la de los distintos niveles de gobierno.

Santilli: En el combate contra la delincuencia y el crimen lo que hay que hacer es planificar y coordinar. Estoy convencido de que si los argentinos queremos vivir en paz y seguros, tenemos que respaldar a las fuerzas con el equipamiento, el salario y las condiciones laborales que necesitan. La inseguridad es uno de los mayores flagelos que sufren los bonaerenses. Para evitar que los delincuentes sigan lastimando a los trabajadores y a las familias, las fuerzas de seguridad tienen que estar en la calle, en las paradas de tren, de colectivo, patrullando los barrios. No puede ser que en la Provincia de Buenos Aires tengamos 15 mil policías haciendo tareas administrativas en comisarías. Esa tarea la tienen que cumplir los civiles. Al Estado y a cada uno de nosotros, los ciudadanos, nos cuesta mucho formar a un policía para que después no esté donde tiene que estar, que es en la calle. Para combatir la delincuencia también hace falta planificación y decisión política para ir a fondo.

POLÍTICA CARCELARIA

— ¿Qué opina de que los presos obtengan beneficios, lo que la ley de ejecución penal denomina “progresividad de la pena”?

López Murphy: Deben ser procesos más rigurosos, con verdadera participación de la Víctima y con derecho de impugnación. No sólo en delitos violentos o cometidos con el uso de armas, la opinión de la víctima es importante. Habría que analizar si la opinión de la víctima puede ser vinculante para la decisión que adopte el tribunal.

Espert - Píparo: Hay que ser muy claros sobre qué estamos hablando. Consideramos que hay delitos que no deben tener ningún tipo de beneficios y otros que podrían considerarse, a nosotros nos resulta fundamental que esté y permanezca en la cárcel toda persona que represente un riesgo para sí y para terceros, en este sentido nos resulta de suma importancia que ante cualquier beneficio existan informes favorables psicológicos, psiquiátricos y ambientales. Y esto tendrá otra ventaja ante el deficitario sistema carcelario y es que no ocupen plazas carcelarias aquellos individuos que hayan mostrado que podrían acceder a una morigeración como prisión domiciliaria sin ser un riesgo para la sociedad.

Vidal: Esos beneficios no pueden desvirtuar el sentido de la pena. Si la pena que fijan los jueces es la pena que se corresponde con la gravedad del delito, eso no puede quedar por completo desdibujado a través de beneficios que la tornen demasiado leve. Y es importante que las penas sean cumplidas. Las penas dependen de la ley nacional, por lo que como gobernadora no podía modificarlas. Pero en el nuevo Código Procesal Penal que envié a la Legislatura, también propuse un endurecimiento del régimen de excarcelaciones. Y estoy convencida que tenemos que trabajar por este camino desde el Congreso, para llevar estos conceptos y estos proyectos a nivel nacional.

Hotton: Los presos deben tener estos beneficios plasmados en la Ley de ejecución penal, siendo que la progresividad de la pena es un sistema que beneficia el esfuerzo bajo la atenta supervisión del Servicio Penitenciario. En la carta fundacional de nuestra República quedó plasmado que la finalidad es la resocialización y dar las herramientas para que se capaciten y tengan salidas laborales una vez agotada la condena. En este sentido se le debería dar mayor importancia a la capacitación en oficios como plomero, electricista, gasista, mecánico, carpintero, albañilería etc., otorgándole a estos oficios mayor puntuación.

Randazzo: Es indispensable que el sistema sea de tipo irlandés o progresivo. No es posible liberar a los detenidos si no han cursado su pena a lo largo de un trayecto predeterminado y susceptible de evaluación. Claro está que se debe ser muy riguroso en la evaluación del cumplimiento de las etapas y del eventual acceso a beneficios. Ello es el resultado de un trabajo que hace el ejecutivo a través del Servicio Penitenciario al producir los informes criminológicos y del poder judicial con los jueces que deben evaluar dichos informes y sopesarlos con la restante información que surge del expediente.

Santilli: En el Congreso yo voy a proponer endurecer las penas y terminar con los beneficios que permiten que los delincuentes salgan antes de tiempo. Un país seguro es aquel donde se detiene a los delincuentes, se los condena y la condena se cumple. Los argentinos y los bonaerenses queremos vivir en ese país. Basta de impunidad, basta de defender a los delincuentes y dejar solos a los trabajadores.

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