Después del primer encuentro, cómo sigue el enfrentamiento entre el Gobierno y los movimientos sociales más duros

“Si no hay respuestas concretas por parte del ministro Juan Zabaleta, volvemos a la calle a mediados de mes para reclamar por nuestros derechos. Trabajo genuino, que se abran los planes sociales, un plan de obras públicas, la urbanización de los barrios populares para reactivar la economía local a través de las cooperativas de trabajo y que el aumento del salario mínimo, vital y móvil alcance a la canasta básica. Nosotros no acordamos ninguna tregua con el ministro, en todo caso será un compás de espera en nuestro plan de lucha a la espera de respuestas urgentes. Nosotros no abandonamos las calles”.

La frase, enunciada ante Infobae, le pertenece a Eduardo Belliboni, el dirigente del Polo Obrero que ayer se reunió, junto a otros delegados del Frente Piquetero, con el ministro de Desarrollo Social para entregarle un petitorio con una serie de demandas, entre ellas, la creación de un millón de puestos de trabajo.

Desde el gobierno de Alberto Fernández afirman que en gran parte los reclamos de los movimientos sociales más duros “ya están implementados o en vía de desarrollarse”, y dan ejemplos, como la urbanización de los barrios populares y la creación de 2.500 nuevos puestos de trabajo por esas obras. Desde el otro extremo de la mesa, aseguran que eso no es suficiente y que a ellos no les han llegado esos beneficios.

Zabaleta busca una tregua con el Frente Piquetero para evitar cortes de calles y protestas a una semana de las elecciones PASO, previstas para el próximo domingo 12, y con el horizonte de las elecciones generales de medio término del 14 de noviembre. Las declaraciones del dirigente social no tranquilizan a la Casa Rosada, al contrario.

Desde Jefatura de Gabinete interpretan que los piqueteros más extremos volverán a ganar las calles más temprano que tarde, “porque ese es su negocio”. Desde el entorno del intendente de Hurlingham en uso de licencia recuerdan que entre los reclamos que escucharon en la reunión de ayer, el de la generación de puestos genuinos de trabajo a través de la urbanización barrial “ya se está ejecutando”.

Ese programa contempla obras y servicios para los 4.416 barrios populares que se encuentran ubicados a lo largo y lo ancho del país. La mayoría de esas villas y asentamientos se encuentran en la provincia de Buenos Aires (1783).

Esos trabajos se desarrollan a través de la Secretaría de Integración Socio Urbana, que está a cargo de Fernanda Miño, una militante social del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que tiene como máximo referente a Juan Grabois.

En esas viviendas, muchas de ellas muy precarias, habitan unos cinco millones de personas integradas en unas novecientas mil familias, según el último informe del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

El 69% de esas familias no tiene acceso formal a la electricidad; el 89% no tiene acceso formal al agua potable; el 98% no tiene acceso formal a la red cloacal y el 99% no tiene acceso formal a la red de gas natural. Además, la inmensa mayoría de ellas no es la titular dominial (con escritura) de su vivienda, según los datos oficiales de la Secretaría de Integración Socio Urbana.

El pedido del Frente Piquetero es que se acelere la urbanización de esos lugares para reactivar la economía de los municipios donde están asentadas y que esos puestos de trabajo sean ocupados por desempleados. En la reunión de ayer los referentes de ese espacio social se ofrecieron a entregarle al ministerio los nombres anotados en una “bolsa de trabajo” con más de cien mil personas de diferentes oficios.

El artículo 12 de la Ley 27.453/18 titulada “Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana”, exige que el 25% de la obra pública en los barrios populares debe ser adjudicadas a cooperativas y trabajadores de la economía popular.

Son cooperativas de trabajo que dependen, o son coordinadas por los organizaciones populares, como el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, Barrios de Pie o la Corriente Clasista y Combativa, entre otros.

En este punto surge el primer inconveniente: el Polo Obrero, no tiene cooperativas de trabajo. Es decir, que no son beneficiados con estos empleos. Belliboni lo explica así: “Nosotros no tenemos cooperativas, no estamos de acuerdo con esa modalidad, nosotros pedimos trabajo bajo convenio, por eso le presentamos al ministro nuestro proyecto para generar un millón de puestos de trabajo registrados”.

La secretaría a cargo de Miño cuenta con 703 proyectos de obras distribuidas en 22 provincias y alcanzan a un total de 705 barrios populares. Según pudo saber Infobae, 569 de estos proyectos se encuentran en formulación y 134 aprobados. De estos últimos, cinco ya fueron terminados, 69 están en ejecución y 60 próximos a iniciar.

Los datos oficiales del Ministerio a cargo de Zabaleta indican que la inversión total comprometida para este año en obras de urbanización de barrios populares asciende a $10.456 millones. Durante los primeros seis meses del año se había ejecutado el 52,28% del presupuesto y se generaron 2.500 nuevos puestos de trabajo.

El 88,6% del financiamiento de las obras provienen del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), lo que representa un monto de $9.787 millones de pesos. El porcentaje restante se financia con fondos federales y el préstamo internacional otorgado por el BID, representando respectivamente un 5,8% y un 5,6% del monto total.

De los proyectos aprobados, el 26,6% de la inversión se localiza en la provincia de Buenos Aires, el 21,9% en Chaco, el 14,4% en Córdoba, el 8,9% en Catamarca. El resto se distribuyen en 19 provincias.

Este medio pudo saber que para lo que resta del año, el Ministerio de Desarrollo Social proyecta firmar 291 nuevos convenios por un monto de $43.601 millones. Estas obras de integración se van a realizar en 329 barrios y van a beneficiar a unas 100.000 familias.

Durante el encuentro de ayer entre el Frente Piquetero y el ministro Zabaleta, los funcionarios les aseguraron a los dirigentes sociales que ya se firmó un acuerdo entre el gremio de la construcción (UOCRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) “para incorporar trabajadores desocupados con planes sociales, los cuales no perderán el plan y estarán bajo convenio”.

Esta iniciativa ya había sido anunciada por Zabaleta a mediados de agosto. “El desafío es transformar los planes sociales en trabajo”, dijo, y adelantó que “unos 250 mil beneficiarios” de estas prestaciones van a poder compatibilizar estas ayudas con acciones que realicen en actividades vinculadas a las cosechas.

“Los productores nos contaban que perdieron el 30% de la cosecha por no tener mano de obra. Se hizo un estudio y en ella hay unas 250 mil personas que son beneficiarios de planes sociales como Potenciar Trabajo o Asignación Universal por Hijo (AUH). Entonces, esas personas van a poder compatibilizar el plan social con el trabajo”, le aseguró Zabaleta a Infobae durante una recorrida en el partido bonaerense de San Martín en el cual se entregaba la ampliación de la Tarjeta Alimentar a nuevos beneficiarios por la ampliación de la edad de seis a catorce años.

“Nosotros no conocemos ese convenio. Pero de ser así, constituiría un subsidio para las patronales porque se le descontaría del salario. El Ministerio nos dice que no será así. No lo tenemos claro”, afirma, escéptico, Belliboni, y aclara que en caso de recuperarse puestos de trabajo “por la recuperación en el sector de la construcción que dice el ministro, apenas va a alcanzar para cubrir los puestos de trabajo que se perdieron los últimos años en la construcción”. “Con lo cual se recuperarían los puestos de trabajo perdidos por la UOCRA. No alcanzaría para incorporar a nadie más. Además, el gremio tiene la Libreta de Trabajo a esos efectos. Se trata de un anuncio más de campaña y nada más que eso, como los anunciados programas de ‘empalme’ que han quedado en la nada”, agrega.

El del sector rural es el primer caso testigo. En ese caso, se llegó a un acuerdo con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Los que realicen esa tarea seguirán percibiendo la AUH o el Potenciar Trabajo, y el resto del dinero lo completará el empleador hasta alcanzar el salario de convenio del sector.

Ayer, al finalizar la reunión, voceros del ministro Zabaleta aseguraron que, si bien existieron momentos de diálogo ameno y otros más tensos, “coincidimos en los ejes centrales: trabajo genuino, urbanización y Estado presente”. El ministro de Alberto Fernández se comprometió a estudiar el documento y dar una respuesta.

Belliboni ya le adelantó a este medio que si las propuestas ministeriales no son serias o se demoran, a más tardar a mediados se de este mes “intensificaremos las medidas de lucha y saldremos a la calle como siempre lo hicimos”.

En la carta dirigida a Zabaleta, los movimientos de izquierda, que representan a unas cuarenta organizaciones, sostuvieron, que “la política de planes sociales y asistencialismo creada por los gobiernos de los últimos años 20 años no consiguieron modificar la situación de pobreza, desocupación e indigencia en la que se encuentran millones de familias”.

El Frente Piquetero también propuso una “mesa Interministerial” conformada por las organizaciones sociales y el ministerio de Desarrollo Social, el ministerio de Trabajo, el ministerio de Obras Públicas, el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la secretaría de Intervención Socio Urbana, y el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Ese ámbito de trabajo ya había sido anunciado por Zabaleta, pero aún no fue implementada, un hecho que podría suceder en los próximos días.

Los dirigentes sociales no alineados con el Frente de Todos están convencidos que el funcionario llegó a la cartera de Desarrollo Social para realizar el ajuste que la Casa Rosada necesita ante el eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Zabaleta, en cambio, sostiene que el suyo es un ministerio de “puertas abiertas” y que no hace falta “cortar calles” para escuchar los reclamos y dialogar para resolver los conflictos.

Belliboni ya anunció que el Polo Obrero, acompañado por el resto de las organizaciones que realizaron una masiva marcha el pasado 18 de agosto, se movilizará al Ministerio de Trabajo, a cargo de Claudio Moroni, para reclamar que el aumento del salario mínimo, vital y móvil equipare a la canasta básica.

Como se ve, el primer encuentro entre las organizaciones sociales más duras y el gobierno sirvió, al menos, para conseguir “un compás de espera” en el plan de lucha que los piqueteros vienen desarrollando desde que el intendente de Hurlingham en uso de licencia reemplazó a Daniel Arroyo. ¿Por cuanto tiempo? Eso se verá en las próximas semanas, o días.

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