La Justicia habilitó a la Legislatura a debatir un proyecto para que se construyan torres en la Costanera Sur

El juez en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad Aurelio Ammirato rechazó nuevamente una medida cautelar pedida para evitar el tratamiento en la Legislatura porteña de un proyecto para urbanizar el predio de lo que alguna vez fue la Ciudad Deportiva de Boca Juniors.

El magistrado ratificó lo que había sostenido hace diez días cuando dejó sin efecto una cautelar que había dictado su colega Guillermo Scheibler y que paralizaba el tratamiento legislativo del proyecto.

La Legislatura porteña tratará hoy el proyecto para urbanizar —con viviendas, oficinas, comercios, hoteles y un parque— el predio, ubicado en la Costanera Sur, hoy propiedad de la empresa Irsa y en desuso hace más de 30 años.

El proyecto prevé modificaciones a la normativa vigente y permitirá cambiar los usos para la zona —actualmente solo está habilitada para cuestiones deportivas — y la altura de los edificios, que pasarán de un límite máximo de 12 metros a 98, según explicaron desde el gobierno porteño. Se contempla que puedan vivir en la zona unas 6.000 familias.

Al proyecto se oponen dirigentes del Frente de Todos porteño quienes hicieron una marcha para manifestarse en contra de la construcción en los terrenos. Ante la justicia se presentó la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y otras entidades que plantearon un amparo para que no se tratara el proyecto en la legislatura.

El 9 de agosto pasado ya se había expedido el juez del mismo modo que lo hizo hoy. Había dejado sin efecto la cautelar pedida por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y otras organizaciones sociales que se oponen al proyecto y concedida por el juez Schiebler. En aquella oportunidad Ammirato había considerado suficiente la documentación presentada por diversos organismos del gobierno porteño, que aprobaron el impacto ambiental del emprendimiento y ante el pedido de otras instancias de participación ciudadana antes del tratamiento legislativo, interpretó que esto sería “antifuncional e irrazonable”. Scheibler, cuando otorgó la cautela, en cambio, había advertido que según la normativa vigente, para la evaluación de impacto ambiental debe realizarse una audiencia pública para debatir de manera abierta a la comunidad

Los demandantes ampliaron la demanda y solicitaron una cautelar para suspender el debate del proyecto en la Legislatura porteña. El juez rechazó el pedido y no dictó una cautelar.

En la resolución el juez señaló que: “Además, aquí es necesario tener en consideración una circunstancia puntual, y ella es que –como ya fue señalado en este pronunciamiento – el procedimiento parlamentario no ha concluido sino que se halla en desarrollo. Y la parte actora no ha explicado por qué entiende que suspender ese procedimiento sería la única o la mejor manera de resguardar los derechos que aduce afectados; o bien, por qué razón el avance del trámite legislativo podría acrecentar el gravamen que invoca, en perjuicio de los derechos en cuya protección fue promovido el amparo”.

Ammirato agrego que: “Cabe mencionar que la potestad de la asamblea legislativa en el marco de la discusión y deliberación democrática abarcaría tanto la ponderación de la conveniencia política del convenio, como el control de los aspectos jurídicos, y entre éstos, tanto los sustantivos (ambientales en general y urbanísticos en particular) cuanto los de índole adjetiva (procedimiento que condujo a la firma en sede administrativa). Finalmente, el aspecto atinente a la participación ciudadana en el ámbito legislativo ya fue abordado por este estrado al analizar la medida cautelar solicitada al promover la demanda”. Y rechazó el pedido realizado por las organizaciones sociales.

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