“Vacunatorio VIP”: la Cámara Federal revisará el archivo parcial del caso

La Cámara Federal resolverá en los próximos días si confirma el archivo parcial de la causa por el llamado “Vacunatorio VIP”, que dispuso la jueza federal María Capuchetti al considerar que quienes recibieron la dosis sin que fuese su turno no cometieron delito pero sí un acto inmoral, o si acepta la apelación del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, para que esa decisión sea revocada y se siga la investigación. Fue el caso que sacó del cargo al ministro de Salud Ginés González García.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la Sala II de la Cámara recibió la causa y citó a audiencia para este jueves. Por ahora ninguna de las partes pidieron que la audiencia sea oral. A partir del jueves la Cámara tiene cinco días hábiles para resolver. La decisión estará a cargo de los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.

A principios de julio, La jueza Capuchetti dispuso que el archivo parcial de la causa por el “Vacunatorio VIP” respecto a 65 personas, entre ellas el periodista Horacio Verbitsky, el ex presidente Eduardo Duhalde y su esposa Hilda “Chiche” González, el procurador del Tesoro de la Nación Carlos Zannini, el canciller Felipe Solá y los legisladores nacionales Jorge Taiana (designado ayer ministro de Defensa de la Nación) y Eduardo Valdés, entre otros. Todos se vacunaron cuando las dosis estaban destinadas al personal de salud, entre diciembre y febrero pasado.

La magistrada señaló que en el Código Penal “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación” y que si bien los vacunados recibieron la dosis antes que otras personas estaban dentro de los grupos de la Resolución 2883/20 que establecía que podían ser inoculados de manera simultáneamente entre las diferentes. Esos grupos eran personal de salud, personas mayores de 60 años, los estratégicos, y entre 18 y 59 años con enfermedades expresamente definidas. De las 70 personas que se investigaron por las dosis del Hospital Posadas cinco no cumplían esos requisitos, entre ellas las hijas de Duhalde.

La jueza dijo que la actitud es reprochable pero no delito: “La indignación sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal. Existen situaciones que no son de nuestro agrado y que repudiamos fuertemente pero no pueden, por sí solas, hacernos dejar de lado los límites de la función que tenemos y, en lo que hace a los jueces, no deben ser suficientes para que dejemos de lado principios constitucionales que operan en materia penal”.

La causa sigue abierta en otros tramos, entre ellos, más casos del Hospital Posadas, vacunas enviadas a El Calafate y las dosis que recibieron los padres de Carla Vizzotti, quien reemplazó en el Ministerio de Salud a González García. Así, continúan bajo investigación el ex ministro; su ex jefe de gabinete y sobrino, Lisandro Bonelli; su secretario privado, Marcelo Cullé; y el ex funcionario de la cartera Alejandro Collia.

El fallo podía ser apelado por el fiscal de la causa, Eduardo Taiano. Pero no lo hizo porque compartió el criterio de Capuchetti. Quién sí lo hizo fue Rodríguez, como titular de la PIA.

El fiscal especial sostuvo que la vacunación para personas que no les correspondía podría significar una violación a varios derechos, entre al de igualdad, la no discriminación y el de la salud. “En el caso bajo análisis, aparecería esta vulneración al generar una desproporción en el acceso a un bien escaso y valioso que da como resultado un privilegio ilegítimo, y el consecuente trato discriminatorio respecto a todos aquellos que se ven excluidos por la conducta, directa o indirectamente. El acceso anticipado a la vacuna, sin respeto al procedimiento establecido para todos los ciudadanos/as, en función de la cercanía a ciertos funcionarios, amistades, familiares, afinidades políticas, y cualquier otro motivo por el que se hubiera llevado a cabo la conducta, violenta estos principios”, sostuvo en su escrito y destacó que muchos de los vacunos que fueron desvinculados del caso recibieron las dosis cuando todavía había personal de la salud que no había sido inoculado.

Para Rodríguez quedan medidas de prueba pendientes para realizar que permitirán profundizar la investigación y por eso apeló para sea reabierto el tramo de la investigación que fue cerrada.

El caso llegó a la Cámara Federal y el fiscal ante esa instancia, José Agüero Iturbe, mantuvo la apelación. El expediente quedó a cargo de la Sala II. El tribunal citó a una audiencia para este jueves. Pero hasta el momento ninguna de las partes pidió que esa audiencia sea presencial, que se transforma en virtual por la pandemia del coronavirus. Por lo que si no lo hacen en los próximos días no habrá audiencia.

Luego de ese paso, los camaristas Irurzun, Farah y Boico quedarán en condiciones de resolver. Para eso, el Código establece que tienen cinco días hábiles, por lo que si se cumple la semana que viene se conocerá si se ratifica que los que se vacunados no cometieron delito o si deben seguir siendo investigados.

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