El fiscal Guillermo Marijuán apeló el sobreseimiento de Victoria Donda por la denuncia de su empleada doméstica

La semana pasada el juez Sebastián Casanello había desafectado de la causa a la interventora del Inadi

Alberto Fernández y Victoria Donda
Alberto Fernández y Victoria Donda

El fiscal Guillermo Marijuán apeló hoy el sobreseimiento dictado por el juez Sebastián Casanello para Victoria Donda, interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). La funcionaria había sido desafectada de la causa en la que se investiga si ofreció solucionar un conflicto laboral con su empleada doméstica mediante el ofrecimiento de un cargo público o el otorgamiento de un plan social.

En diciembre pasado, Donda fue denunciada por Fernando Zarabozo, abogado de Arminda Banda Oxa, una mujer de 64 años que trabajó en la casa de la funcionaria durante 14 años. En la denuncia se señalaba que “Oxa había sido empleada de la ex Diputada desde el 1° de marzo de 2007, cumpliendo tareas domésticas en el domicilio de aquélla. Que, una vez iniciada la cuarentena dispuesta por el Poder Ejecutivo como consecuencia de la pandemia del Covid-19, Donda pretendió desvincular su relación laboral, intentando que aquella renunciara por su propia voluntad y de manera unilateral, ofreciéndole en dicha oportunidad, en caso de acceder a ello, a la percepción de un subsidio o de un cargo en el INADI, siendo que tales circunstancias la eximirían de pagar la indemnización correspondiente por despido injustificado”.

También se denunció que Donda registró a la empleada recién en 2014 a pesar de que la relación laboral había comenzado en 2007. Banda Oxa inició, por otra parte, una demanda laboral. La prueba del ofrecimiento de son audios enviados vía WhatsApp.

La investigación fue delegada por Casanello en la fiscalía de Marijuán, quien pidió la indagatoria de la funcionaria pública. Casanello rechazó el pedido del fiscal y resumió la investigación.

La semana pasada Casanello había sobreseído a Donda debido a que en ningún momento se había comenzado a ejecutar algún tipo de acto administrativo para un supuesto nombramiento de Banda Oxa en el Inadi. En la investigación realizada por el magistrado no se halló ningún indicio del ofrecimiento realizado en los audios que se viralizaron, ni siquiera actos preparatorios para una eventual contratación. Tampoco se hallaron pruebas de algún trámite en marcha para otorgar un plan social o un subsidio similar. El juez concluyó así que no se daban los supuestos de los dos delitos por los cuales Marijuán había pedido la indagatoria de Donda: negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad.

El fiscal apeló la decisión de Casanello y será la Cámara Federal la que decida si corresponde el sobreseimiento de Donda. El dictamen del fiscal, al que accedió Infobae a través de fuentes judiciales, señala que “ante el justo reclamo de Banda Oxa y al solo efecto de procurarse un beneficio propio al evitar que su empleada iniciara un juicio laboral por las sumas adeudadas, la imputada abusando de su condición de funcionaria pública y de una relación laboral en la que especialmente ocupaba un rol de mando, ofreció a su empleada, una mujer en situación vulnerable enmarcada no sólo en el contexto de los efectos de la pandemia, sino también en su condición económica apremiante, un cargo en el organismo que lidera o un plan social, que se supone gestionaría ante algún organismo de gobierno en el cual desempeña su labor, para evitar afrontar el pago de esa cuantiosa suma de dinero”.

Marijuán agregó: “En otras palabras, una funcionaria comprometida con la gestión pública, al frente de un organismo embanderado en el respeto de los derechos y garantías de todas las personas que habitan el país, se valió del poder del Estado para tratar de dar solución a su problema particular generado a partir de su mezquino comportamiento con la persona que para ella trabajaba de manera particular. Actitud reprochable si la hay, no sólo a la luz de la normativa que regula la actuación de un funcionario público, sino también desde una perspectiva jurídico penal”.

El fiscal concluyó que: “El accionar de la imputada se adecúa a las figuras penales señaladas y además de “indignación” por lo impropia e inmoral que resulta su conducta, habilitaría a que se activen los procedimientos previstos por la ley de ética pública y por las leyes laborales, a la luz de las cuales se tratarán los reclamos efectuados por la denunciante”.

Marijuán pidió que se revoque el sobreseimiento y se llame a indagatoria a Donde. Si la Cámara Federal revoca la decisión de Casanello intervendrá en la causa el juez Ariel Lijo quien quedó a cargo del juzgado federal 12 que está vacante y donde está radicado el expediente.


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