Dólar futuro: Casación rechazó un recurso de la fiscalía y ratificó el sobreseimiento de Cristina Kirchner y Axel Kicillof

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo del fiscal Raul Pleé contra la decisión tomada por ese tribunal cuando sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y otros acusados, en la causa conocida como “dólar futuro”. Los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña entendieron que no estaba justificada las razones de arbitrariedad a las que aludía el Ministerio Púbico.

La noticia no sorprendió en los tribunales de Retiro porque se descontaba que el recurso iba a ser rechazado. No obstante, a Pleé solo le resta intentar ir “en queja” ante la Corte Suprema para que el máximo tribunal evalúe si revierte la resolución o cierra definitivamente el caso.

“No encontrándose acreditados los requisitos de admisibilidad para la concesión del recurso excepcional –arts. 14 y 15 de la Ley 48- ni existiendo en la presente arbitrariedad o gravedad institucional que amerite habilitarlo, el recurso impetrado deviene improcedente”, dijo el fallo al que accedió Infobae firmado por los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación.

Todo se enmarca en la causa conocida como dólar futuro, la primera en la que se dictó el procesamiento de la entonces ex presidenta en mayo de 2016 y que estaba por ser llevada a juicio cuando un peritaje contable solicitado por las defensas planteó que no había existido perjuicio para el Estado.

En ese contexto, y después de una audiencia televisada en donde la hoy vicepresidenta habló del “lawfare” y acusó a los jueces de haber permitido el endeudamiento de la Argentina en tiempos de Mauricio Macri con el FMI, Casación resolvió que dictaba los sobreseimientos de todos los acusados por inexistencia de delito.

El fiscal de Casación Pleé apeló esa decisión. Habló de “un gravamen al Ministerio Público” porque el sobreseimiento “cierra definitivamente la posibilidad de cuestionar lo resuelto mediante una sentencia arbitraria y se frustra la pretensión acusatoria, sin considerar los argumentos formulados por el Ministerio Público sobre la relevancia de la interpretación de la norma federal en cuestión (el articulo 18 de la Carta Orgánica del Banco Central de la Republica Argentina) y sobre la consecuente necesidad de realizar el juicio para posibilitar una valoración completa de las probanzas de la causa”.

Y se quejó de la importancia que se le asignó al peritaje de la Corte Suprema de Justicia que había establecido que los balances del BCRA habían arrojado ganancias en 2015 y 2016 y por lo tanto no había producido existido un perjuicio al Estado: “Esto revela que, en verdad, la argumentación completa de la Cámara pretendió dar apariencia de legalidad a una solución arbitraria”.

Tras citar precedentes de la misma sala, el representante del Ministerio Público afirmó que en los casos anteriores nunca se tuvo en cuenta “un derecho del procesado a poner fin a la acción” y aseguró: “ello revela que la sentencia recurrida, en este punto, fue una aplicación de la mera voluntad de los jueces que se pretendió revestir de legitimidad. Así las cosas, esta decisión tiene fundamentación solo aparente, que se apoyó en una genérica afirmación que prescindió de las normas aplicables y que no fue acompañada por la expresa consideración de las circunstancias concretas de los acusados en la causa”.

Pero los jueces de Casación Figueroa, Barroetaveña y Petrone rechazaron el pedido del fiscal. “La parte recurrente ha basado su impugnación en la reedición de agravios que han tenido adecuada respuesta, y que consisten en meros juicios discrepantes con el criterio adoptado, lo que no implica de suyo acreditar relación directa e inmediata entre la materia del pleito y la cuestión federal que invoca (Fallos 295:335; 300:443; 302:561 y 303:2012, entre otros). De otro lado, el impugnante no ha introducido argumentos novedosos que puedan conmover los fundamentos desarrollados por esta Sala, que permitan la habilitación de la instancia extraordinaria”, dijo la resolución a la que accedió Infobae.

Ahora, a Pleé solo le queda recurrir en queja ante la Casación para llegar a la Corte Suprema de Justicia para que el máximo tribunal analice si admite o no una revisión de esta decisión. Recién si la Corte rechazara ese recurso extraordinario, la causa por la venta de dólar futuro estaría formalmente cerrada.

La Corte Suprema ya tiene numerosos recursos presentados sobre causas que afectan a la vicepresidenta: desde la causa de la obra pública, en donde la ex jefa de Estado está acusada de ser jefa de una asociación ilícita, hasta recursos por los expedientes de cuadernos, Los Sauces-Hotesur y el espionaje que nació en Lomas de Zamora -en donde, a diferencia de las otras causas, CFK es víctima y no acusada.

En la causa dólar futuro fueron sobreseídos Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli Long Biocca, Pedro Biscay, Sebastián Andrés Aguilera, Bárbara Domatto Conti, Mariano Beltrani, Juan Miguel Cuattromo, Miguel Ángel Pesce, Guillermo Mario Paván, David René Jacoby, Cristian Alexis Girard, Germán David Feldman, Alejandro Formento y Flavia Matilde Marrodán. Casación también dispuso remitir las actuaciones al Tribunal Oral para cesar las medidas cautelares. El fallo añade, como sucede en cada sobreseimiento: “Dejar a salvo el buen nombre y honor del que gozaren los nombrados en este proceso”.

El 4 de marzo pasado Cristina Kirchner les habló a los jueces desde su despacho del Senado. “El doctor (Carlos) Beraldi me dijo que pida el sobreseimiento. Yo no voy a pedir ningún sobreseimiento. ¿Sabe qué, Dr. Petrone? Yo le pido que apliquen la ley y la Constitución”, dijo la vicepresidenta luego de un alegato sin juicio en donde, casi en cadena nacional, habló de lawfare y del endeudamiento en la gestión macrista con el FMI. Allí acusó de cómplice al Poder Judicial por haber abierto esta causa.

“Esta es una causa que se armó al calor del proceso electoral (de 2015) y hace cinco años estamos en esta causa. Hay una pericia contable hecha por los peritos de su Corte, Petrone, que dice que no hubo perjuicio y yo sigo sentada acá. Y el otro (por el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger) está en Columbia dando clases, y el otro (por el ex presidente Mauricio Macri) mirando partidos en Qatar... ¿Y ustedes quieren convencerme a mí de que es un poder judicial en serio?”, protestó. “Llegaron al gobierno, devaluaron, usufructuaron la devaluación y los que estamos sentados y acusados acá somos nosotros, que somos los que desendeudamos al país y pagamos la deuda al FMI”, vociferó. “Minga al precio de dólar blue. El dólar cuando yo dejé el Gobierno estaba 9,74 pesos”, dijo. “Hicieron una devaluación catastrófica. Y ustedes, el Poder Judicial, son responsables de lo que pasó”, dijo entonces Cristina Kirchner.

Esta causa se abrió con una denuncia de un grupo de diputados del PRO y de la UCR cuando se estaba definiendo quién gobernaría en la Casa Rosada. Allí se sostuvo que entre agosto y noviembre de 2015, el Banco Central vendió contratos a “dólar futuro” a $10,6 y $10,8 por unidad al sector privado para liquidar entre febrero y junio-julio de 2016. Para esa época, el dólar “blue” se cotizaba a 16 pesos. Y el precio de mercado de esos contratos (en Nueva York y otras plazas) era de entre $14 y $15.

A criterio del juez Claudio Bonadio, el Banco Central llegó a tener por esta operatoria contratos abiertos en el ROFEX y el MAE a diciembre de 2015 casi 17 mil millones de dólares. En mayo de 2016, Bonadio procesó a Cristina Kirchner, Axel Kicillof –en su rol de ministro de Economía– y a los entonces responsables del Banco Central. En ese fallo aseguró que la autoridad monetaria reportó quebrantos para su patrimonio por más de 77 mil millones de pesos: la cifra exacta es $77.325.739.338,60. La Cámara Federal confirmó el fallo y la causa se elevó a juicio en mayo de 2017.

La imputación se basó en que “existió un acuerdo y coordinación de los más encumbrados funcionarios del Estado, quienes desde sus cargos arbitraron las medidas necesarias para la consecución de esta maniobra tendiente a defraudar al Estado Nacional”. De acuerdo a “las instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, las autoridades del B.C.R.A., con la necesaria intervención de la Comisión Nacional de Valores, vendieron en un breve período un importante volumen de contratos de dólar futuro a valores ficticios, obligando abusivamente a la entidad y, por consiguiente, a la sociedad como soberana de los bienes públicos”.

A raíz del pedido de la defensa de Pesce, a cargo de Andrea Casaux, hecho en 2017 y al que adhirieron otros imputados, el TOF 1 ordenó un estudio contable. Los analistas del Cuerpo de Peritos de la Corte Carlos Alberto Campodónico, Alejandro del Acebo y Stella Maris Castaño –junto a los peritos de parte– finalmente se reunieron, analizaron la documentación y contestaron, en 82 páginas, las 81 preguntas que confeccionó el tribunal. Allí se sostuvo que “las operaciones de liquidación de dólar futuro están informadas en los balances del BCRA al 31/12/2015 y 31/12/2016 y en dichos años los balances arrojaron ganancias por $147.116.885.000 en 2015 y $67.448.520.000”. La información, adelantada por Infobae, se conoció el 8 de agosto.

Frente a eso, las defensas de los ex responsables del BCRA pidieron el sobreseimiento al Tribunal Oral Federal 1. Los jueces Jose Michilini y Ricardo Basilico rechazaron el pedido. Dijeron que el fiscal mantenía la acusación en base a otras pruebas y que no todos los acusados lo habían solicitado. El juez Adrián Grumberg votó por cerrar el caso y se apartó porque no iba a cambiar su postura. Mientras fue sorteada la jueza María Gabriela López Iñiguez para intervenir en la causa, las defensas de CFK y Axel Kicillof apelaron a Casación que terminó definiendo sus sobreseimientos.

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