Los presos con domiciliaria se vacunan con orden judicial y sin custodia: el contador de Báez, el socio de Boudou y el “Madoff argentino”

“Los que tienen prisión domiciliaria solo necesitan sacar turno y una orden judicial”, explica un funcionario judicial que tuvo que firmar varias autorizaciones en las últimas semanas. Distinto es el caso de aquellos que consiguieron un turno pero están detenidos en las cárceles. Infobae reveló ayer que dependen de la logística del Servicio Penitenciario (del Federal y del Bonaerense) y en muchos casos terminan reclamando ante la Justicia para poder inocularse. Un tercer grupo, el más numeroso, espera su turno dentro de los penales. Por ahora, las dosis son escasas.

Entre los presos K, hay muy pocos que siguen con domiciliaria. El vicepresidente Amado Boudou y el empresario Lázaro Báez son los casos más destacados. Ambos todavía no recibieron la vacuna, según pudo saber este medio tras consultar a fuentes judiciales y de sus propios entornos.

“Lázaro está aislado, tiene muy poco contacto con terceros”, ratificó uno de sus abogados. Y agregó: “Es complejo el trámite desde el punto de vista administrativo porque tiene domicilio en Santa Cruz (y actualmente está en la provincia de Buenos Aires)”. Otra fuente de su familia consultada por este medio dijo que el empresario “ya pidió autorización” y ratificó que “tiene ganas de vacunarse” porque su historial médico incluye enfermedades coronarias, insuficiencia respiratoria y diabetes tipo 2, entre otras cosas.

La situación de Boudou es distinta. El ex vicepresidente consiguió el arresto domiciliario en abril de 2020 y ahora está enredado en una cadena de apelaciones para no volver a la cárcel. El tiempo sigue pasando, y muy pronto quedará en condiciones pedir la libertad condicional.

A fin del año pasado, la Corte Suprema dejó firme la condena en su contra por el caso Ciccone, en un fallo que molestó incluso al propio presidente Alberto Fernández según sus palabras. Agotadas las opciones en el país, su defensa decidió, en los últimos días, presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El qué sí se vacunó fue su socio, José María Nuñez Carmona. Esta semana recibió la primera dosis en Mar del Plata, donde cumple el arresto domiciliario. El empresario sacó un turno y fue por sus propios medios, pudo saber este medio.

En ese caso, la vacunación se demoró mas de la cuenta porque es un paciente de riesgo: tiene antecedentes como hipertensión arterial, enfermedad coronaria, dislipemia, tabaquismo, gastritis y obesidad. De hecho, fue uno de los argumentos que tuvo en cuenta la Justicia para darle la domiciliaria.

“En los que casos que tienen arresto domiciliario, el Servicio Penitenciario no interviene. Tiene que pedir autorización judicial y pueden ir a vacunarse por sus propios medios o acompañados por un familiar como garante”, explicó una fuente judicial.

Otro de los presos K que pidió permiso ante el Tribunal Oral Federal 4 es el contador Daniel Pérez Gadín, también con prisión domiciliaria por “la ruta del dinero K”. “Fue autorizado”, se limitaron a contestar en el TOF.

En una situación similar se encuentra Enrique Blaksley, ex jefe del grupo Hope Funds, y acusado de ser el líder de la mayor estafa de la historia argentina en donde ahorristas y pequeños inversores fueron defraudados en un presunto esquema Ponzi. Esta semana obtuvo autorización por parte del TOF 4, que está a cargo de su juicio.

Hace dos meses, Blaksley había recibido beneficio de la prisión domiciliaria luego de estar casi dos años encarcelado en el penal de Ezeiza.

La situación en las cárceles federales es muy distinta. Hasta el 18 de mayo se aplicaron apenas 356 dosis, según informó este viernes el Servicio Penitenciario Federal (SPF) ante un pedido de acceso a la información presentado por Infobae. Los nombres de los vacunados se mantienen en reserva. En el SPF argumentan que la difusión de los datos afectaría la “confidencialidad”.

¿Es correcto vacunar a los presos antes que a todos los penitenciarios? “Es un error sanitario, el preso no sale (de la cárcel), el que sale y entra es el penitenciario. Antes de ponerle la vacuna al preso, ponésela al penitenciario que es el que puede transmitir el virus”, opinó anoche Florencia Arietto, ex asesora del Ministerio de Seguridad, en el programa “Solo una vuelta más”.

¿Cuál es el criterio utilizado por el SPF? En principio se estaría privilegiando a los mayores de 70 años, y a todos aquellos que tiene comorbilidades. El dato no fue confirmado por las autoridades del SPF, pero surge de un expediente judicial, donde se debatió la vacunación para el represor Adolfo Miguel Donda, condenado a perpetua por los crímenes cometidos en la ESMA, donde nació Victoria Donda.

Donda es uno de los detenidos que lograron vacunarse afuera de la cárcel, con un turno que le tramitaron sus propios familiares. El proceso fue bastante complejo: el represor había conseguido un turno para el 1 de abril y obtuvo una autorización del Tribunal Oral Federal 5, pero el SPF no lo pudo trasladar y se perdió esa oportunidad. Las autoridades argumentaron que no tenían móviles disponibles. Entonces, el defensor oficial que representa a Donda tramitó un habeas corpus y logró que se concrete el traslado. Finalmente logró vacunarse en el Hipódromo de San Isidro el 24 de abril con la vacuna Covishield.

Entre los presos “famosos” que lograron vacunarse hasta ahora se destacan el ex secretario de Obras Públicas, José López, quien recibió la primera dosis de Sinopharm el 19 de mayo pasado, y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime (66), detenido en la cárcel de Ezeiza. “El 11 de mayo le dieron la primera dosis de la Sputnik V”, dijo una fuente judicial.

Pese a los reclamos al comienzo de la pandemia, en las cárceles del sistema federal no hubo brotes masivos durante la pandemia, aunque murieron 22 reclusos por coronavirus (17 en la Provincia, 1 en CABA, 1 en La Pampa, 3 en Salta) y hubo más de 700 casos confirmados.

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