El oficialismo repone a la Corte como principal enemigo, en línea con Cristina Kirchner y con el poder presidencial golpeado

El fallo del máximo tribunal da margen para la negociación entre el Gobierno y la Ciudad, cuya autonomía fue ratificada. Pero la reacción oficial fue de dureza. Y reaviva la ofensiva con el sello de CFK sobre la Justicia. No esconde sino que expone aún más el estado de la interna

Alberto Fernández al tomarle juramento a Martín Soria. El cambio en el ministerio de Justicia fue parte del giro duro del Gobierno
Alberto Fernández al tomarle juramento a Martín Soria. El cambio en el ministerio de Justicia fue parte del giro duro del Gobierno

El fallo de la Corte Suprema ratificando la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires era tan cantado como la reacción inmediata del oficialismo. En estos días de espera y tensión, sólo hubo en el tablero político una movida sorpresiva, ajena a las pulseadas por las restricciones frente al coronavirus que protagonizan centralmente el Gobierno, la Capital y la provincia de Buenos Aires. Ese nuevo elemento fue doméstico y áspero: el freno del kirchnerismo duro al despido –avalado por Olivos- de un funcionario de tercera línea. La respuesta a la Corte, entonces, tuvo un sentido funcional también para tratar de mostrar reacción interna unificada. En síntesis: una batalla compartida en el terreno impuesto de entrada por Cristina Fernández de Kirchner y con el poder presidencial golpeado.

La resolución de la Corte, con varias señales potentes, deja formalmente una zona gris porque refiere al penúltimo decreto de Alberto Fernández. Se encargó de destacarlo anoche mismo el comunicado oficial de respuesta al máximo escalón de la Justicia, al afirmar que el nuevo DNU está vigente. Se trata de una mirada parcial, que parecería desconocer la profundidad del conflicto político e institucional planteado. La retomada idea de que todo puede ser saldado con una ley dice y esconde algo al mismo tiempo: reconoce el problema de los decretos aunque oculta la dificultad para un aval sustancial si el trámite del proyecto es dominado por códigos de batalla con la oposición en general y no sólo con Horacio Rodríguez Larreta.

En otras palabras, una ley sobre las atribuciones del Presidente frente a un cuadro sanitario grave demandaría una seria negociación si lo que se pretende es un fuerte consenso político. Al revés, el conflicto seguiría abierto y hasta podría profundizarse si el oficialismo busca imponer su proyecto –por ahora desconocido más allá del título- únicamente con voto propio, que en el caso de Diputados demandaría asegurar un puñado de aliados.

Sin estas consideraciones, la Corte dio un mensaje nutrido de definiciones significativas. Una de ellas fue, desde el plano jurídico, el señalamiento de la necesidad de acuerdos entre el Gobierno nacional y los gobiernos locales en la materia abordada. Dicho de otra manera, el juego federal aún con distorsiones históricas demanda compromisos mínimos entre oficialismo y oposición, sobre todo bajo las condiciones de la pandemia.

La decisión de la Corte sumó los votos de cuatro de sus miembros. Elena Highton se abstuvo desde el inicio, con el argumento de una cuestión de competencia. Todos dejaron pinceladas propias. Carlos Rosenkrantz con el resumen que indica que la emergencia “no es una franquicia para ignorar el derecho vigente”. Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, ex constituyentes, con una fuerte advertencia sobre el “debido resguardo del federalismo constitucional”. Y Ricardo Lorenzetti, destacando que el Estado no puede desplazar a las personas “en las decisiones correspondientes a su esfera individual”, una definición que trasciende incluso la naturaleza de este caso.

Federico Basualdo, el subsecretario que quedó en el centro de una nueva disputa interna en el ofcialismo
Federico Basualdo, el subsecretario que quedó en el centro de una nueva disputa interna en el ofcialismo

Junto con el aval ratificado a la autonomía de la Ciudad y al contrapeso del federalismo frente al poder central –tema de equilibrios difíciles cuando no negados por el fuerte presidencialismo-, tal vez el mayor mensaje a ser decodificado en términos políticos fue el que destaca la necesidad de resolver la cuestión educativa en el marco de las competencias concurrentes entre la Nación y los distritos. Es decir: acordar sin violentar los derechos vigentes.

La reacción del oficialismo podría haber sido crítica, pero incluso como paraguas para volver a las negociaciones y no para tensar la cuerda. Sin embargo, fue dura, descalificadora y extrema, esto último en la versión CFK. La ex presidente sostuvo que la decisión judicial constituye un “golpe contra las instituciones democráticas”, un giro en la línea de las viejas embestidas contra los “poderes destituyentes” y, otra vez, la agitación del cuestionamiento a la Justicia porque no es fruto directo del voto como los otros dos poderes, como si el Ejecutivo y el Legislativo no tuvieron peso directo en la designación de jueces. Nada sobre la idea de “contrapoder” que esgrimía hace años Alberto Fernández.

El Presidente también fue a la carga. Habló de “decrepitud” en obvia referencia al fallo e incluso tuvo alguna frase desafiante con la decisión de “hacer lo que debemos” más allá de lo que diga la Justicia. El posterior comunicado argumentó el riesgo sanitario para señalar que el actual DNU no ha sido cuestionado judicialmente. Algo así como el rigor formal adjudicado por el Gobierno a la Corte.

Desde que asumió y con mayor cuidado desde un poco antes, Alberto Fernández fue endureciendo su discurso en el plano judicial. Y avaló las ofensivas impulsadas por el kirchnerismo duro para frenar y revertir las causas por corrupción, antes que otras discutibles como la del dólar futuro. Esa dinámica terminó por forzar la salida de la ministra Marcela Losardo. Fue reemplazada por Martín Soria y se mantuvo toda la línea que había complicado o jugado en contra de la funcionaria. El ministro que ahora insinúa la teoría del “golpe blando” ya colocó como primer objetivo la ofensiva sobre la estructura de los fiscales.

Ese había sido seguramente el avance más fuerte sobre la centralidad del Presidente. Hasta ahora. El freno al despido del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, resulta la operación de esmerilamiento más grave desde la asunción del Presidente. Dejó en mala posición además a Martín Guzmán, porque jugó fuerte en cuanto al cargo y a la política tarifaria. Genera incertidumbre hacia fuera, en la complicada negociación con el FMI y en la percepción del mundo económico.

El Gobierno decidió tratar de enfriar el tema y esperar un mejor momento ya no para echar a Basualdo sino al menos para correrlo. Axel Kicillof se encargó expresamente de advertir que se trata de una cuestión mayor para el kirchnerismo duro: no parece tolerable que, al final del camino, todo sea leído como una derrota de la ex presidente.

La resolución de la Corte sobre la autonomía de la Ciudad y las clases presenciales termina siendo formalizada en un clima muy diferente al del origen del conflicto. Remite a un capítulo atrás en materia de DNU, pero se produce en un paño modificado dramáticamente por la disputa en el interior del oficialismo. Muchas cosas ocurren en el país en apenas un par de semanas.

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