A pesar de que manifestantes cortaron la Panamericana durante tres horas, la Justicia no dio la orden de desalojar

El corte en la autopista Panamericana y la Ruta 197 comenzó a las 11.20 y recién se levantó pasadas las 14. Cientos de militantes del Polo Obrero bloquearon la mano a Capital de manera completa generando un caos de tránsito, algo que no ocurría hace mucho tiempo. Durante tres horas, la Justicia federal no dio la orden de desalojar.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación dijeron a Infobae que la Gendarmería hizo una consulta con el juzgado federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado pero subrogado por Lino Mirabelli, el otro juez de ese distrito. La Justicia ordenó mantener el operativo de tránsito y contener a los manifestantes.

Pasadas las 14, los responsables del operativo lograron convencer a los manifestantes para que se bajaran de la Panamericana.

Mientras la autopista estaba bloqueada, la ministra de Seguridad Sabina Frederic estaba reunida con los jefes de las fuerzas de seguridad federales para organizar los nuevos controles.

Los cortes sobre la Panamericana eran moneda corriente en el segundo gobierno de Cristina Kirchner. En ese entonces, el secretario de Seguridad de la Nación era Sergio Berni, actual ministro de la Provincia. En agosto de 2012, Berni se puso al frente de la represión a un grupo de activistas del Polo Obrero que realizaban un piquete a la altura de Pacheco. Ese día hubo un total de 60 detenidos. “Los jueces contravencionales no quieren tomar la decisión de desalojar, siempre dilatan la cuestión pidiendo una identificación y otras cosas, y siempre tardan demasiado. Las decisiones hay que tomarlas rápidamente”, se quejaba el funcionario.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich dio la orden a las fuerzas de seguridad federales de no permitir cortes totales sobre las autopistas e ingresos a la Ciudad.

En el caso del microcentro porteño, los militantes del Polo Obrero cortaron las dos manos de la avenida 9 de Julio -incluidos los carriles del Metrobus- para reclamar frente al Ministerio de Desarrollo Social puestos de trabajo e incrementos en los montos de los sueldos más bajos. Luego marcharon hasta el ministerio de Trabajo.

En la Fiscalía General de la Ciudad dijeron ante este medio que no recibieron ninguna consulta de la Policía. “Se debería haber intervenido en las estaciones de trenes de la provincia de Buenos Aires, cuando los militantes se suben a los trenes, ya que la mayoría viene de esa manera, o sino frenarlos en los ingresos a la Ciudad”, se quejó un funcionario de la Ciudad.

Según esa misma fuente, la Justicia debería identificar a las organizaciones que realizan los cortes e impulsar causas por los artículos 202 y 205 del Código Penal. Este último determina que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

En cambio, el artículo 202 implica una pena de 3 a 15 años, se aplica “al que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”. Se utilizó, por ejemplo, en el caso del joven que abordó un barco de Buquebus al comienzo de la cuarentena.

Una de los pocos funcionarios que hablaron fue Diego Santilli, vicejefe de Gobierno de la Ciudad y responsable de la Seguridad porteña. “(La protesta) atenta contra el decreto que va a emitir el Presidente, son imágenes no deseadas, que no tenemos que tener, miles de personas que vienen en tren desde Constitución o desde Retiro, en contra de la no aglomeración de personas”, dijo en declaraciones televisivas. Más tarde expresó su visión en redes sociales.

Seguir leyendo