Preocupación en la CGT por el efecto en la economía de las nuevas restricciones: pedirán una audiencia con Alberto Fernández

La Confederación General del Trabajo (CGT) está muy preocupada por las consecuencias que tendrán las nuevas restricciones en la economía y por eso quiere ver a Alberto Fernández para analizar medidas que atenúen los daños colaterales de la segunda ola para los trabajadores.

Durante un encuentro que mantuvo este martes en la sede de UPCN, luego de largas semanas de inactividad, la mesa chica de la CGT compartió sus temores por los anuncios que prepara el Gobierno para frenar el aumento de los contagios: los dirigentes respaldaron la estrategia sanitaria, pero coincidieron en la necesidad de preservar la actividad productiva, con los protocolos adecuados.

Para los sindicalistas, si hay fuertes restricciones que afectarán a la economía deberían volver a instrumentarse programas de ayuda como el ATP y el IFE, que se aplicaron durante la etapa más restrictiva de la cuarentena obligatoria y que finalizaron en diciembre pasado.

Pero la CGT también piensa plantearle una vez más a Alberto Fernández la falta de solución a la profunda crisis de las obras sociales, que sobreviven en plena pandemia con sus gastos en alza, un déficit mensual que crece de manera constante y crónicos problemas de financiamiento.

Como anticipó Infobae, los números que se manejan en la central obrera sobre las obras sociales son preocupantes: el Fondo Solidario de Redistribución (FDS), el corazón del sistema, que se nutre del aporte mensual de trabajadores y contribuciones patronales para financiar los reintegros de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos costosos, recaudó en 2020 unos $64.000 millones, pero, en el mismo período, gastó $79.000 millones para pagar subsidios y reintegros.

El déficit del FSD ascendió a más de $15.000 millones en 2020, con egresos que superan a los ingresos en un 20% (una situación que se repite desde 2017), y para este año se estima que será de $20.000 millones, e incluso podría ser finalmente de $31.000 millones si el Gobierno concreta un aumento del 30% para las prestaciones por discapacidad, que tienen una alta incidencia en el gasto total (y elevaría el déficit mensual de $1.500 millones a $2.600 millones).

Pese a este cuadro tan crítico, la CGT no logró todavía una audiencia con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien asumió el 20 de febrero en reemplazo de Ginés González García, con quien los sindicalistas tenían una relación tirante, pero que era un interlocutor para hablar de estos temas.

La titular de Salud, en cambio, recibió hace unos 20 días a los líderes del gremio de Sanidad, Héctor Daer, cotitular de la CGT, y Carlos West Ocampo, aunque los dirigentes aclararon a sus colegas cegetistas que la reunión fue solamente para hablar sobre los problemas de su obra social.

Más allá de la preocupación por la segunda ola, los sindicalistas también decidieron pedirle a su cuerpo de abogados que analizaran la realización del congreso de la CGT para septiembre u octubre próximo. Con mandatos vencidos en agosto de 2020, y prorrogados desde entonces y hasta el año que viene por una resolución del Gobierno, los integrantes de la cúpula cegetista piensan que la renovación de la central obrera puede ser clave para recuperar poder e incidencia política.

Hoy, a la CGT le cuesta llegar a muchos despachos oficiales y ser tomada en cuenta para medidas socioeconómicas y laborales. Incluso en las pocas ocasiones en que el Gobierno le dio participación todo terminó en una suerte de escenificación de escasos resultados concretos, como en el caso de las convocatorias al acuerdo de precios y salarios y al Consejo Económico y Social.

La mesa chica cegetista planea convocar a un plenario de secretarios generales por videoconferencia para analizar la delicada situación socioeconómica y obtener consenso para la normalización de la central obrera, en donde se sigue pensando en elegir una conducción colegiada de cuatro miembros para permitir que convivan representantes de los distintos sectores sindicales.

Participaron de la reunión de este martes los dos cotitulares de la CGT, Daer y Carlos Acuña (estaciones de servicio), además de Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Armanco Cavalieri (Comercio), Antonio Caló (UOM), Jorge Sola (Seguro), Sergio Romero (UDA), Carlos Frigerio (cerveceros) y Víctor Santa María (encargados de edificios).

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